Tras el duro golpe que significó el dictamen del Panel Técnico de Concesiones y la posterior ola de críticas emanadas desde las autoridades y gremios de la región de Coquimbo, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) salió al paso para delinear el futuro de la Circunvalación Coquimbo-La Serena.
Frente a la molestia del gobernador regional y líderes de agrupaciones como CIDERE, la Multigremial y la CChC —quienes acusaron "falta de prolijidad" y exigieron soluciones inmediatas para no frenar una inversión de US$ 329 millones— la Dirección General de Concesiones del MOP confirmó a DF Regiones que se están agotando todas las instancias para concretar la esperada solución vial.
El plan de contingencia del Ejecutivo ya está trazado. Ante la imposibilidad de incorporar los trabajos al actual contrato de la Ruta 5 (Los Vilos-La Serena), el Ministerio confirmó que la principal alternativa es licitar la circunvalación como un contrato nuevo e independiente.
De acuerdo con el cronograma revelado por la cartera, este nuevo proceso se activaría a finales de este año, proyectando su adjudicación para fines de 2027. De esta manera, el Gobierno busca dar certeza jurídica y plazos concretos al sector privado local, que advirtió sobre las severas consecuencias de mantener paralizada la conectividad metropolitana.
La envergadura de la obra explica la urgencia del sector privado. El proyecto de circunvalación contempla 39 kilómetros de vías expresas, diseñadas en doble calzada con dos pistas por sentido. Además, la megaestructura incluye un túnel de 2 kilómetros en Cerro Grande, un puente sobre el río Elqui y 9 enlaces desnivelados. El trazado también considera tramos soterrados, calles locales de conectividad, 7,4 kilómetros de ciclovías, iluminación, seguridad vial y áreas verdes, elementos clave para descongestionar y transformar el sector oriente de la conurbación
Defensa de la estrategia fallida
Ante las recriminaciones por la pérdida de años de tramitación desde Concesiones defendieron la decisión de haber recurrido inicialmente al artículo 20 de la Ley de Concesiones que permite modificar contratos vigentes para añadir obras o servicios por razones de interés público. Explicaron que esta ruta administrativa se elogió como primera opción precisamente con el objetivo de agotar todas las vías que permitiera ejecutar la obra en menos plazo posible y menores costos para el Fisco.
En el MOP recalcan que durante meses se trabajaron los aspectos legales y financieros de ese acuerdo. De hecho, argumentan que el propio Panel Técnico reconoció en sus actas que encargar las obras al concesionario actual (Sacyr) era la vía más eficiente en términos operativos y de plazos, aunque finalmente el ente técnico desestimo al propuesta por la falta de un proceso competitivo para fijar los costos de mantenimiento y la tasa de descuento.
Pese al traspié, el MOP fue categórico en mantener su convicción de que la autopista de casi 40 kilómetros, que evitará la división del tejido urbano y mejorará los accesos clave de la conurbación, se debe materializar bajo este nuevo modelo de licitación.
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