A cinco meses de la primera querella asociada al Caso Sartor, las indagatorias por las distintas aristas penales se encuentran en marcha.
Conocedores de la causa aseguraron que, a diferencia de los escándalos que han involucrado a la industria de fondos, hoy se investiga el complejo modelo de negocios de una gestora, en especial, sus operaciones de deuda privada.
Conocedores de la investigación sostuvieron a DF que, por ahora, la recopilación de antecedentes la está llevando a cabo un grupo creado para el seguimiento del caso de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones (PDI), mandatados por el Ministerio Público.
Parte de las diligencias se han centrado en la compilación de información financiera de las distintas aristas del caso principal: las inversiones de la intervenida Sartor AGF y sus repercusiones. Además, ya habría tomado las declaraciones iniciales a un grupo de testigos.
Por este carril corre la acción que inició la causa penal con la querella de Credicorp por administración desleal. Más tarde se sumó la de un grupo de clientes de Sartor, quienes presentaron una querella contra los exdirectivos y socios por posible esquema defraudatorio.
Por el lado financiero, la Fiscalía también acumuló a la causa la querella de poco menos de una docena de exinversionistas de eCapital por presunta estafa.
Las diligencias quedaron a cargo del perceptor adjunto de la Fiscalía de Alta Complejidad, Juan Pablo Araya.
Causa compleja
En el marco de las indagatorias comandadas por la Bridec, la unidad habría requerido antecedentes a la intervenida Sartor AGF, hoy bajo el timón del liquidador Ricardo Budinich.
Quienes siguen de cerca la causa aseguraron que, a diferencia de los recientes escándalos financieros que han involucrado a la industria de fondos -como el Caso Factop, que incluyó inversiones de vehículos en facturas que resultaron ser falsas o la arista de Capital Estructurado I de LarrainVial-, este presentaría una mayor dificultad.
Lo anterior, ya que se investiga el modelo de negocios completo de una gestora, con complejas operaciones de deuda privada al interior de los fondos.
Para ello, los involucrados en la causa siguen de cerca las labores de las consultoras PwC y Deloitte, las elegidas por la intervenida Sartor AGF para valorizar las carteras de los fondos y sus cuestionadas inversiones.
Además, las indagatorias incluyen a la arista de la fallida Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) por el 100% de la concesionaria de la Universidad de Chile, Azul Azul, por parte de Michael Clark, ya que los segundos principales accionistas de la compañía, la familia Schapira, se querellaron por fraude.
La entrampada avanzada de Larraín
En paralelo a ser objeto querellas o ser mencionado en otras, el presidente de Grupo Sartor, Pedro Pablo Larraín, inició su propia avanzada judicial.
Entre finales de febrero y las primeras semanas de marzo, ingresó al 7° Juzgado de Garantía de Santiago dos querellas por el delito de denuncia calumniosa en contra de inversionistas de eCapital, que lo acusaron de estafa, apropiación indebida y negociación incompatible.
Sin embargo, su arremetida en los tribunales se ha visto entrampada. A mitades de abril, la primera querella recibió una comunicación de no perseverar la investigación por parte de la persecutora adjunta de la Fiscalía de Santiago Centro, Alicia Ascencio, ya que “durante la investigación realizada no se han reunido antecedentes suficientes para fundar una acusación”.
Tras una solicitud de reapertura de las indagatorias por parte de los abogados de Larraín, se fijó una audiencia para el 30 mayo, donde se debatirá si continúa la causa.
Por su parte, la segunda querella, que fue declarada inadmisible en primera instancia por el juzgado, recibió su visto bueno por parte de la Corte de Apelaciones a comienzos de este mes.
De continuar, esta arista correría en paralelo a la revisada por la Fiscalía de Alta Complejidad.
Abogados
En tanto, el mapa de abogados ya se encuentra dibujado. Por Grupo Sartor, defienden los socios de Winter Etcheberry, Jaime Winter y José Cabrera, equipo en que también participa el socio de Albagli Zaliasnik, Antonio Rubilar. A sus representados también se une Michael Clark.
El también accionista del grupo, Óscar Ebel, quien se autodenunció ante el Minsiterio Público, cuenta con el acompañamiento del socio de EH Abogados, Alejandro Espinoza, separando aguas de la estrategia del resto de los socios de Sartor.
Por una vereda separada se encuentra la defensa de Carlos Larraín -hermano del socio fundador de Sartor, Pedro Pablo Larraín-, quien es representado por la socia de LBG Abogados, Catherine Lathrop.
En cuanto a querellantes, Credicorp es asesorado por Juan Domingo Acosta, mientras que la familia Schapira es representada por los socios de BACS Abogados, Miguel Schürmann y Alejandro Awad.
En tanto, los inversionistas de Sartor querellados por presunta estafa son representados por el socio de Abogabir Miranda, Diego Abogabir. Por su parte, los acreedores de eCapital son cuentan con la personería del abogado Andrés Balart.
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