Esta medida, que será uno o varios decretos de Hacienda una vez que asuma la nueva administración, constituye el primer gran paso del Gobierno entrante con miras a equilibrar las cuentas fiscales y converger a un balance estructural hacia 2030.
Según constatan fuentes conocedoras de este trabajo, aún no está todo el detalle respecto de en qué materias los distintos ministerios deberán hacer el ajuste de 3% y cuánto corresponderá a gasto corriente y cuánto a gasto de capital. Se espera, eso sí, que se concentre en el primero.
Actualmente, Quiroz y el futuro director de Presupuestos, José Pablo Gómez, están trabajando en el diagnóstico de la “real situación fiscal”, el que no estará listo hasta que los nuevos ministros se instalen en sus respectivas carteras y conozcan cada uno la situación financiera que recibe, “tanto los gastos comprometidos sobre la línea como bajo la línea”. “Recién entonces se sabrá, por ejemplo, si hay gastos comprometidos en los ministerios que no estén financiados”, comenta un conocedor.
El plan es que desde ese momento la Dipres inicie un trabajo con cada ministerio para definir dónde se ejecutarán los recortes, para que luego Hacienda emita los respectivos decretos. Fuentes conocedoras de esta materia, afirman que, en todo caso, es difícil en que la práctica el ajuste sea parejo, ya que siempre hay carteras más apretadas o con mayores urgencias que otras.
Por ahora, los futuros inquilinos de Teatinos 120 presumen que la situación fiscal es incluso peor que la revelada por el actual Gobierno en el cierre oficial del año 2025 y que mostró un déficit estructural de -3,6% del PIB, dos puntos mayor que el proyectado inicialmente. En el nuevo equipo de la Dirección de Presupuestos también esperan conocer el total de compromisos para los próximos años, incluidos los gastos “bajo la línea” y con ello armar un mapa general de la situación financiera.
La próxima semana, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) publicará un informe en que previsiblemente cuestionará que el Gobierno incumpliera en 2025 por tercer año consecutivo la meta de balance estructural que se autoimpuso y nuevamente advierta que la situación de las finanzas públicas para los próximos años se ha vuelto más estrecha.
Orden de austeridad
Otra de las medidas que tomaría la nueva administración apenas asuma es la emisión de parte de Presidencia de un instructivo de austeridad a todas las reparticiones del sector público. Generalmente este tipo de mandatos apuntan a contener el gasto corriente, por ejemplo, en viajes de funcionarios, renovaciones de automóviles, o en contratación de personal a honorarios.
Si bien la reducción de gasto que se consigue con estas medidas no es significativa respecto del que se alcanzaría con el 3% del presupuesto total, entre las autoridades entrantes consideran que es una “señal” más visible de que el Estado “se va a apretar el cinturón”.
Esa medida es adicional al instructivo que ya emanó la Oficina del Presidente Electo (OPE) a todas las nuevas autoridades para que el gasto total de sus gabinetes sea 15% menor que los actuales. Ese ajuste lo pueden hacer bajando el número de asesores o los sueldos de estos.
Presupuesto para los cuatro años
Una innovación que también prepara el nuevo equipo de Hacienda es que realizará una planificación presupuestaria para los cuatro años de Gobierno. Históricamente, las leyes de presupuestos se elaboran con una mirada muy concentrada en el año siguiente, y la planificación financiera de mediano plazo queda relegada a un segundo plano. La idea de las nuevas autoridades es que, tanto desde la Dipres, como de los propios ministerios, planifiquen el gasto pensando en el mediano plazo, con el objetivo de ir generando mayores holguras hacia adelante.
“Una mirada plurianual más detallada, permite, por ejemplo, que gastos que se recorten en 2026 sean permanentes y no se reviertan al año siguiente, o también acordar con los ministerios financiamiento para sus programas para los años siguientes. Siempre pensando en la convergencia al balance en el período de Gobierno”, explica una fuente entendida en estos temas.
El nuevo Gobierno tiene 90 días para emitir su decreto fiscal, en que el fijará las metas para el período. Las nuevas autoridades hasta ahora están comprometidas con una reducción gradual del déficit estructural para llegar a 0% al 2030. Respecto de la deuda, aún está en evaluación si se mantendrá anclada en 45% del PIB como el límite prudente máximo, aunque es probable que así sea.
En mayo, en tanto, la Dipres debiera publicar el primer Informe de Finanzas Públicas (IFP) elaborado por la nueva administración, el que ya mostraría una mejora respecto del IFP del cuarto trimestre de 2025 que presentó el actual Gobierno.
En el nuevo documento podría haber una leve mejoría en las proyecciones de ingresos si se mantienen los actuales precios del cobre y los datos de actividad y, por otro lado, se debería reconocer el menor gasto público previsto para 2026 considerando todos los ajustes que se están planificando. Con eso, el déficit efectivo (-1,8% del PIB) y estructural (-2,7% del PIB) proyectados hasta por el Gobierno saliente para 2026, mostrarían una primera disminución. 
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