Aunque todavía no se conoce quién será el “economista independiente” que estará a cargo de la comisión transversal para revisar el Estatuto Administrativo (EA) que anunció el gobierno, cabe recordar que no es la primera vez que se intenta modificar el EA, que data de 1989. Tampoco es la primera comisión que se crea para analizar el empleo público, ni el primer estudio que se hace al respecto. Ya se ha hecho lo propio en, al menos, seis comisiones asesoras, de las cuales ha emanado mucho diagnóstico, pero escasas modificaciones.
Expertos en función pública coinciden en que el problema no radica en qué hay que cambiar, sino cómo hacerlo, pues al final de todo este análisis hay personas y trabajadores, a los cuales se debe resguardar. Sin embargo, no hacer nada, dicen, también supone que se sigue perpetuando un modelo que ya caducó y que, de no refrescarse prontamente, se verá alcanzado por los cambios tecnológicos y la inteligencia artificial. Solo en el gobierno central hay 534.941, de acuerdo a los datos de la Dipres, los que aumentan a 859.035 si se consideran los SLEP y los servicios de Salud.
Pero si no es la primera vez que se intenta cambiar el EA, ¿qué ha impedido que se efectúen las adaptaciones antes? En el análisis de los expertos tiene que ver con la variedad y rigidez de algunos contratos, la falta de voluntad política y la ausencia de continuidad en el trabajo, como las principales razones, aunque no las únicas.
Los tipos de contrato
En el sector público existen tres tipos de contratos: las plantas, las contratas y, aunque no formalmente, los honorarios. El primero responde a la cantidad de personal indispensable que necesita un servicio para su funcionamiento; el segundo a personal que ejercerá funciones transitorias; y los terceros a personal cuyas labores no son habituales en el servicio.
El exdirector del Servicio Civil, Pedro Guerra, explica que “uno de los problemas grandes que tiene el empleo público en Chile hoy día es la diversidad y la disparidad también de condiciones en las calidades contractuales que tiene. (...) No estoy seguro si debiéramos apagar todo y partir de cero con un régimen de nuevo, pero sí estoy seguro que hay cosas que mejorar, sobre todo en el ámbito de la contrata”.
A eso, la presidenta del Consejo Asesor Permanente para la Modernización del Estado, Trinidad Inostroza, agrega que “en el régimen de remuneraciones, dadas las distintas y diferentes asignaciones, hay bastantes diferencias. A veces tú ves funciones que son altamente demandantes, exigentes, y que no están bien remuneradas”.
Voluntad política y continuidad de Estado
Si bien en varios gobiernos se ha intentado modificar el EA, en la práctica la contingencia va desplazando estas temáticas hasta el final del gobierno y con ello, no se concreta nada. De igual manera un problema que asoma es no reconocer que esta acción responde a una política de Estado y no de un gobierno, por lo tanto, darle continuidad a ese trabajo se vuelve esencial. En ese sentido, hay una acumulación de diagnósticos hechos por las distintas comisiones y en lo más reciente por el Consejo Asesor Permanente para la Modernización del Estado.
Inostroza plantea que “es un tema de voluntad, de aunar criterios para avanzar en estas reformas que son transversales al Estado. Hay bastante literatura, antecedentes e informes que sería importante que se consideraran por esta comisión, de manera de ir avanzando en espacios en donde las partes también puedan manifestar cuáles son sus principales aprensiones, preocupaciones o temores”.
Evaluaciones e indexación de beneficios económicos
Cambiar un régimen laboral que tiene aparejadas las evaluaciones de desempeño con compensaciones económicas también ha representado un impedimento, porque para hacerle modificaciones los gobiernos tendrían que plantear una alternativa, como por ejemplo, incorporar los bonos por cumplimiento de metas al sueldo base.
Guerra sostiene que “no es un tema ni de instrumentos ni de diseño, es un tema más profundo de cultura. En mi opinión se deberían desindexar de incentivos (económicos) (...) porque se termina desvirtuando el objetivo original de la medición de desempeño, que es que la gente mejore su trabajo y mejore los resultados de la institución”.
El presidente de la ANEF, José Pérez, se abre a modificar este incentivo pero menciona que debe ir con “un trabajo regular, un contrato claro, con responsabilidad asignada, con capacitación, con movilidad, y con una banda salarial acorde a una progresión”.
Cláusulas de salida
Remover de su cargo a un funcionario a contrata, por ejemplo, sigue las mismas reglas que una planta, más la posibilidad de no renovación o término anticipado. En ese caso, los funcionarios se van sin una indemnización, por lo que los trabajadores han planteado que si una autoridad quiere remover a un empleado esta deba enmarcarse en dichas reglas, dejando fuera la discrecionalidad.
En este punto, desde la ANEF plantean que el foco hasta el momento solo se ha centrado en cómo despedir y no cómo mejorar el empleo público. Su presidente señala que lo central está en “cómo abordamos que no se ponga por delante la figura de la salida de los funcionarios, es decir, cómo yo los despido, sino que primero hablemos de trabajo eficiente, de carga funcionaria, de desarrollo laboral, que eso se echa de menos”. 
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