Los CAI solo eran un “medio fraudulento ejecutado por los querellados para obtener de las víctimas sus dineros, sacándolos de los fondos de Sartor AGF y de inversiones realizadas por ésta, para entregárselos a Sartor S.A.”, dice la querella de los clientes.
Un grupo de clientes de Sartor AGF, actualmente intervenida por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), interpusieron una querella en el 4º Juzgado de Garantía de Santiago, en contra de exdirectores y personas vinculadas al grupo Sartor.
El libelo declarado admisible esta semana acusa a a los hermanos Pedro Pablo y Carlos Larraín Mery, Alfredo Harz, Rodrigo Bustamante, Miguel León y Michael Clark de estafa, negociación incompatible, administración desleal, utilización indebida de valores, intermediación como agentes de valores sin autorización, realización de giro bancario sin la autorización correspondiente y la adquisición fraudulenta de acciones de una sociedad anónima abierta.
La disputa judicial se debe a los denominados Contratos de Asociación para Inversiones, conocidos como “CAI” que ofrecía Sartor. Si bien su nombre no dice mucho, su rol es especialmente relevante para los clientes querellantes Juan Carlos Navarro, María Eugenia González, Luis Felipe Navarro, Ingrid Vyhmmeister, Gabriela Negrín, María Isabel Navarro y María Eliana Navarro.
Estos clientes son representados por el abogado Diego Abogabir, socio del estudio Abogabir Miranda.
¿Qué son los CAI?
Según relata la acción judicial, los CAI eran contratos que ofrecían principalmente dos elementos: el primero, dejar vinculada una inversión a los mismos fondos gestionados por la administradora de Sartor; y el segundo, concretar una inversión en la misma AGF con un retorno asegurado, a una tasa fija mensual.
De acuerdo con el líbelo, los querellados “idearon un esquema defraudatorio en virtud del cual, aprovechándose del desconocimiento de sus clientes en materia financiera, los engañaron con el fin de inducirlos a invertir con ellos y/o celebrar un contrato que le permitió a Sartor apropiarse de su dinero y utilizarlo para beneficio personal”.
La querella sostiene que los clientes de la administradora fueron engañados a aceptar algunos de los CAI, ya que, creyeron “que adquirirían cuotas en fondos de inversión administrados por Sartor AGF y, además, que sus dineros serían invertidos en productos de esta última”.
Sin embargo, según el escrito, los CAI solo eran un “medio fraudulento ejecutado por los querellados para obtener de las víctimas sus dineros, sacándolos de los fondos administrados por Sartor AGF y de las inversiones realizadas por ésta, para entregárselos a Sartor S.A”. Esta última sociedad, a diferencia de la administradora del grupo, no está regulada por la CMF.
Así, mediante este mecanismo -acusan los clientes- estos no quedaban como titulares de cuotas de vehículos de inversión, sino que como acreedores de Sartor S.A.
¿Cuál era el objetivo de llevar a cabo este sistema? A juicio de los querellantes, era “obtener un préstamo de dinero de parte de las víctimas engañadas, sin su conocimiento y consentimiento real, el que a la fecha no han devuelto”.
Según la querella, una vez realizadas las solicitudes de rescate por parte de algunos clientes, uno de los socios de la matriz de Sartor, Óscar Ebel (quien se autodenunció ante la Fiscalía), le habría confirmado a Roberto Negrín -hijo de una de las querellantes- que los directivos de Sartor AGF y Sartor S.A. habían aprobado préstamos a sus propias sociedades y negocios. “Le reconoció que lo anterior era recurrente, pero que tenían la autorización para hacerlo”, dice la acción judicial.
Defensa de Sartor apunta a Ebel
Consultado por DF, el abogado de Sartor, Jorge Cabrera del estudio Winter Etcheberry indicó que “el escrito presentado por amigos y cercanos a Óscar Ebel contiene una serie de omisiones y tergiversaciones muy llamativas. La más importante: olvidan mencionar a Óscar Ebel que no solo era fundador y director, sino que miembro del comité de crédito y dueño de casi un tercio de Sartor”.
Sobre el fondo del asunto, Cabrera afirmó que “todas las operaciones que se mencionan en la presentación de estos querellantes cercanos a Óscar Ebel, se hicieron en el marco de la legalidad y le reportaron importantes ganancias a quienes firman la querella hasta la lamentable intervención de la CMF, que está siendo revisada en el recurso de ilegalidad que presentamos”.
Finalizó indicando que “resulta evidente que acá lo que se busca es criminalizar un conflicto civil con el único fin de lograr una preferencia en el pago. Estamos confiados en que estas circunstancias serán debidamente esclarecidas en el curso de la investigación”.
Junto con lo anterior, la querella -que está acompañada de más de 90 documentos- solicitó que se cite a declarar en calidad de imputados a los hermanos Pedro Pablo y Carlos Larraín Mery, Alfredo Harz, Rodrigo Bustamante, Miguel León y Michael Clark.
En calidad de testigos, nombró a Óscar Ebel, Rosario Aburto (exabogada de Sartor Finance Group), Claudia Hidalgo (ejecutiva de Grupo Sartor) y Bernardita García Huidobro (financial advisor de Sartor Finance Group).
Además, la acción pidió que se levante el secreto bancario de 10 cartolas de cuentas corrientes pertenecientes a Pedro Pablo Larraín, Carlos Larraín, Óscar Ebel, entre otros actores.
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Mateo Navas
