Algunos lo califican como un golpe para el próximo gobierno de José Antonio Kast. Otros, como un nuevo marco para el plan de agilización de proyectos de inversión en las áreas inmobiliarias, retail, mineras, concesiones, agricultura, acuicultura, de la nueva administración que asume el próximo 11 de marzo.
La Contraloría General de la República -liderada por Dorothy Pérez- publicó en el Diario Oficial este sábado 21 de febrero, la resolución N° 3 del 26 de enero de 2026 (que modificó una anterior del año 2024), señalado en un numeral 16.5 que deben ingresar a toma de razón los siguientes actos, los que según el abogado inmobiliario, Rodrigo Andreucci, antes ni nunca tuvieron este trámite.
“16.5. Actos que aprueben o contengan normas, instrucciones, guías u orientaciones de aplicación general, así como sus modificaciones, emanados de las siguientes entidades públicas: Consejo de Monumentos Nacionales; Ministerio de Salud y sus secretarías regionales ministeriales; Ministerio de Educación y sus secretarías regionales ministeriales; Ministerio de Vivienda y Urbanismo y sus secretarías regionales ministeriales; Ministerio del Medio Ambiente y sus secretarías regionales ministeriales; Servicio de Evaluación Ambiental; Dirección General de Aguas”.
Para abogados de la plaza, esta resolución de la Contraloría es un freno a nuevas normas reglamentarias, vía decreto, que vayan a re interpretar las leyes, y pondría en riesgo todos los planes de inversión y de agilización en las áreas que día a día estos siete organismos públicos actúan ante inmobiliarias, constructoras, supermercados, comercio, retail, concesionarias, empresas agrícolas, acuícolas, entre otros.
“Es una mazazo para el nuevo gobierno la resolución de la Contraloría; tendrá hasta el 31 de mayo para dictar guías, instructivos, circulares sin que entren a toma de razón, de modo que habrá una avalancha de estas normas, que luego serán impugnadas en Contraloría y cortes de justicia por quienes se sientan afectados”, dijo el abogado Rodrigo Andreucci, quien sostuvo: “No fue prudente dictar ahora esta resolución, cuando necesitamos racionalizar tantas normas ilógicas, perjudiciales e innecesarias”.
Se estima que el proceso de toma de razón de algo simple demora de nueve meses a dos años.
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J. Troncoso Ostornol
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