La decisión gatillada por Hacienda abrió dos frentes. En lo más inmediato, la arremetida transversal de alcaldes, parlamentarios y el gobernador del Biobío, Sergio Giacaman, fue respondida por el biministro Louis de Grange asegurando la realización de las obras, pero esta vez como un proyecto público. El reto asumido por el MOP es mantener el diseño y los plazos para que “estar operativo de cara al usuario a fines de 2031".
Y en la dimensión general, las empresas y gremios del rubro de infraestructura alertaron sobre los impactos de este caso, que será protagonista en una serie de instancias en las próximas semanas.
La prueba de fuego
El freno a la concesión de transporte público para el Gran Concepción tuvo lugar a días de que el Presidente Kast llamara a un "tsunami de inversiones” en el seminario anual InfraChile 2026 y de que el subsecretario de OOPP, Nicolás Balmaceda, encabezara una ronda de promoción en Corea del Sur y Japón. Antes, una delegación interministerial -organizada por Justicia e InvestChile- presentó el plan maestro en cárceles a empresas en Londres, París y en Madrid, donde tuvo lugar una activa participación del embajador Juan Antonio Coloma.
Y es justamente en esta última ciudad donde se aproxima una prueba exigente para las autoridades. El próximo 14 de septiembre tendrá lugar la jornada inaugural del Chile Day, donde el biministro de Grange tiene programado exponer sobre las oportunidades de inversión en infraestructura y telecomunicaciones.
Esa instancia tendrá como precedente la preocupación despertada entre las compañías con activa presencia en el sector de concesiones chileno. Este es el caso de Sacyr y OHLA, en las cuales el freno a la concesión encendió las alertas sobre el rumbo de las políticas públicas en Chile, de acuerdo a un artículo del diario Expansión. Por ello, en el sector existe expectación por el planteamiento del Gobierno ante los representantes de firmas españolas.
Y otros actores se sumaron al debate. Con el título “Chile quiebra la seguridad del modelo concesional más exitoso de América Latina”, el think tank Instituto Coordenadas para la Gobernanza y la Economía Aplicada dio a conocer un informe que advierte: “el problema no son los US$ 400 millones suspendidos, sino el precedente. Existe un stock superior a veinte iniciativas por US$ 10.000 millones adjudicadas que no han iniciado obras, y una cartera por licitar de 22 procesos por US$ 8.016 millones”. Para el vicepresidente ejecutivo Jesús Sánchez, “un contrato adjudicado que se suspende cuesta treinta años de reputación construida por ocho gobiernos de todos los signos”.
En eso coinciden la industria y sus gremios en Chile, que califican la decisión sobre los corredores como el impasse más grave en la historia del sistema. “Esta decisión afecta negativamente el modelo de concesiones y constituye una señal de alerta para la atracción de inversiones”, dijo en su primera reacción la presidenta de la Copsa, Gloria Hutt. Entre las gestiones desplegadas a continuación por esa instancia, destaca la reunión sostenida este lunes con el titular del MOP, oportunidad en la que “planteamos nuestra preocupación por la estabilidad de las condiciones en el sistema de concesiones, y en este caso vale la pena revisar los antecedentes con mayor rigor y comparar las alternativas para que todos tengamos certeza de la mejor decisión”, indicó Hutt a Señal DF.
Gloria Hutt. Foto: Jonathan Duran
Días cruciales
Las partes involucradas han desarrollado intensas y reservadas gestiones. Este lunes aterrizó en Santiago Alfonso Budiño, director general de Cointer Concesiones, brazo de infraestructura del Grupo Azvi. Además de contactar a los referentes de la industria como Copsa, el alto ejecutivo se reunió con la Directora General de Concesiones, Lorena Herrera, además de encuentros en la Cámara Oficial Española de Comercio de Chile y la Embajada de España.
Los días que vienen son cruciales. Si ya es exigente el periodo de un mes que comprometió el biministro de Grange para elaborar la carta Gantt y los estudios técnicos de un nuevo proceso que se cumple a inicios de septiembre, en la práctica las definiciones clave deben estar claras la próxima semana, específicamente el 21 de agosto con motivo de la visita del Presidente José Antonio Kast a la región del Biobío.
Giacaman espera recibir una respuesta definitiva sobre el futuro de estos proyectos en esa oportunidad. Tras el cónclave que encabezó este jueves con alcaldes, consejeros y gremios, reiteró que “como región no estamos conformes con la propuesta del gobierno”, y enfatizó "que el mejor camino es la concesión”.
La visita presidencial coincide con Impulsa 2026 -encuentro organizado por la CPC Biobío-, en momentos en que el episodio es blanco de críticas de sectores productivos que urgen por mejorar la vialidad. Y si bien se ve complejo que el Ejecutivo entregue una solución completa, la expectativa es que dé a conocer los elementos centrales de su fórmula.
El pronunciamiento de los actores regionales -que en su momento encontraron eco en el titular de Interior, Claudio Alvarado- y la estrechez de los plazos subió la presión sobre el gobierno, que se encuentra en un intenso análisis radicado en el MOP, cuyo titular sostuvo una bilateral con el Presidente este viernes en la tarde.
¿Vuelve la concesión?
A estas alturas, existe coincidencia en que se están estudiando todas las posibilidades. En el ámbito privado impera la opinión de que es imposible que el MOP ejecute el proyecto con el diseño y cronograma actuales -“los plazos no dan de ninguna forma”, dijo un empresario del rubro- mientras otros consultados sostienen que entre las salidas estaría retomar la entrega en concesión a Azvi, alternativa que ven técnicamente posible, ya que si bien Hacienda detuvo las adjudicaciones el 24 de julio, el proceso no ha sido desechado administrativamente.
Por el contrario, conocedores de la interna del Ejecutivo consideran inviable desde la lógica gubernamental que se reanude el proceso interrumpido “-volver a eso es algo muy lejano”, estimó una fuente- y que la actual definición de mecanismos considera todas las opciones de diseño y financiamiento en el marco de un proyecto ejecutado con recursos públicos buscando cumplir en tiempo y presupuesto, tarea en la que participan reparticiones como Vialidad, Concesiones y la Dirección General de Obras Públicas.
Pero otras fuentes no descartan una apertura al estudio de fórmulas que combinen la ejecución vía MOP con modalidades de concesión de áreas específicas del proyecto. 
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Jorge Isla
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