Una de las propuestas más polémicas de la arista medioambiental de la ley de reconstrucción del gobierno fue la restitución estatal a privados por la anulación de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada. La disposición fue llevada por la oposición al Tribunal Constitucional, pero esta última entidad le puso punto final a su camino al declarar inconstitucional la totalidad del artículo relacionado a esta materia.
Si bien los privados veían con buenos ojos la idea, esta no convencía desde el principio en la vereda legal y se encontró con más oposición que adeptos. Pero ya con el desenlace claro, lo sucedido abre los análisis de los caminos a seguir, ya que de todas formas habría coincidencia en que se mantienen los desafíos con respecto a la certeza jurídica que otorga el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Así, la disposición que buscaba que el Estado se hiciera cargo, a través de una restitución, de los montos que había invertido una empresa cuando, con posterioridad, el Estado anulaba o dejaba sin efecto una RCA ya aprobada, quedó fuera de la ley que se publicará en los próximos días.
Respecto de la inconstitucionalidad de la compensación por anulación de RCA, la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, indicó que "habría que pensar en un nuevo mecanismo que resguarde el espíritu del articulado, puesto que se requiere mayor certeza jurídica sobre la obtención de un permiso que ha cumplido con todas las exigencias impuestas por el Estado".
Consultados por DF, desde la multigremial reiteraron que corresponde evaluar un nuevo mecanismo que resguarde el objetivo que perseguía esa norma: otorgar mayor certeza jurídica a los proyectos que han obtenido una RCA favorable luego de cumplir las exigencias establecidas por el Estado. "Los datos muestran que el problema excede ampliamente los casos en que una RCA termina siendo anulada judicialmente", dicen.
Según explican, de acuerdo con el informe semestral de judicialización que elabora la CPC, un 21,5% de los montos de inversión calificados en el SEIA terminan judicializados en tribunales ambientales, lo que abre una nueva etapa que en promedio se extiende por 620 días -cerca de un año y medio- y cuyo resultado, en un 80% de los casos, mantiene la calificación ambiental inicial de las RCA.
Durante todo ese período, aseguran, "la inversión permanece detenida ante el riesgo de una eventual anulación de los permisos, aun cuando esta finalmente no se concrete".
"Frente a esta evidencia, creemos necesario avanzar hacia mecanismos que fortalezcan la predictibilidad, certeza jurídica y estabilidad de las RCA, permitan adelantar inversiones y contribuyan a desincentivar impugnaciones temerarias o manifiestamente infundadas. Avanzar hacia mayor certeza y predictibilidad permitirá que proyectos debidamente aprobados puedan concretarse y generar las oportunidades de inversión, desarrollo y empleo que Chile necesita para reimpulsar su economía", aseguraron.
La presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Rosario Navarro, aseguró que, con el fallo del TC, se entregan mayores certezas sobre el proyecto de Reconstrucción Nacional al confirmar la mayor parte de la reforma. "Lamentablemente, dicha resolución también incluyó el rechazo de otros aspectos de gran relevancia para la industria y la inversión", dijo.
"Esperaremos los fundamentos del fallo para evaluar sus alcances e impactos, y seguir trabajando en medidas que permitan seguir fortaleciendo la certeza jurídica, condición necesaria para el crecimiento y el desarrollo del país”, comentó.
La lectura de los abogados
Romina Tobar, directora del área ambiental de Prieto, sostiene que no estaba de acuerdo con esa norma porque -a su juicio- "generaba incentivos contrarios a la inversión, al aumentar la posibilidad de rechazos de proyectos, para evitar un conflicto posterior sobre responsabilidad funcionaria".
Lo que no le gusta de la decisión del TC, dice, "es que declararon inconstitucional la norma que acotaba la posibilidad de presentar recursos a terceros ajenos al proceso de evaluación".
Para el socio de Bertrand-Galindo Barrueto Barroilhet, Ignacio Urbina, el mecanismo de compensación habría incentivado que proyectos con RCA pudiesen iniciar su etapa de construcción, a pesar de existir litigios pendientes.
Si bien dice que es entendible que esta propuesta no haya prosperado, dado que nunca generó consenso en la comunidad de especialistas, lo cierto -advierte- "es que se mantienen desafíos en torno a la certeza jurídica que otorga el SEIA, luego de largos y exigentes procesos de evaluación". Recoge que, de acuerdo a información oficial del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), hoy toma 385 días aprobar una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y 1.253 días aprobar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
Urbina plantea que, "si hay impugnaciones pendientes, hoy los desarrolladores de proyectos asumen un riesgo importante si inician su etapa de construcción, puesto que pueden perder la inversión si después la RCA es dejada sin efecto".
De este modo, añade que, "para promover inversiones, será muy importante que se avance en otras iniciativas que permitan, entre otras cosas, disminuir los tiempos de tramitación, limitar la discrecionalidad administrativa, desregular exigencias innecesarias, limitar vías de judicialización y acelerar su resolución en tiempos razonables".
El abogado recalca que todo ello es posible de implementar de modo reglamentario y legislativo y permitiría un gran avance en promover el desarrollo de proyectos, manteniendo la protección ambiental. 
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
Karen Peña
{{/if}}
Presentado por:
