A la contienda política desatada por la decisión del Gobierno de incluir en el reajuste del sector público una norma que restringiría el despido de funcionarios -lo que fue calificado como un "amarre" por la oposición"-, se sumó un nuevo flanco derivado de esa misma negociación. Esta vez, en el sector salud.
¿Qué pasó? El gremio nacional de prestadores privados, Clínicas de Chile, criticó la inclusión de un compromiso del Ejecutivo respecto a las operaciones de las mutuales en salud común.
Específicamente, el Gobierno señaló: "Se hará una propuesta por parte del Ministerio de Salud, FONASA y el Ministerio del Trabajo para que las mutuales de empleadores de la Ley número 16.744 puedan participar en el proceso de resolución de listas de espera. En caso de que dicha propuesta requiriera modificación legal, será incluida en la ley de reajuste y deberá considerar que ello no podrá afectar su obligación primera, cual es: cumplir como prestadores de la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales".
Clínicas de Chile sostuvo: "Si bien el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta del sistema es compartido, estimamos indispensable que cualquier modificación a esta materia asegure condiciones equitativas de participación, en resguardo de la sostenibilidad del sistema de salud y que, además, no interfiera con el análisis en particular que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) hoy está realizando al respecto".
El gremio se refiere, en concreto, a la consulta iniciada por Andes Salud en esta sede de libre competencia, que cuestionó particularmente las operaciones de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) fuera del seguro laboral.
En la industria, la declaración de las clínicas causó sorpresa: Andes Salud es socia del gremio, pero la ACHS también, a través de su clínica de Puerto Montt, que si bien es una filial que opera en salud común, no deja de ser parte de la asociación.
"Manifestamos nuestra más profunda preocupación por las leyes misceláneas que se busca introducir con ocasión de la tramitación de la ley de reajuste del sector público. Especialmente, cuando ello significa un mecanismo para el desarrollo de políticas públicas permanentes en materia de salud", planteó Clínicas de Chile.
Y agregó: "Es necesario contar con un debate acabado, con la participación de todos los actores y expertos técnicos, y con tiempos e instancias de reflexión adecuados, que permitan alcanzar soluciones responsables y de largo plazo que busquen siempre lo mejor para las personas. Este caso no puede ser la excepción".
La crítica de las mutuales
Al interior de las mutuales de seguridad, la molestia es evidente. Fuentes que trabajan en estas corporaciones señalaron que en el TDLC se está analizando solo participación de estas entidades en salud no laboral ambulatoria, pero que el Tribunal desestimó abrir una discusión por los contratos con el Estado por licitaciones de listas de espera.
En esa línea, argumentan que las autorizaciones pertinentes para lo anterior ya las entregó el Ministerio del Trabajo (y no la Suseso) tanto para prestaciones ambulatorias como hospitalarias. Esto, insisten, es claro cuando se ve que ya hace muchos años que las mutuales han estado participando y adjudicándose licitaciones de listas de espera.
Con todo, las fuentes hicieron hincapié en que la capacidad ociosa de camas que tienen para aportar es menos del 1% de las camas privadas a nivel país. "El comunicado incurre en serios errores o falsedades", criticó uno de los consultados.
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