La Municipalidad de Vicuña presentó una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de la comuna por el presunto delito de enriquecimiento ilícito contra el exconcejal Kether Gómez, además de todos quienes puedan resultar responsables tras la investigación.
La acción fue ingresada por el director jurídico del municipio y se basa en antecedentes patrimoniales que, a juicio del gobierno comunal, mostrarían un enriquecimiento económico importante y sin justificación clara mientras Gómez ejercía cargos públicos.
Según el escrito, Gómez trabajó en el municipio desde 2013, primero a honorarios, luego a contrata y más tarde como jefe de gabinete del entonces alcalde Rafael Vera. Entre junio de 2021 y diciembre de 2024 fue concejal de la comuna. De acuerdo con su declaración de intereses y patrimonio ante la Contraloría, registró ingresos brutos promedio mensuales cercanos a $ 1.600.000 entre 2013 y 2024.
Sin embargo, los antecedentes que acompañó el municipio muestran que entre julio de 2022 y abril de 2023 compró tres propiedades en Vicuña, todas pagadas completamente al contado y sin crédito hipotecario.
Kether Gómez es nacido en Vicuña y profesor de inglés de profesión. En las últimas elecciones municipales se presentó como candidato a alcalde por Vicuña, pero no fue electo.
Detalle de las compras
De acuerdo con la querella, una vivienda fue adquirida en julio de 2022 por $ 170 millones, pagada con vale vista bancario. Ese mismo día, se compró otro inmueble por $ 100 millones, también al contado. A eso se suma una tercera propiedad, comprada en abril de 2023 por $ 35 millones, igualmente pagada en efectivo.
En total, las operaciones suman cerca de $ 305 millones en menos de un año, periodo en que el querellado era concejal. Además, se menciona una compra anterior de 2014, por $ 42 millones, financiada con crédito hipotecario, siendo la única con respaldo bancario formal.
Investigación en curso
Estos hechos ya habían sido denunciados ante el Ministerio Público por el concejal Cristian Pinto. Según informó un medio local, la causa sigue vigente en la Fiscalía Local de Vicuña y aún hay diligencias pendientes. En tanto, desde fiscalía señalaron que no pueden entregar más detalles porque la investigación está bajo secreto.
En la querella, el municipio plantea que existiría una diferencia importante entre los ingresos declarados y el monto total destinado a la compra de las propiedades, lo que justificaría indagar un eventual delito contemplado en el artículo 241 bis del Código Penal, delito que sanciona a funcionarios públicos que registren un aumento patrimonial relevante e injustificado mientras ejercen el cargo.
La norma no castiga comprar bienes de alto valor en sí, sino no poder explicar de manera lícita y comprobable el origen de los fondos. Será el Ministerio Público el que deberá acreditar si ese incremento no tiene respaldo en ingresos legales, herencias, donaciones, créditos u otras fuentes documentadas.
En su presentación, el municipio pidió que la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI revise movimientos bancarios y antecedentes financieros tanto del exconcejal como de la persona que figura como copropietaria. También solicitó que se cite a declarar al querellado, a su coadquirente y a los vendedores de las propiedades, para esclarecer el origen de los recursos utilizados.
El alcalde de Vicuña, Mario Aros, señaló que “esto nace de una denuncia que hizo el concejal Pinto el año 2024. A partir de eso, como municipio revisamos los antecedentes, analizamos la información pública y los registros, y tenemos elementos que nos parecen suficientes para que esto sea investigado por la justicia. Nuestro deber es cuidar la probidad y actuar cuando existen antecedentes que generan dudas razonables. Lo responsable es que el Ministerio Público investigue y determine lo que corresponda”, agregó.
Maniobra electoral
El exconcejal calificó la querella presentada por la Municipalidad de Vicuña como una "maniobra política". Afirmó que la denuncia original se hizo pública en 2024, a días de las elecciones municipales, pese a que no registraba avances en la Fiscalía. A su juicio, el objetivo fue “generar un daño electoral y tratar de influir en el resultado de esas elecciones”, y aseguró que en casi dos años no ha sido citado a declarar ni ha participado en diligencias.
“Estamos frente a una maniobra política, un verdadero matonaje mediático que busca instalar dudas sobre mi probidad, la cual es absolutamente indiscutible" sostuvo.
Finalmente, criticó a la actual administración comunal, indicando que “lamento profundamente que las preocupaciones estén centradas en las elecciones y no en las verdaderas necesidades de los vecinos. Basta recorrer las poblaciones, la plaza y los pueblos de nuestra comuna para constatar el abandono que hoy afecta a nuestra gente”.
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Camila Bejarano corresponsal Zona Norte
