Se estima que entre 35 y 40 países cuentan actualmente con mecanismos formales de screening de inversiones extranjeras (FDI screening) y la tendencia es de un crecimiento acelerado. De hecho, desde 2020, el número de países con estos controles casi se ha duplicado.
Existen tres modelos que destacan por su enfoque y nivel de intervención. Así, aunque el objetivo es común, países como España, Australia y Estados Unidos han desarrollado modelos de screening con matices, prioridades y niveles de dureza radicalmente distintos.
El Modelo Español: Protección Industrial y del Bienestar
El modelo español de screening es un mecanismo de supervisión que permite al Gobierno analizar, autorizar o vetar la entrada de capital extranjero en empresas consideradas estratégicas.
En la nación europea, el regimen de control de las inversiones foráneas quedó definido en el Real Decreto de Inversiones Extranjeras, mientras que la Junta de Inversiones Exteriores (JINVEX) es la encargada de aplicarlo.
Es un screening que se activa bajo dos criterios principales: cuando un inversor adquiere el 10% o más del capital social de una empresa, o cuando adquiere una capacidad de influencia significativa en su gestión. Los sectores bajo lupa incluyen infraestructuras críticas (energía, transporte, agua), tecnologías de doble uso (IA, semiconductores), medios de comunicación e información sensible.
El objetivo no es establecer barreras a la inversión extranjera, sino analizar el riesgo de estas inversiones podrían implicar para el país, y en casos determinados establecer medidas de mitigación.
Somete también a autorización previa las inversiones de residentes en países de la UE o la AELC (Asociación Europea de Libre Comercio que incluye a Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza) cuando se dirijan a empresas cotizadas en España, o cuando el valor de la inversión supere los 500 millones de euros si se trata de una empresa no cotizada, en el caso de que la actividad de la sociedad española se incluya en alguno de los ámbitos definidos como estratégicos.
Hay varios casos emblemáticos que muestran cómo actúa el Estado en estos sectores cruciales. El más ejemplar es el veto a la OPA del grupo húngaro Ganz-Mavag sobre el 100% del fabricante de trenes Talgo (2024). El Gobierno vetó la operación alegando razones de seguridad nacional y orden público. El motivo de esto fueron sospechas de vínculos entre el consorcio húngaro con el entorno de su Presidente, Viktor Orbán y, de forma indirecta, con intereses rusos.
Otro caso reciente e insigne fue la entrada de STC en Telefónica, oportunidad donde la negativa no fue tan rotunda. En cambio, se instruyeron una serie de condiciones cuando la operadora saudí SRC Group compró por sorpresa el 9,9% de la firma local. Por tratarse de un sector de defensa y telecomunicaciones, se activó de inmediato el screening.

El modelo EEUU: hegenomía tecnológica y seguridad nacional
El modelo estadounidense es liderado por el Committe on Foreign Investment un the United States (CFIUS).
Es probablemente el más potente y sofisticado a nivel mundial. Cuenta con un enfoque de seguridad nacional, un matiz militar y una impronta de inteligencia muy fuerte.
El modelo ha evolucionado hacia una supervisión total. No solo controla quién invierte en su territorio (inbound), sino que ha consolidado el screening inverso (outbound), prohibiendo que capital estadounidense financie tecnologías punta en "países de especial preocupación" como China.
El CFIUS es todopoderoso, ya que puede investigar operaciones años después de cerrarse y forzar desinversiones si detecta riesgos para la seguridad. No obstante, ha introducido el Known Investor Program en 2026 para agilizar las inversiones de países aliados.
El modelo australiano: para proteger los recursos naturales
Australia posee uno de los modelos de screening más antiguos y estrictos, el cual es gestionado por la Foreign Investment Review Board (FIRB), un organismo técnico que asesora al Tesoro. A diferencia del modelo político español, el australiano es altamente procedimental y se rige por un enfoque de "riesgo dinámico".
Australia al ser una potencia minera, el control se centra de forma masiva en los minerales críticos (litio, tierras raras) para evitar que un solo cliente extranjero controle también la extracción (por ejemplo, China). También ha endurecido su vigilancia en infraestructura y datos (redes eléctricas, puertos y centros de datos), así como en tierras agrícolas que tienen umbrales de revisión mucho más bajos (desde los 15 millones de dólares australianos).
De esta forma, los inversores estatales extranjeros deben notificar cualquier operación, sin importar el monto. Además, en 2026, el país ha destacado por su dureza en el sector inmobiliario, imponiendo multas millonarias por la compra de viviendas sin autorización previa.
En una reforma hecha hace poco, se implementó un sistema de fast track para inversores de confianza (fondos de pensiones globales o aliados históricos) en sectores de bajo riesgo con el objetivo de destrabar la burocracia. 