Hace algunas semanas, la concesionaria de la red hospitalaria Buin-Paine generó revuelo en la industria al presentar una inédita discrepancia ante el Panel Técnico de Concesiones (PTC), en la que solicitó al Ministerio de Obras Públicas (MOP) una compensación por UF 465 mil -casi US$ 19 millones- a raíz de retrasos asociados a hallazgos arqueológicos.
La respuesta del ministerio, liderado por Jessica López, llegó en un escrito de más de 60 páginas en el que rechazó de manera categórica la reclamación interpuesta por la concesionaria, controlada por la española Sacyr.
En concreto, el organismo sostuvo que los mayores costos exigidos carecen de sustento jurídico, dado que derivan del cumplimiento de obligaciones legales y contractuales conocidas por la empresa desde antes del inicio de las obras.
De acuerdo con la cartera, la discrepancia además omite disposiciones contractuales esenciales que regulan las obligaciones y desconoce la distribución de riesgos aplicable a la etapa constructiva de todo proyecto concesionado.
El MOP dijo que en la fase de licitación se informó a los interesados sobre la existencia de restos arqueológicos en los terrenos y se advirtió que el CMN podría instruir medidas de caracterización, rescate o mitigación.
“La concesionaria intentó manipular la realidad de los hechos, presentando un relato tergiversado, cuestionando el mérito técnico de la decisión del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) y acusando a la misma entidad de cambios de criterio para así poder desnaturalizar la calificación jurídica de estos hechos (...) para intentar millonarias compensaciones que a la luz de la normativa contractual resultan improcedentes”, se desprende del documento.
La cartera añadió que “pretender ahora compensaciones de esta naturaleza contradice el principio de buena fe contractual y desvirtúa el sistema de distribución de riesgos propio del régimen concesional, lo que nos parece inaceptable, obligando al MOP a rechazar la totalidad de las indemnizaciones solicitadas ante la oportunista posición adoptada por la Concesionaria”.
Conocimiento previo de hallazgos
Uno de los ejes centrales de la defensa del MOP, repetido a lo largo del escrito, es que la sociedad concesionaria estaba plenamente al tanto de que el terreno donde se levantaría la red hospitalaria contaba con hallazgos arqueológicos, a diferencia de otros casos donde esto no ocurre.
Los abogados de la cartera sostuvieron que, durante la fase de licitación, se informó a los interesados sobre la existencia de restos arqueológicos en los terrenos y se advirtió que el CMN podría instruir medidas de caracterización, rescate o mitigación.
“Como se aprecia, al momento de aceptar los antecedentes referenciales el consorcio adjudicatario, en atención a su evaluación de dichos antecedentes, asumió la responsabilidad por el contenido de estos y liberó al MOP de toda responsabilidad por eventuales errores, omisiones o deficiencias existentes en ellos”, destacó el ministerio.
A esto se suma que, según el ministerio, las bases de licitación de la obra establecen explícitamente que los costos derivados de hallazgos arqueológicos son de responsabilidad exclusiva de la concesionaria y no del Estado, como intenta argumentar la empresa.
En picada por los retrasos
Otro pilar de la defensa ministerial apunta directamente a los retrasos que la concesionaria atribuye al CMN y al Fisco. Según el MOP, estos se originaron debido a la gestión de la propia empresa.
El documento detalla que la ampliación del proceso de caracterización de los hallazgos obedeció a incumplimientos metodológicos de la concesionaria, ya que su propuesta inicial restringió arbitrariamente las áreas de sondeo y dejó fuera sectores con potencial arqueológico, lo que obligó a ampliar progresivamente las intervenciones para garantizar la debida protección del patrimonio.
A ello se suman reiterados incumplimientos de instrucciones expresas impartidas por el CMN, lo que prolongó innecesariamente la etapa de caracterización e impactó directamente en los plazos del proyecto.
“Esta circunstancia refuerza aún más que los eventuales impactos temporales no son imputables al MOP ni al CMN, sino a la propia estrategia errada e insuficiente de la sociedad concesionaria (...) el criterio del CMN ha sido siempre coherente, claro y técnicamente consistente en todas sus observaciones”, enfatizó la cartera de Obras Públicas.
En este contexto, el MOP insistió en que responsabilizar al CMN por demoras derivadas de la “propia inobservancia de la concesionaria” carece de fundamento y constituye un intento deliberado de desviar la atención respecto de sus “reiterados incumplimientos legales y contractuales”.
“Estos hechos, lejos de justificar una ampliación de plazo o indemnización, evidencian un manejo deficiente y contradictorio de sus propias obligaciones contractuales por parte de la sociedad concesionaria (...), circunstancia que en los hechos no se verifica”, concluyó el ministerio.
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