Formalización del caso Sartor: Fiscalía responde a defensas y vincula a los Larraín y a Clark con operaciones investigadas
En la décima jornada de la diligencia, exhibió documentos, correos y contratos que, a su juicio, acreditarían su participación y capacidad de decisión en la AGF.
La audiencia de formalización del caso Sartor continuó este miércoles con su décima jornada, en la que se dio inicio a las réplicas por parte del Ministerio Público y los querellantes a los argumentos de las respectivas defensas.
Durante la introducción de su exposición, el persecutor de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, Juan Pablo Araya, se refirió al fallo de la Corte Suprema que declaró ilegal la primera revocación de existencia de Sartor AGF por parte de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) del 20 de diciembre de 2024.
Para Araya, un eventual impacto en la causa penal por el veredicto del máximo tribunal “no tiene ningún fundamento en la práctica, porque efectivamente también dictó otras dos resoluciones más que ratifican los otros actos administrativos también de la CMF”, apuntó.
La revocación “se dicta también después en el procedimiento sancionatorio”, añadió.
El controlador
Respecto de los imputados, se refirió a los argumentos de la defensa del controlador del grupo, Pedro Pablo Larraín, que apuntaron a que no habría tenido participación operativa. En respuesta, el persecutor expuso documentos y correos que, sostuvo, mostrarían su intervención directa.
“Hay firmas de pagarés que documentaban la operación de Pedro Pablo Larraín”, en representación de Sartor y sociedades cuestionadas, como Danke SF, apuntó Araya.
Además, señaló que “hay correos electrónicos de aprobación de operaciones back to back”. Entre ellas, créditos de más de US$ 2 millones para ECapital Perú desde el fondo “Sartor Facturas USD”.
Ante el argumento de que las operaciones con ECapital habrían beneficiado a los fondos, la Fiscalía sostuvo que “continuar financiando la empresa con un déficit financiero de tal magnitud no era la mejor alternativa para los fondos administrados. Por el contrario, aquí solo se continúa con prórrogas y aumentos de capital”.
Los intereses de la deuda, en tanto, “no se iban pagando”, afirmó.
Carlos Larraín
En respuesta a la defensa de Carlos Larraín, quien tomó distancia de la gestora, la Fiscalía lo ubicó entre quienes tenían capacidad de decisión pese a haber dejado el directorio de Sartor AGF en 2021.
“En la propia declaración del imputado reconoce que se desempeñó como asesor de esa AGF, y director de la matriz”, acusó Araya.
Además, detalló que su rol era “apoyar al directorio de Sartor AGF” y que tenía máximos poderes.
La Fiscalía exhibió contratos de crédito y prolongaciones firmados por él, por Sartor y Danke SF, entre ellos un pagaré al FIP Deuda Privada por poco más de $ 1.000 millones y un préstamo posterior a nombre de Inversiones Cerro El Plomo.
“En el momento en que comienzan a producirse las prórrogas, este delito de ejecución permanente de administración desleal va cometiéndose de manera sucesiva a lo largo del tiempo”, aseguró.
Finalmente, detalló que una operación permitió a Danke SF, de la que era accionista, extinguir deudas mediante el traspaso de cuotas de fondos por $ 2.582 millones, a un valor “que no era representativos de la situación real de estos fondos”.
El rol de Clark
El Ministerio Público también respondió a la defensa de Michael Clark, la que argumentó que el expresidente de Azul Azul tuvo un rol acotado en Sartor AGF.
“El deber de un director es indelegable y está establecido en la ley. El hecho de no haber participado, como se señala, en los comités de crédito, no lo exime de responsabilidad”, apuntó Araya.
“Hay una participación extensa en los directorios de la AGF durante dos años (2023 y 2024), en particular, en muchas de las operaciones en las cuales hay un conflicto de interés”, añadió.
Sobre los estados financieros de 2024, señaló que Clark “conoció de primera fuente, el auditor externo, que estimaba un deterioro de $ 1.800 millones de la cartera (...) los aprobó conscientemente de que no reflejaban la realidad patrimonial de la sociedad”.
Entre los antecedentes citados, exhibió correos relativos a operaciones de financiamiento, como la renovación de una prórroga de un pagaré de Asesorías e Inversiones Sartor al FIP Deuda Privada, por $ 2.961 millones.
Respecto de Azul Azul, sostuvo que la participación de Clark no se limitó a ser aportante del FIP Tactical Sport, sino que incurrió en “la administración desleal, en este caso, del patrimonio de los fondos públicos, los cuales financiaron la adquisición en 2021”.
“Los reales dueños indirectos de las acciones de Azul Azul eran los fondos públicos”, manifestó Araya.
Sobre el fraude por omisión de Oferta Pública de Acciones (OPA), detalló que “cualquier operación que pretenda eludir esta obligación, o que, en este caso, tenga que accionar vía fondo de inversión, supone una maniobra que cumple con el tipo penal”.
Por la operación con el bono de Nexus Health Chile, investigada por negociación incompatible, el persecutor afirmó que “hay casi $ 400 millones de un negocio que él ocultó a la sociedad de la cual era director”, y remarcó que dicho ilícito “no requiere un perjuicio, no lo exige”.
Caso Sartor: la cronología del colapso de la AGF y sus aristas
Los hitos publicados por DF que conectan las decisiones de la CMF, la liquidación de fondos, las querellas, Azul Azul y la ofensiva penal de Fiscalía. Actualizado: 19 de agosto de 2026.
De la intervención al frente penal
El Caso Sartor escaló en noviembre de 2024, cuando la CMF suspendió fondos de Sartor AGF por fallas en valorizaciones, liquidez y operaciones con relacionados. En diciembre, endureció restricciones, frenó rescates y revocó la existencia de la administradora.
Desde ahí se abrieron capas: liquidación de vehículos, disputas de aportantes, querellas de Credicorp y Toesca, financiamientos cuestionados, deterioros patrimoniales y sociedades relacionadas. DF también siguió el flanco Azul Azul, con acciones de Michael Clark, Tactical Sport y eventuales omisiones de OPA.
En 2026, la investigación penal tomó el centro. Fiscalía hizo diligencias, cifró el perjuicio en hasta US$ 200 millones, solicitó formalizar a 11 imputados y pidió ampliar delitos para sumar lavado de activos y fraude por omisión de OPA. La formalización comenzó el 30 de julio y se extendió durante agosto, mientras la Corte Suprema revisó en paralelo la legalidad de las medidas de la CMF.Interactivo: Claudio Pérez
Desplaza hacia la derecha para revisar los hitos. En mobile, la cronología se presenta completa en lectura vertical.
01
CMF suspende aportes a fondos de Sartor
DF registró el primer quiebre regulatorio: la CMF suspendió aportes a fondos de Sartor AGF tras detectar deficiencias en el proceso de inversión, valorización y liquidez de los vehículos administrados.
La CMF endureció su postura y suspendió rescates de fondos de Sartor AGF. La decisión profundizó la crisis para aportantes y dejó la administración bajo vigilancia reforzada.
El regulador revocó la autorización de existencia de Sartor AGF y designó un liquidador. La administradora pasó de una crisis de supervisión a un proceso formal de salida del mercado.
Sartor acudió a la Corte de Apelaciones por la revocación de la AGF, alegando ilegalidad y falta de proceso sancionatorio. El conflicto regulatorio entró así al carril judicial.
Credicorp Capital denunció presuntas maniobras de triangulación financiera en una querella contra Sartor. La crisis sumó un frente penal y abrió el mapa de acreedores afectados.
En sus primeras medidas, el liquidador desvinculó al gerente general y al ejecutivo a cargo de inversiones de Sartor AGF. La administración anterior comenzó a quedar fuera del control operativo.
Accionistas de Azul Azul se querellaron contra Michael Clark por presunto fraude asociado a una omisión de OPA. El caso Sartor sumó una derivada ligada al control de la concesionaria.
El liquidador detectó posibles deterioros significativos en valorizaciones de fondos atribuidos a la antigua administración. El hito ordenó parte del daño patrimonial bajo investigación.
La CMF suspendió la oferta pública, transacción y cotización en bolsa de cuotas de fondos de Sartor AGF. La medida limitó la salida de inversionistas y reforzó el control del proceso.
DF informó la resolución que permitió reanudar la liquidación de Sartor AGF. La decisión destrabó una parte relevante del proceso tras los recursos de la administradora.
Un grupo de clientes de Sartor se querelló contra exdirectivos y socios por un posible esquema defraudatorio. La arista de inversionistas afectados ganó peso propio en tribunales.
La CMF formuló cargos a socios, exdirectores y exejecutivos de la AGF en liquidación. La decisión abrió la discusión sobre la aplicación de la Ley de Delitos Económicos.
DF detalló los avances de la arista penal y el rol de la Bridec de la PDI. La investigación empezó a ordenar antecedentes financieros, querellas y eventuales responsabilidades.
La CMF interpuso multas históricas a exdirectores y al exCEO de Sartor AGF. Según la cobertura de DF, el caso consolidó una sanción de gran escala para el mercado de fondos.
Fiscalía realizó diligencias en el Centro Deportivo Azul y otros domicilios vinculados a sociedades de Michael Clark. La investigación penal volvió a conectar Sartor con Azul Azul.
Toesca se querelló contra exdirectores y socios de la AGF por el financiamiento usado en la compra de Azul Azul. La concesionaria quedó en el centro de la disputa de acreedores.
Sartor solicitó reorganización judicial para retomar estabilidad financiera, mientras Bci Corredores acusó ocultamiento de un proceso de liquidación forzosa. El caso se cruzó con el frente concursal.
La Fiscalía cifró en hasta US$ 200 millones el perjuicio para aportantes de fondos de Sartor AGF. La estimación dio escala económica al caso antes de la formalización.
Michael Clark acudió a la Fiscalía Oriente para declarar en calidad de imputado. La diligencia reforzó la conexión entre la investigación Sartor y las operaciones ligadas a Azul Azul.
Fiscalía ingresó la solicitud para formalizar a 11 imputados por la trama al interior de Sartor AGF. El caso pasó a su antesala judicial más relevante desde la revocación de la administradora.
A días de la audiencia fijada para el 30 de julio, Fiscalía pidió ampliar los delitos e incorporar lavado de activos y fraude por omisión de OPA a las imputaciones del caso Sartor.
En la tercera jornada de formalización, el tribunal decretó arresto domiciliario total intensivo y arraigo nacional para el exdirector de inversiones de Sartor AGF, tras un acuerdo con querellantes.
Credicorp denuncia deuda impaga de US$ 45 millones
En la cuarta jornada, Credicorp Capital afirmó que no se ha pagado un solo dólar de los más de US$ 45 millones que financió. Los querellantes apoyaron la prisión preventiva solicitada para cinco imputados.
Corte Suprema declara ilegal la revocación de la AGF
La Corte Suprema anuló la Resolución Exenta N°12.118, con la que la CMF revocó en diciembre de 2024 la existencia de Sartor AGF, por no tramitar el procedimiento sancionatorio formal exigido y vulnerar el debido proceso administrativo.
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Cristóbal Muñoz
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