Otro de los anuncios en materia de reactivación económica realizado por el Gobierno de José Antonio Kast durante el fin de semana fue la eliminación del impuesto a la ganancia de capital. Este tributo tiene su origen en la exención establecida en 2001 durante la administración del exPresidente Ricardo Lagos, cuyo objetivo era incentivar la participación de los inversionistas en el mercado bursátil.
La medida se mantuvo vigente por cerca de dos décadas, hasta que en 2022 la Ley N°21.420 puso fin a dicho beneficio e introdujo un impuesto único de 10%, planteado como una de las fuentes de financiamiento de la Pensión Garantizada Universal (PGU).
Posteriormente, la fallida reforma tributaria del exPresidente Gabriel Boric propuso elevar este tributo desde 10% a 22%, encendiendo las alarmas en la industria.
Según estimaciones del mercado, el Ejecutivo proyectaba recaudar alrededor de US$ 180 millones, pero solo podría haber logrado un 10% de esa cifra.
La venia del sector
El nuevo ajuste del Gobierno es ampliamente valorado por el mercado financiero.
Para el presidente del Consejo Consultivo del Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda, Mauricio Larraín, esto es “una excelente iniciativa”, ya que, a su juicio, el gravamen introduce una distorsión de doble tributación, el cual ha tenido efectos muy negativos en el mercado de capitales.
“Tras su aplicación plena, el monto transado en la bolsa en 2023 cayó en más de US$ 15 mil millones, es decir, cerca de un 35% respecto del año anterior, siendo la mayor caída en más de una década”, aseguró a DF.
Por su parte, el economista jefe de Bci, Sergio Lehmann, aseguró que esta medida serviría “para revitalizar el mercado y profundizar canales de financiamiento de nuevas inversiones”, lo que a su juicio serviría para “darle un impulso a la economía desde ese lado”.
De concretarse, se estima que el impacto sería rápido, con mayor liquidez en el mercado accionario, lo que facilitaría la compra y venta de papeles.
Para el CEO de Octogone Chile, Manuel Bengolea, “el precio de las acciones de empresas beneficiadas podría subir, pero el impacto en el largo plazo sería aún más relevante”.
En tanto, Larraín explicó que un mercado más líquido también reduce los costos de financiamiento para las empresas, lo que favorece la inversión y el crecimiento.
Añadió que eliminar este impuesto “contribuiría a un entorno más competitivo, simple y atractivo para la inversión local e internacional”. Y planteó que, dado que su recaudación fue muy baja, su eliminación tendría además un impacto fiscal limitado”.
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