Molestia y asombro generó al interior del exequipo del Ministerio del Trabajo de la administración de Gabriel Boric la decisión del Presidente de la República, José Antonio Kast, de retirar de tramitación el proyecto que modifica el Código del Trabajo con el objeto de regular un sistema de negociación colectiva multinivel.
“Sin duda que el retiro del proyecto de negociación colectiva multinivel es una fuerte señal de carácter ideológico del actual Gobierno. Porque, por vía administrativa, intenta frenar una política pública ineludible y estratégica para el mundo laboral, basada en el diálogo social y en la experiencia comparada”, dijo el exsubsecretario del Trabajo entre 2025 y 2026, Pablo Chacón.
Desde su perspectiva “solo una visión sesgada puede oponerse a dar más equilibrio a las relaciones laborales que permitan el diálogo que se necesita para asegurar la paz social y reducir la conflictividad socio-laboral".
No fue el único exintegrante de la cartera en reaccionar. Quien también lo hizo fue Fidel Bennett, exjefe de la División de Políticas de Empleo de la cartera y economista del estudio jurídico La Firma.
Desde su perspectiva, con esta decisión el nuevo Gobierno “ha demostrando que Trabajo es una pieza clave en su diseño económico. Primero plantearon la revisión de la Ley 40 Horas, apelando a los dictámenes, en ellos por ejemplo, al tiempo de colación. Ahora detienen la siquiera posibilidad de discutir una nueva manera de negociar colectivamente para los trabajadores. Recordemos que este proyecto de ley fue aprobado en general en la comisión de Trabajo (de la Cámara de Diputados) y en esa línea se trata de un intento de saltarse a un poder del Estado. Con estos indicios se pone en riesgo incluso la negociación del salario mínimo en abril-mayo”, dijo Bennett.
Quien también lamentó la decisión fue el exdirector del Trabajo, Pablo Zenteno: “Resulta lamentable que un debate que fue serio, bien fundado y estructurado, hoy se pretenda cerrar sin diagnóstico alguno”.
Desde su visión, hubo un proceso de diseño del proyecto que comenzó en 2023, y que contó con diversas instancias de participación. “Ese proceso no solo recogió evidencia, sino también la experiencia de trabajadores, trabajadoras y empleadores, fortaleciendo su legitimidad democrática”, dijo.
Para Zenteno, en la práctica “se pretende cerrar sin razones técnicas una discusión clave. Se pierde una oportunidad para Chile y para los trabajadores y trabajadoras de avanzar en herramientas que son fundamentales: fortalecer el diálogo social, mejorar la productividad y reducir las brechas de desigualdad en el mundo del trabajo, tal como se observa en países desarrollados”.
La reacción entre los expertos
Entre los abogados, en tanto, la decisión del Gobierno generó opiniones divididas. Sin embargo, entre quienes criticaron la decisión, también hubo cuestionamientos a la administración anterior.
“Es una noticia lamentable, pero totalmente predecible”, dijo el abogado y docente del Departamento de Derecho Laboral en la Universidad de Concepción, Álvaro Domínguez.
Desde su visión, el debate de la negociación ramal fue promovido desde la Dirección del Trabajo desde el 2023, los informes y estudios desde la misma fecha, por lo cual “no se explica el que se presentara el proyecto de negociación multinivel a 60 días del término del Gobierno. El que se retire hoy de la discusión legislativa, era algo predecible y una consecuencia de haberse presentado a última hora y sin ninguna convicción política. No pueden existir sorpresas sobre su retiro”.
Una visión similar entregó Karla Varas, profesora de derecho del trabajo de la PUCV, quien planteó que “el haber ingresado el proyecto de negociación ramal al término del Gobierno fue una muy mala señal, poco o nada se iba a conseguir, y este oficio es la muestra de ello”, dijo.
Para ella, este oficio, por el cual se retira de tramitación el proyecto de negociación colectiva multinivel, da cuenta “de su fragilidad, y confirma lo que muchos sostuvimos cuando el exGobierno lo ingresó: sólo sería un saludo a la bandera”.
Y si bien desde la perspectiva de Varas el proyecto retirado “era engorroso, denso, y no simplificaba el ejercicio de un derecho fundamental tan clave como es la negociación colectiva”, planteó que su retiro se puede leer como una “negativa a dialogar sobre el funcionamiento del modelo de relaciones colectivo chileno, y la necesidad de reforzar herramientas claves para el adecuado desenvolvimiento de las relaciones laborales, como es la negociación colectiva”.
En una vereda contraria, la exdirectora del Trabajo, Lilia Jerez, dijo que la decisión del Ejecutivo constituye una señal relevante “en favor de la estabilidad regulatoria del sistema laboral, particularmente en un contexto marcado por sucesivas reformas en los últimos años. En esa línea, la decisión parece reconocer la necesidad de otorgar certezas a los actores del mundo del trabajo frente a cambios estructurales de alto impacto”.
Para ella, además, es importante recordar que esta iniciativa surgió como “una respuesta tardía” a un compromiso programático del Gobierno de Boric, materializado recién en enero de 2026, es decir, en la etapa final de su mandato. “Ello incidió directamente en la falta de un debate técnico y político suficientemente amplio y oportuno”, agregó.
Misma opinión entregó Cristobal Raby, socio del Estudio Prieto Abogados, para quien “el retiro del proyecto va en línea con el proyecto político del Gobierno actual, por lo que no sorprende. En cuanto al fondo del asunto, aparece como una buena noticia porque el proyecto presentado por la administración anterior tenía deficiencias importantes y produciría un impacto importante en el empleo".
En la misma línea, Jaime Salinas, socio de Salinas Toledo, agregó que con esta decisión se desactiva una iniciativa “con serios reparos de constitucionalidad y alto riesgo de judicialización, en un mercado laboral ya exigido por la reforma de las 40 horas y costos adicionales por múltiples reformas recientes”.
Para Salinas, la negociación por rama “merece una discusión seria, pero este proyecto no era el vehículo adecuado. Carecía de consenso técnico, y por ello, más que una victoria política, este retiro es una buena noticia para la certeza jurídica. Evita que el Congreso avance en una norma probablemente impugnable ante el Tribunal Constitucional y abre espacio para repensar una modalidad distinta con mejores fundamentos técnicos”.
Jorge Arredondo, socio de AZ, también calificó la decisión de Kast como acertada, ya que desde su visión “se trata de una materia de no importancia en la actualidad, donde tenemos índices de informalidad altos”.
Para él, la negociación ramal “empíricamente no tenía una constatación de que podía generar los necesarios esfuerzos y generar un aumento en la tasa de empleabilidad que es lo que Chile necesita actualmente”, dijo.
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