El martes 9 de junio está marcado a fuego en el calendario de las clasificadoras de riesgo, de los bancos de inversión y, por supuesto, en el del Ministerio de Hacienda.
En aquella jornada se cumplen oficialmente 90 días desde que partió la administración de José Antonio Kast. De dicho hito deriva el vencimiento de un plazo crucial para el Ejecutivo: la publicación de su decreto de trayectoria fiscal para los cuatro años de administración.
Se trata de un documento clave para los analistas, el mercado y -por qué no- para el Congreso, ya que incorporará las primeras metas oficiales de la secretaría de Estado liderada por Jorge Quiroz para reducir el endémico déficit estructural que enfrenta el Estado, así como fijar el límite considerado prudente para la deuda bruta del Gobierno Central, hoy establecido en 45% del PIB.
El decreto viene precedido por hechos contrapuestos.
Por una parte, antes de asumir el cargo, el ministro Quiroz planteó una ambiciosa triple meta para el cierre del gobierno: llegar a 2030 con un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 4%, un desempleo en torno al 6% y un balance fiscal estructural.
Pero, por otro lado, el estado en que encontró las arcas públicas era peor a lo que esperaba. Primero, el secretario de Estado denunció que heredó un saldo de caja de apenas US$ 40 millones a diciembre de 2025, y que dicha situación no permitía al Fisco continuar subsidiando el valor de las gasolinas y el diésel en medio de la guerra en Medio Oriente.
Ante esto, ejecutó la cláusula de salida del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), lo que llevó a un alza histórica el 26 de marzo, pero que a la larga le generó ahorros al Fisco por US$ 1.500 millones.
Después, sinceró un mayor déficit en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) publicado el lunes 25 de mayo, donde junto con anticipar un saldo estructural negativo de 3,7% del PIB este año (un punto mayor que lo previsto), advirtió de una “inconsistencia técnica” que implicaría US$ 10.600 millones de deuda pública no contabilizada en la proyección fiscal de 2026 a 2030.
A estos hitos, se sumó una sorpresa: la autorización adicional solicitada al Congreso para aumentar en US$ 6.200 millones el techo máximo de endeudamiento para este año con el fin de hacer frente a mayores presiones de gasto y el pago de deuda flotante a proveedores.
Toda la carne a la parrilla
En el IFP, Hacienda entregó una primera pincelada de su trayectoria, asumiendo que el déficit se reducirá desde el 3,7% de este año a 2,6% el próximo, para luego transitar a 2,5% en 2028, a 2,2% en 2029 y cerrar el 2030 en 1,8% del PIB.
Sin embargo, el ministro Quiroz y el director de Presupuestos, José Pablo Gómez, han enfatizado que dichas estimaciones no serán las mismas que incorpore el decreto. Y que, además, como el punto de partida es peor a lo esperado, el punto de llegada también será distinto.
¿La razón? En términos coloquiales, Hacienda pondrá toda la carne sobre la parrilla, ya que incorporará una serie de supuestos a sus estimaciones que permitirán engrosar la cuenta de ingresos y así amortiguar el déficit, pero renunciando a la posibilidad de llegar a un equilibrio en 2030.
El escenario considerará la probable aprobación del proyecto misceláneo de reactivación y reconstrucción nacional, con el efecto de los menores ingresos por las rebajas impositivas a partir del 2027, pero también con el incipiente incremento por las medidas que aportan mayor crecimiento a la economía. Dicho proyecto genera un saldo neto negativo para el Fisco hasta a lo menos 2031.
A lo anterior añadirá el plan de recorte de gasto por US$ 2.000 millones que han ejecutado Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres) hasta el minuto y que se asume como permanente, junto con otras medidas con efecto sobre ingresos como los US$ 400 millones adicionales por el cobro a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE); mayores retiros de utilidades de empresas estatales, especialmente de ENAP; el cobro pendiente de US$ 150 millones por becas de posgrado en el extranjero; y la mayor recaudación por la restricción a la exención del impuesto al diésel para algunas industrias.
También se incluirá un cambio metodológico sugerido por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) para acotar el impacto a la baja en los ingresos estructurales por el aumento por sobre lo proyectado del precio del cobre.
Solo por este efecto, el déficit estructural se amortiguaría de 3,7% del PIB a 2,8% este año; de 2,6% a 2,0% en 2027; de 2,5% a 2% un año más tarde; de 2,2% a 1,9% en 2029; y de 1,8% del Producto a 1,6% al inicio de la próxima década.
¿Cuál es el déficit esperado?
Varias son las coincidencias entre los economistas de cara al decreto fiscal: una, que el punto de partida es efectivamente peor; y la otra, que resulta difícil pensar en un balance fiscal al cierre de la actual administración.
De ahí que algunos, entre los que se inscribe la directora del CEF de la U. de los Andes, Cecilia Cifuentes, y el gerente de Estudios de Gemines, Alejandro Fernández, ponen el foco en velar por la institucionalidad, y pensar en un objetivo fiscal alcanzable.
La primera argumenta que es “preferible una meta menos exigente, pero creíble, y lo más importante, es que se vaya cumpliendo".
“No me parece factible llegar al equilibrio fiscal solo por el expediente de recortar gasto en un escenario en que, si bien el crecimiento puede ser superior al 2,1%-2,2% contemplado para 2027-30, difícilmente será lo suficientemente elevado, en promedio, para lograr el equilibrio fiscal por mayor recaudación tributaria”, opina el segundo.
¿Por dónde partir entonces?
"Esperaría una trayectoria de consolidación gradual, no una corrección abrupta”, afirma el director de Riesgo Financiero de PwC, Patricio Jaramillo, para quien una trayectoria “razonable” podría ser: 2026 con déficit estructural todavía alto, 2027 cerca de 2,5%; 2028 en torno a 1,5-2,0%; y 2029-2030 cerca de 1,5-1%.
“Llegar bajo 1% sería un excelente escenario y apuntar a cero en 2030 sería el escenario optimista", resalta.
Cifuentes calcula que -si se incorpora el cambio metodológico sugerido por el CFA-, el punto de inicio sería un déficit estructural de 2,7% del PIB, con lo que una senda creíble sería reducir en 0,3% del Producto por año y llegar a un -1% a 2030.
Un número algo menor plantea el exsubsecretario de Hacienda y decano de Economía, Negocios y Gobierno de la USS, Alejandro Weber: sería un “gran avance” comenzar con una meta de déficit estructural cercana a 2,4% del PIB para 2026 y culminar con 1% del Producto para 2030.
Bajo su óptica, ello “solo sería posible si se consolida el ajuste fiscal iniciado por el Ejecutivo, y se refrenda en las sucesivas leyes de presupuesto -por ejemplo, que la Ley de Presupuestos 2027 sea aprobada con US$ 4.000 millones menos que la ley 2026-, y con un mejoramiento de los ingresos vía crecimiento económico, al menos en la última etapa de este período presidencial”.
Entendiendo lo desafiante del balance, dada las presiones de gasto, los menores ingresos del proyecto de reconstrucción como el deterioro observado en las cuentas fiscales, el economista jefe de Banco Santander, Andrés Sansone, sí ve factible acercarse a déficits menores a los actuales, en torno 1%-1,5% del PIB.
Dicho rango, subraya, "igualmente representaría un avance muy importante respecto de la situación actual, aprovechando el mayor precio del cobre y con una trayectoria de gasto aumentando por debajo del crecimiento del PIB”.
Una trayectoria que implica ajustar en casi 1% del PIB el déficit por cada uno de los cuatro años es “muy exigente” para la economista senior de LyD, Macarena García, incluso considerando que habrá medidas compensatorias adicionales en el gasto.
“Dado que el ministro ha anunciado que habrá nuevas medidas de recorte de gastos ineficientes, un balance exigente, pero creíble, sería entre -1% y -1,5% del PIB”, dice.
Para el economista senior de Bci Estudios, Antonio Moncado, una gradualidad realista sería reducir entre 0,6% a 1% del Producto por año el déficit, dependiendo de los parámetros estructurales definidos por los comités de expertos de cobre y PIB de tendencia no minero.
Precisamente, como lo explica, la revisión al alza del precio de referencia del metal rojo "podría contribuir parcialmente a aminorar la estimación de los déficits estructurales, y desde ese punto, a alcanzar un balance estructural en 2030 seguirá requiriendo exigentes contracciones en el gasto público”.
De hecho, el economista jefe para América Latina de Itaú, Andrés Pérez, argumenta que la senda de ingresos estructurales es “particularmente sensible” a las estimaciones del PIB tendencial y del cobre de largo plazo. Probablemente, dice, ambas tendrán aumentos acotados en el próximo ciclo, contribuyendo a una consolidación gradual en términos estructurales, pero “más rápida” en términos efectivos: “Avanzar al balance estructural en cuatro años es bien desafiante, especialmente considerando el complejo punto de partida", advierte. 
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Sebastian Valdenegro
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