El presidente José Antonio Kast presentó en la Región del Biobío un Plan Nacional de Reconstrucción que contempla más de 40 medidas destinadas a enfrentar los efectos de los incendios forestales registrados en enero en las regiones de Biobío y Ñuble, junto con impulsar medidas económicas orientadas a la recuperación de la actividad y el ordenamiento fiscal.
El anuncio se realizó durante una visita a la localidad de Lirquén, en la comuna de Penco, donde el mandatario se reunió con familias afectadas por los incendios y detalló los principales ejes del proyecto de ley que será enviado al Congreso en los próximos días.
La emergencia forestal dejó un impacto significativo en la zona: solo en la comuna de Penco se registraron 19 fallecidos y cerca de 5.000 viviendas afectadas, según antecedentes entregados por el gobierno. “El objetivo es reconstruir no solo las casas afectadas por los incendios, sino también recuperar el crecimiento, el orden fiscal y la seguridad que Chile necesita”, señaló el mandatario durante la actividad.
Entre las principales medidas económicas del plan se encuentra una inyección adicional de $400.000 millones destinada a la reconstrucción de las zonas afectadas, junto con incentivos tributarios y regulatorios para impulsar la actividad económica.
El proyecto contempla la eliminación transitoria del IVA a la venta de viviendas por 12 meses, una reducción de la tasa del impuesto corporativo desde 27% a 23%, la reintegración del sistema tributario y la eliminación del impuesto a las ganancias de capital, además de un subsidio para proteger el empleo formal.
Asimismo, se incluyen medidas para agilizar permisos ambientales y sectoriales, con el objetivo de destrabar proyectos de inversión y acelerar la recuperación económica en las zonas afectadas por la emergencia.
El plan también contempla la eliminación de contribuciones a la primera vivienda para adultos mayores, iniciativa que había sido planteada durante la campaña presidencial.
En materia fiscal, el proyecto incorpora medidas de contención del gasto, entre ellas ajustes al sistema de gratuidad universitaria, limitando el beneficio a estudiantes menores de 30 años. También se considera una moratoria al ingreso de nuevas universidades al sistema y el fortalecimiento de los mecanismos de cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE).
En el ámbito institucional, la iniciativa propone reformas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) para reducir los tiempos de tramitación y otorgar mayor certeza a los proyectos de inversión, además de agilizar concesiones marítimas y crear mecanismos de compensación cuando el Estado anule resoluciones previamente adoptadas.
El plan incluye también un eje enfocado en seguridad pública, con medidas orientadas a endurecer las sanciones contra el contrabando de cigarrillos y el transporte ilegal de migrantes, además de iniciativas de inclusión financiera para prevenir el acceso de personas vulnerables al crédito informal.
El gobierno espera ingresar el proyecto de ley al Congreso durante los próximos días, con el objetivo de acelerar la reconstrucción de las zonas afectadas y avanzar en medidas económicas orientadas a la reactivación y la disciplina fiscal.
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