El arribo del Gobierno del Presidente electo, José Antonio Kast, abre interrogantes sobre la prioridad que tendrán la ciencia, la tecnología y la innovación en un contexto de bajo crecimiento, estrechez fiscal y una administración que se ha definido “de emergencia”, centrada en la seguridad y la economía.
Chile destina un 0,41% del Producto Interno Bruto (PIB) al gasto en investigación y desarrollo (I+D), lejos de la meta del 1% que se fijó la actual administración y del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que bordea el 2,7%.
Consultados por DF, siete referentes del mundo académico, tecnológico y de la innovación proyectan un escenario de cautela para 2026, con escaso margen para un alza del gasto público en I+D, pero con oportunidades para activar la inversión privada, si se apalanca con incentivos tributarios.
La exsubsecretaria de Ciencia, Carolina Torrealba, durante el segundo mandato de Sebastián Piñera, dijo que no tiene “ninguna expectativa” de que el próximo ejercicio sea un año de anuncios de aumento presupuestario en ciencia, tecnología e innovación, considerando las prioridades del Presidente electo.
“Para 2026 es fundamental que el gasto en esta materia no solo se mantenga, sino que comience a converger hacia niveles que permitan competir internacionalmente”. Francisco Guzmán (ACTI)
Una visión similar tiene el exvicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitran: “Creo que se reducirá la inversión pública en I+D e innovación, lo que afectará principalmente a la Corfo y la Anid (Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo)”, sostuvo.
La subdirectora de Desarrollo Tecnológico y Comercialización de la Dirección de Innovación de la Universidad de los Andes, Silvana Becerra, comentó que es “bastante probable que en este discurso de orden fiscal que tiene el próximo Gobierno, la inversión pública en I+D se contraiga o mantenga. Veo muy poco probable que esto crezca, al menos en el corto plazo”.
En tanto, la directora ejecutiva del Hub APTA, Varinka Farren, señaló que dado los ajustes que habrán, “es posible que puedan existir ciertos recortes” que afecten el gasto del Estado en I+D, pero tras leer los programas de Kast, “tiendo a pensar que va a incentivar mucho el gasto privado” y eso lo puede mantener o subir.
Desde el mundo del emprendimiento, la directora ejecutiva de Climatech Chile, Florencia Mesa, proyectó que la I+D difícilmente estará entre las prioridades inmediatas del Gobierno, por lo que estimó que en 2026 el gasto “tendería a mantenerse o incluso bajar”.
Más optimista está el CEO de Kura Biotech, Eduardo Wallach, quien descartó una caída en la inversión en I+D y proyectó que en 2026 debería observarse un aumento, explicado por una mayor inversión privada.
“Chile, dentro de su enorme rezago de inversión en I+D, ya está en el 0,41% del PIB, donde el componente público es más alto de lo que debería ser. Es viable que este Gobierno tome la posta, porque no debiera venir de recursos del Estado. Ahora le toca a los privados, ese debería ser el foco”, dijo.
El presidente de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información (ACTI), Francisco Guzmán, afirmó que el país necesita una “política de I+D que deje de ser letra muerta y pase a ser motor productivo” y mencionó que para 2026 es “fundamental que el gasto en esta materia no solo se mantenga, sino que comience a converger hacia niveles que permitan competir internacionalmente”.
Propuestas
El programa del Presidente electo tiene referencias a la I+D y la innovación en tres ámbitos: fortalecer la colaboración entre la academia e industria para fomentar proyectos de I+D aplicada para impulsar la innovación y productividad; crear un nuevo estatuto para inversionistas en temas que impliquen transferencia tecnológica y desarrollo de capital humano; y acelerar la transferencia tecnológica.
DF se contactó con el comando de Kast para conocer el detalle de sus propuestas en I+D, pero declinaron participar en el reportaje.
Los entrevistados, en general, coincidieron en que el programa del Presidente electo no incluye definiciones concretas o explícitas en innovación e investigación aplicada, pero difieren en las razones.
Por ejemplo, para Torrealba, esto responde a una campaña donde no se abordaron estos temas, por lo que otorga un margen “de beneficio de la duda” a las definiciones que puedan surgir una vez iniciado el Gobierno.
En tanto, Farren dijo que la ausencia de menciones explícitas “refuerza la percepción de que la innovación no ocupa un lugar central en la estrategia del próximo Gobierno, al menos en su formulación inicial”.
Mesa sostuvo que las prioridades en seguridad, economía y reducción de la burocracia, dejan a la I+D en un segundo plano, pero “podría existir un efecto indirecto positivo si el énfasis en eficiencia y crecimiento económico se traduce en mayor adopción tecnológica por parte de las empresas”.
Mientras Becerra, si bien afirmó que “faltan bajadas concretas”, destacó que hay menciones a la I+D en ámbitos específicos, como “la permisología” en empresas críticas para la economía chilena como la minería.
Los entrevistados destacaron algunas medidas programáticas de los candidatos Evelyn Matthei y Johannes Kaiser en innovación e I+D, las que podría recoger la nueva administración.
Farren destacó la Estrategia Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, planteada por Matthei, y el Centro de Alta Tecnología para la Innovación y Desarrollo, de Kaiser, las cuales -dijo- se alinean con prioridades compartidas entre Gobierno, academia y sector privado.
Torrealba resaltó el programa de la candidata de Chile Vamos, la continuidad de la Política Nacional de Inteligencia Artificial, el fomento del emprendimiento científico y tecnológico con énfasis en I+D y la investigación relacionada con la astronomía.
Mesa rescató de Matthei transformar al país en un hub de inversiones en innovación para atraer capital privado hacia proyectos de I+D. Y de Kaiser, la simplificación de trámites regulatorios relacionados con investigación y emprendimiento científico tecnológico, sin caer en una “desregulación sin contrapesos”.
Incentivos a privados
Uno de los puntos donde existe mayor convergencia es en la expectativa de que el próximo Gobierno se apoye con mayor fuerza en el sector privado.
Farren planteó que es “probable” que la administración de Kast impulse esquemas de cofinanciamiento público privado, pero llamó a no centrarse en los retornos de corto plazo, sino también en proyectos que “tienen una maduración mucho más lenta” por su potencial de generar avances tecnológicos de alto impacto.
Wallach, de Kura Biotech, afirmó que para que los privados aumenten su participación se debe avanzar en incentivos tributarios. “Es una herramienta muy importante. Existe la Ley I+D, que es una buena ley, pero compleja de operar; el Gobierno podría facilitar más mecanismos para que pueda ser utilizada por más empresas pequeñas”, dijo.
Un punto al que se plegó Bitran, al señalar que existe un proyecto de ley en el Congreso en esta línea, pero que no ha logrado avanzar.
Desde la academia, Becerra propuso impulsar la I+D en 2026, sin depender únicamente de recursos del Estado, con incentivos para que el sector privado apoye la innovación, la cual proviene de “las instituciones generadoras de conocimiento (...) van a tener que ocurrir ciertas modificaciones que son estructurales”, pero “graduales” apuntó, para un correcto funcionamiento de esta alianza.
Torrealba advirtió que para que crezca la proporción de gasto privado en I+D como porcentaje del PIB –como ocurre en las principales economías de la OCDE- se requiere una base sólida de inversión pública.
Guzmán señaló que se requiere fomentar la inversión empresarial en I+D, “mediante incentivos claros y mecanismos de mercado, puede ayudar a compensar limitaciones fiscales del sector público. Esto, además de impulsar la capacidad de innovación, también mejora la competitividad de las empresas a nivel global”.
¿Con o sin meta?
Los expertos ven que un desafío del próximo Gobierno será definir -o no- una meta de gasto en I+D a 2030. La administración del Presidente Gabriel Boric finalizaría su período alcanzando un 0,7% del PIB, según dijo a DF el vicepresidente Ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente.
Wallach planteó que Chile debería retomar una hoja de ruta ambiciosa, con el 1% del PIB en I+D como piso mínimo, pero con un cambio estructural en la composición del gasto, donde el sector privado pase a liderar la inversión.
Para Guzmán, de la ACTI, es “fundamental” establecer una meta para “darle consistencia y proyección a la política de innovación del país”, que permita elevar la inversión a, al menos, un 2% del PIB.
Una visión más gradual propuso Bitran, quien considera razonable establecer un objetivo intermedio, pero más importante que el número, es la calidad de los instrumentos y su capacidad de impactar la innovación empresarial y la productividad.
Torrealba rechazó fijar metas, porque “ha demostrado por décadas ser una promesa vacía” y dijo que el énfasis tendría que estar en estrategias, continuidad institucional y buen uso de los recursos.
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