La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) presentó este lunes su informe de Macroeconomía y Construcción (MACh), documento en el que analiza la evolución reciente de la inversión, el gasto público y las perspectivas del sector para el cierre de 2025 y el próximo año.
Y uno de los focos de la presentación estuvo en la deuda que mantiene el Ministerio de Obras Públicas (MOP) con empresas contratistas, la que, según advirtió el gremio, alcanza del orden de US$ 30 millones.
El presidente de la entidad, Alfredo Echavarría, detalló que se trata de trabajos ya realizados cuyos pagos, corresponden principalmente a los meses de noviembre y diciembre, que no se han materializado.
“Se acabó la plata”, señaló, explicando que la falta de recursos derivó en un nuevo recorte presupuestario que terminó afectando directamente el cumplimiento de estos compromisos. “Esto no es una deuda de anticipos ni de proyectos futuros, sino de obras en ejecución”, recalcó.
Respecto del bono pie, Echavarría advirtió que la simulación de precios para aparentar el pago inicial ante la banca constituye una práctica ilegal.
Nicolás León, gerente de Estudios y Políticas Públicas de la CChC, explicó que los problemas de pago detectados en el MOP están relacionados con la reducción progresiva del presupuesto efectivamente disponible.
Desde el gremio comentan que durante el primer semestre del 2025, el presupuesto del MOP fue ajustado a la baja en unos US$ 220 millones, y a comienzos de noviembre se aplicó un nuevo recorte.
Deuda de viviendas y bono pie
Respeto de los impagos del Estado en el ámbito habitacional, el gremio explicó que los problemas de “deuda” no responden a un único monto consolidado, sino a distintos compromisos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que no se materializaron durante 2025. Entre ellos se cuentan atrasos en pagos de proyectos en ejecución —que, según se señaló Alfredo Echavarría, en general, ya se están regularizando—, compras de terrenos que no alcanzaron a pagarse dentro del año y la eliminación de créditos de enlace para nuevos proyectos DS19, producto de la estrechez fiscal.
En la presentación, el gremio también abordó la polémica en torno al llamado bono pie. La Cámara aclaró que existen mecanismos comerciales legítimos para facilitar el pago del pie en la compra de viviendas, práctica habitual en el mercado inmobiliario.
Sin embargo, Echavarría advirtió que la simulación de precios para aparentar el pago del pie ante la banca constituye una práctica ilegal, que incluso puede derivar en responsabilidades penales bajo la nueva ley de delitos económicos.
Proyecciones
En términos de pronósticos, Echavarría señaló que “en 2026 podría comenzar un período de crecimiento integral de la construcción, incluso en un escenario de fuerte restricción fiscal. Pero para ello se necesita seguir apoyando al sector inmobiliario, privilegiar la inversión por sobre el gasto corriente a nivel estatal y, sobre todo, hacer del crecimiento económico una causa nacional”.
Nicolás León anticipó que el próximo año la inversión en infraestructura productiva más que se duplicaría, anotando un incremento de 13,6%. En cambio, la infraestructura pública experimentaría el impacto de la fuerte caída, registrando una contracción de 5,1% en comparación con 2025. En su conjunto, la inversión en infraestructura crecería 5,5% anual.
Según la proyección del gremio, la inversión total en infraestructura cerraría 2025 con un alza de 3,3% en comparación con el año pasado.
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