Tras meses de avanzar en sigilo, la investigación del Ministerio Público por el caso Sartor realizaron su primera diligencia en los domicilios de parte de las entidades que son indagadas por su participación en la trama, específicamente en su arista vinculada a Azul Azul, la concesionaria del club de fútbol Universidad de Chile.
Pasado el mediodía del lunes, la Fiscalía de Alta Complejidad, liderada por el persecutor Juan Pablo Araya, y personal de la Policía de Investigaciones, acudieron hasta el Centro Deportivo Azul, el domicilio de la sociedad Azul Azul S.A., para realizar la entrada y registro de las oficinas, en términos simples, un allanamiento.
La misma diligencia se repitió en otros tres domicilios de sociedades vinculadas al expresidente de Azul Azul, Michael Clark, además de su domicilio personal.
El otrora timonel de la concesionaria es uno de los principales implicados en el caso según querellas ingresadas en el marco de la trama y fuentes conocedoras del escándalo financiero.
Los coletazos del Caso Sartor
Clark se ha visto involucrado, con cada vez más fuerza, en el caso Sartor AGF, administradora de fondos intervenida por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) por préstamos privados relacionados a la gestora mediante capital de terceros levantados a través de sus fondos públicos.
Los vehículos, según ha revelado la investigación por parte de la CMF y el Ministerio Público, han financiado operaciones de financiamiento al renunciado presidente de Azul Azul, cuando este era director de la AGF.
Uno de ellos fue directamente al fondo privado (FIP) "Tactical Sport", vehículo mediante Clark y socios del Grupo Sartor, como Pedro Pablo Larraín, ingresaron a la propiedad de "la U". Las indagatorias revelaron millonarios préstamos impagos por casi $ 8 mil millones al FIP, por parte de los fondos de Sartor AGF.
Es por esa deuda que a comienzos de 2025, la ya intervenida gestora inició una demanda civil de cobro, que actualmente tiene embargadas el 63,07% de las acciones de Azul Azul, con miras a un remate.
Por esta y otras operaciones, Clark fue sancionado por la CMF con UF 65 mil, por inversiones que “se desviaron para financiar operaciones de empresas relacionadas, en muchos casos en precaria situación financiera, con moras e impagos y carentes de garantías”, de acuerdo al regulador.
Su rol en el caso sería más fuerte. Quienes conocen la trama señalaron que una de sus sociedades, Redwood Capital, también solicitaba financiamientos por parte de fondos de Sartor AGF, mientras que dicha firma asesoraba a las filiales de los vehículos.
Es por esta arista que la Fiscalía estaría tomando declaraciones a colaboradores de Clark, Sartor e, incluso, Toesca, que se hizo cargo de la liquidación de gran parte de los exfondos de la firma intervenida. "El vínculo de Clark con el caso es de los más profundos", señaló una fuente al tanto de la trama.
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Cristóbal Muñoz
