La empresa OHL Industrial Chile -OHLI, especialista en ingeniería y montajes; filial de la gigante española OHLA- solicitó a la justicia la apertura de un proceso de liquidación voluntaria. Sus pasivos superan los $ 21 mil millones.
La compañía, asesorada por Benjamín Grebe del estudio Prieto, fue constituida en 2001 como sociedad anónima cerrada, teniendo por objeto atender la demanda de equipamiento, ingeniería y servicios asociada a la adaptación medioambiental del sector industrial, de obras públicas y minero, así como la realización de estudios geológicos e hidrológicos de diversa naturaleza. “Desde su constitución, la sociedad ha sido controlada por su matriz extranjera, con la cual ha mantenido una relación operacional y financiera permanente”, explicó la firma.
Según se detalló en su presentación a la justicia, la compañía, en el desarrollo de sus actividades, recibió de su matriz servicios corporativos y de ingeniería en virtud de un contrato de prestación de servicios. “No obstante, a partir del año 2023, la sociedad comenzó a experimentar un deterioro sostenido de su situación financiera, reflejado en resultados negativos, un incremento relevante de sus pasivos -principalmente con partes relacionadas— y una disminución progresiva de su liquidez”, sostuvo.
Su actual situación, aseguró la firma, obedece principalmente a tres factores: el incremento progresivo de su endeudamiento con personas relacionadas para hacer frente a la liquidez necesaria del desarrollo de su giro; la existencia de contingencias judiciales relevantes, tanto en sede civil como laboral; y la mantención de saldos impagos con proveedores y otros acreedores operativos.
El juicio
En julio del año pasado, el Tribunal Arbitral establecido por el Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de Santiago, condenó a OHLI a pagar $ 15.647 millones más interese a Syncore Montajes SpA ante el incumplimiento de un contrato para la construcción de un proyecto minero.
El litigio partió en 2022, cuando Syncore Montajes (entonces Promet Montajes) presentó ante el CAM Santiago una solicitud de arbitraje para someter a ese mecanismo sus diferencias. La compañía demandó el cumplimiento forzado del contrato con indemnización de perjuicios por incumplimiento.
La controversia se originó durante la ejecución de un contrato EPC suscrito en 2019 entre OHLI y Mantos Copper por unos US$ 160 millones, en el cual Syncore actuó como subcontratista para la construcción de las obras greenfield asociadas al proyecto.
Debido a múltiples causas, el proyecto inicialmente concebido para ejecutarse en 11 meses, se extendió a casi el doble del plazo original, redundando esto, según Syncore, en perjuicios y mayores costos.
Precisamente, según informó OHL Industrial Chile a la justicia, su mayor acreedor corresponde es la sociedad de montajes por el mencionado laudo arbitral.
“Dicha acreencia se encuentra pendiente de pago, toda vez que actualmente se encuentra vigente una orden de no innovar en el procedimiento en el cual se tramita el recurso de queja que pretende mitigar los efectos de la sentencia condenatoria contra OHL Chile”, sostuvo la compañía.
Y añadió: “En este contexto, y atendida la imposibilidad real de estructurar una reorganización de pasivos que permita resolver de manera definitiva la situación financiera de la empresa deudora, resulta evidente su incapacidad para cumplir regular y oportunamente con sus obligaciones exigibles y futuras”.
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J. Troncoso Ostornol
