A las 5 de la mañana del martes, en su departamento en Estación Central, el ciudadano venezolano José Carlos Pérez Asencio fue detenido por la PDI en el marco de un megaoperativo para desbaratar un brazo extorsivo del Tren de Aragua.
Según la investigación del Ministerio Público, el ahora exejecutivo habría facilitado cuentas bancarias en cinco instituciones financieras para recibir fondos de la organización criminal e introducirlos al mercado formal.
Pérez era desde 2019 ejecutivo de recuperaciones del Banco Santander, por lo que pocas horas más tarde de su detención, la sede del banco donde trabajaba, en el centro de Santiago, fue allanada.
Para la institución bancaria fue un golpe de agua fría.
Según conocedores del caso, sólo se enteraron algunos de los altos mandos minutos antes del operativo policial en el local cuando la prensa llamó para saber qué pasaba, ya que el Ministerio Público había puesto en pauta el allanamiento a la sucursal.
De inmediato se activaron los protocolos de crisis que una empresa de la envergadura de Santander tiene estipulados, y que establecen la activación de comités que hasta el cierre de esta edición seguían reuniéndose. Pérez Asencio fue desvinculado rápidamente y la empresa se puso a disposición de la fiscalía para colaborar en la investigación.
Se trata de una crisis reputacional importante para la firma, relatan personas que han estado en contacto con la empresa, en la cual se vio salpicada pese a que los delitos que se le imputan a Pérez Asencio los pudo haber realizado desde cualquiera fuere su empleo.
Porque según cercanos al banco, como ejecutivo de recuperaciones (cobranzas), el venezolano no tenía acceso a cuentas de terceros, ni tampoco podía hacer transacciones fuera de su cuenta personal.
Agregan que no había antecedentes para dudar de él, y que llevaba un estilo de vida que -al menos aparentemente- era equivalente al salario que percibía.
Explican además, que una de las razones por las cuales no saltaron las alarmas de los cinco bancos desde los cuales Pérez Asencio hizo las transacciones delictuales (Scotiabank, Banco Falabella, BCI, BancoEstado y Santander), es porque los entre $ 300 y $ 400 millones que se le imputan en transferencias se llevaron a cabo durante un periodo de cuatro años, entre ocho cuentas distintas, por lo que los montos de cada una de ellas por separado no habrían llamado la atención como operaciones anormales.
Cercanos a la compañía aseguran que el episodio escaló a la matriz en España, y que siguen atentos el impacto reputacional que pueda tener, sobre todo por los comentarios que hay en redes sociales, que combinan términos como “seguridad”, “venezolano”, “Tren de Aragua” y nombran al banco empleador del acusado.
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