El pronto ingreso al Congreso del proyecto de ley del Gobierno que busca avanzar en un modelo de negociación colectiva ramal o multinivel está generando críticas entre diversos actores.
Hoy, la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, se refirió al tema y cuestionó el actuar del Gobierno.
“Se está cumpliendo con un compromiso que se hizo desde la candidatura presidencial. Y claramente, a estas alturas, es básicamente una señal política que tiene muy baja viabilidad de avanzar en el Congreso, donde se conocen muy bien las posiciones desde los distintos sectores, particularmente desde el mundo empresarial y sobre todo desde las pequeñas empresas”, dijo la dirigenta.
Para Jiménez, además, se trata de una iniciativa que no apunta al problema real que vive el mercado laboral local: la baja creación de empleo.
“Es una iniciativa que se ve como algo que en vez de ir en la dirección de crear más empleo, más crecimiento, más inversión, lo que hace es dificultar aún más las contrataciones, porque de alguna manera se trata de equiparar, a través de una negociación ramal, condiciones que no dicen relación ni con el tamaño, ni con las reales capacidades que tienen las distintas empresas dentro de ese sector productivo”, cuestionó.
Desde su perspectiva, es un proyecto “particularmente dañino” para las empresas de menor tamaño.
“Esto va en contra del espíritu de generar más empleo en una economía cuyo mercado laboral ha dado cuenta de una debilidad importante. Llevamos prácticamente tres años con tasas de desempleo sobre 8%, y lo que es más grave es que de acuerdo a los estudios del Banco Central, esto ya parece ser una tasa estructural o tasa de referencia de desempleo, lo que quiere decir que si no hacemos tomamos medidas decididas para volver a generar empleo, no va a ser posible bajar de esos niveles”, insistió.
María Teresa Vial, presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), también se sumó a los cuestionamientos. “Imponer condiciones comunes a nivel sectorial puede traducirse en mayores rigideces y costos, afectando especialmente a las pequeñas y medianas empresas, desincentivando la contratación formal y limitando la inversión”, dijo.
Para ella, cualquier cambio laboral "debe tener el propósito de generar empleo formal y de calidad, conforme a la viabilidad económica de las empresas, resguardando la competitividad, el empleo formal no solo para algunos privilegiados y el desarrollo sostenible del país".
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