A días de que el presidente electo José Antonio Kast asuma el Gobierno, esta será una compleja decisión, para algunos ineludible, que deberá enfrentar la próxima administración, ante el aumento de la presión de Estados Unidos por este tema.
“Desde hace años hemos estado pidiendo encarecidamente al Gobierno chileno que adopte mecanismos de evaluación de inversiones. Las economías avanzadas alrededor del mundo tienen un proceso para evaluar las inversiones extranjeras para asegurarse de que su infraestructura crítica –sus puertos, sus líneas de transmisión de electricidad, y sus redes de telecomunicaciones– estén protegidas. Es una buena práctica de la OCDE. Los Estados Unidos tienen uno. España tiene uno. Canadá, el Reino Unido, Australia también. Pero en Chile no es así”, afirmó el lunes el embajador de Estados Unidos en el país, Brandon Judd.
En efecto, la gran mayoría de los países miembros de la OCDE, incluyendo EEUU, Canadá, Australia y casi todos los miembros de la Unión Europea, han implementado mecanismos para autorizar inversiones que puedan representar una amenaza a la seguridad nacional.
La OCDE ha desarrollado guías sobre cómo aplicar estas herramientas, pero, en la práctica, los modelos que se han ejecutado varían de un país a otro. El más utilizado es el que regula la inversión en ciertos sectores críticos o estratégicos. Esto requiere definir de antemano las actividades económicas que tienen una importancia para la seguridad nacional (ver nota adjunta).
Matías Pinto, socio de GeoGig Consulting y exjefe del Departamento Económico de la Embajada de Chile en EEUU, afirma que el país ya está atrasado en esta materia y será una decisión inevitable del próximo Gobierno en el marco de la negociación bilateral que tiene lugar desde que la administración Trump impuso sus aranceles. En todos los diálogos y acuerdos llevados a cabo por Washington en los últimos meses este es un tema que trata de imponer, explica Pinto.
Con un mundo más tensionado geopolíticamente, con Estados Unidos y China enfrentados por ganar hegemonía, la decisión de Chile es aún más compleja, después de todo, se trata de sus dos principales socios comerciales.
Por ello, los analistas señalan que, si bien esta es una presión estadounidense para frenar a los chinos, cualquier modelo de evaluación de inversiones no puede apuntar explícitamente a ningún país. Al contrario, lo que se pretende es dar certeza y argumentos jurídicos para decidir qué inversiones entran y cuáles no, considerando que Chile es una economía que por Constitución o por Tratados de Libre Comercio atiende al principio de no discriminación.
La paradoja
Para Pinto “la paradoja es que un Gobierno que viene con el concepto de emergencia económica y con la lógica de eliminar procesos y burocracia a las inversiones, por un tema geopolítico, se verá enfrentado a crear una nueva burocracia para los proyectos”. Asimismo, dice que “es contraintuitivo que un Gobierno que se entiende más afín a la libertad económica deba crear una entidad en el Estado que defina qué inversiones pueden o no hacerse en Chile con capitales extranjeros”.
El economista de Clapes UC, Hermann González, coincide en que Chile requiere tener este mecanismo, pero debe hacerse con cuidado, para que no implique una ralentización en los proyectos de inversión. “Este es un tema que no estaba en el programa de Gobierno, que si no se hace bien podría ser contradictorio con los objetivos de agilizar la inversión y el crecimiento y, por lo tanto, hay que analizarlo en profundidad, mirando las mejores experiencias, para que no sea contraproducente con los objetivos planteados”, afirma.
Australia, por ejemplo, implementó este año un proceso más rápido para inversores con buen historial -como un fondo de pensiones de Canadá o Noruega-, de manera que el screening demora menos de 30 días. Sin embargo, para sectores sensibles o inversores estatales el proceso puede ser en extremo prolongado.
Por otra parte, este es un tema que divide a los gremios empresariales, dependiendo de si los sectores son mayormente receptores de inversiones estadounidenses o chinas. “Como en toda negociación internacional hay intereses contrapuestos. Por ejemplo, cuando se negocia un TLC, lo que se hace es negociar sectores y algunos que van a estar incluidos y otros no”, dice Matías Pinto.
Chile analizó mecanismos
A fines de 2020, tras la compra de CGE por parte de capitales chinos, la fallida adjudicación de pasaportes y la licitación del 5G, un grupo de parlamentarios presentó un proyecto de ley para que inversiones extranjeras en áreas estratégicas tuvieran que ser aprobadas por quorum calificado en el Congreso. El diputado Jaime Naranjo (PS), quien fue uno de sus impulsores, dice que “lo que ha ocurrido ahora con China forma parte de la improvisación en estas materias estratégicas”.
Agrega que “el próximo Gobierno va a navegar en aguas muy turbulentas y difíciles. Deberá tener mucha muñeca internacional, porque no se va a poder amar a dos dioses”. En su opinión, se debe crear un mecanismo especial de inversiones cuando sea un Estado y no un particular el que invierte en el país. Eso apunta directamente al Estado chino.
Coincide el diputado Miguel Mellado, quien el año pasado dejó RN para apoyar a la candidatura de Kast y también firmó la moción del 2020. A su juicio, “nuestro país va a retomar la senda del crecimiento ordenado con el Presidente Kast y las inversiones deben llegar en cantidad, donde todos son bienvenidos, pero debe haber un filtro geopolítico”.
El actual Gobierno también analizó mecanismos de evaluación de inversiones. Un informe del Ministerio de Economía de España sobre el Control de inversiones extranjeras de 2023 señala que en julio de ese año se realizó una visita conjunta de Estados Unidos y España a Chile por este tema. Ambos países están entre los principales orígenes de inversión extrajera al país. “El objetivo español era aportar conocimiento y experiencia desde una perspectiva técnica para ayudar a Chile en los pasos iniciales de la potencial implementación de un mecanismo de control de inversiones”, señala el documento.
Legislar sobre la marcha
Algunos expertos advierten el riesgo de que un tema sensible como este -que requiere proyecto de ley- se politice más de la cuenta si llega al Congreso. La sola definición respecto de qué sectores incluir en un mecanismo de evaluación podría generar un fuerte debate entre los distintos sectores políticos.
El exfiscal Nacional Económico y actual director del CentroCompetencia (CeCo) de la UAI, Felipe Irarrázabal, plantea que si Chile quisiera avanzar en esta materia la ley, además de definir qué se quiere proteger, también deberá establecer cuál será el órgano que va a decidir si se aprueba o no una inversión y cómo se compone, así como el procedimiento. Destaca que, junto con mirar la experiencia internacional y las recomendaciones de la OCDE, se puede tomar la experiencia “exitosa” de la FNE para el control de concentración. Dice que, es un mecanismo similar, pero cumplen funciones distintas e independientes.
Otros expertos coinciden en que el organismo que se cree probablemente deba contar con la visión de Hacienda, Cancillería e instituciones relacionadas con la seguridad nacional como Defensa y la Agencia Nacional de Inteligencia. Otros plantean que debe ser independiente del Gobierno de turno. 
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