A mediados de julio, a pocos meses de cumplir su plazo de expiración, el Gobierno resolvió extender la vigencia de la Ley 20.241 de Incentivo Tributario a la Investigación y Desarrollo (I+D), conocida como la Ley I+D, hasta diciembre de 2035.
Esta legislación establece un incentivo tributario que permite a las empresas de cualquier tamaño y ventas, deducir un 35% de sus gastos en I+D directamente del impuesto de primera categoría, mientras que el 65% restante puede rebajarse como gasto necesario para producir la renta.
En 2024, la Corfo certificó 88 proyectos de 65 empresas, por un total de $ 82.903 millones, con un alza de 14% y 10%, respectivamente, pero con una caída de 73% en el monto total respecto de 2023.
Esta baja se explica porque 2023 marcó un récord histórico en montos desde la entrada en vigencia de la regulación en 2008. La agencia estatal certificó 77 proyectos para acogerse al beneficio tributario, por $ 313.158 millones.
En tanto, los sectores que más uso hicieron de esta ley en 2024, fueron Pesca y acuicultura, con 14 proyectos y más de $ 24 mil millones certificados; seguido por Minería y metalurgia extractiva, con 18 proyectos y $ 14.977 millones; Agrícola, con ocho proyectos y $ 11.812 millones; Salud y farmacéutica, con cinco proyectos y $ 8.867 millones; y Energético, con 7 proyectos y $ 4.675 millones.
“Hay empresas que antes no estaban en el radar y se consolidan áreas, como la Región de Los Lagos, que es la que más gasta porque tiene salmonicultura, es una tendencia que vemos. Por ejemplo, Multix-salmon certificó más de $ 16 mil millones, el mayor monto registrado en 2024”, dijo la gerenta de Innovación de Corfo, Jocelyn Olivari.
También afirmó que en la lista comienzan a aparecer otras compañías fuera de los sectores productivos tradicionales del país, como NTT Data y Telefónica, debido al auge de tecnologías como la inteligencia artificial (IA).
“El portafolio ha subido de un 7% a un 30% de proyectos que ocupan IA en los últimos cinco años”, comentó.
Olivari también destacó el alza de participación de las micro, pequeñas y medianas empresas, las que si bien en número no son tantas, en monto “están volviéndose más intensivas en I+D”.
En 2023 concentraron el 1% del monto total certificado con $ 3.587 millones, y en 2024, el 10% con $ 7.855 millones, lo que refleja un alza de 119%.
“Lo más probable es que sean empresas de base científica tecnológica que están empezando a vender. Son pequeñas, pero están invirtiendo mucho en I+D”, dijo.
Incentivo tributario
La Ley I+D está vigente desde 2008, pero en 2012 se modificó para que las empresas puedan declarar el uso de investigación y desarrollo intramuros y que no solo se contabilizara la colaboración con las universidades.
Para acceder al beneficio tributario, deben postular sus proyectos a la Corfo, incluyendo la metodología y recursos a invertir. Una vez recibidos, la agencia evalúa que sea efectivamente una iniciativa de I+D y que los gastos asociados estén correctamente dimensionados a precio de mercado. En general, toma de dos a tres meses conseguir la certificación de una iniciativa.
Olivari dijo que el Gobierno decidió extender su vigencia por 10 años por la “convicción” de que el país transite hacia el desarrollo de más conocimiento aplicado al mundo productivo.
“Lo que hay detrás de las tasas de crecimiento sostenidas en el largo plazo tiene que ver con mayores esfuerzos en I+D. Hay una relación causal, empírica entre los esfuerzos en I+D e innovación que hace un país y eso apuntala la productividad de una economía”, sostuvo.
Agregó que, a nivel de Estado, buscan seguir impulsando que las empresas desarrollen conocimiento y lo apliquen para “ser más productivos” y crear innovaciones que permitan “diversificar y sofisticar” la matriz productiva.
“A propósito de la guerra comercial, vamos a tener que aspirar a otros mercados y agregar valor a industrias clásicas de recursos naturales, somos un mercado pequeño”, afirmó.
¿Oportunidad perdida?
Olivari dijo que las compañías que no se acogen a la Ley de I+D, estarían “perdiendo una oportunidad” para rebajar su carga tributaria y planteó que “se podría hacer más” para extender su uso.
“Por ejemplo, en 2023 hubo unos US$ 466 millones de empresas que hicieron I+D, pero que no postularon a la ley y no rindieron esos gastos. De haberlo hecho, podrían haberse generado rebajas tributarias por US$ 245 millones”, afirmó.
Agregó que si este monto hubiese sido reinvertido, el gasto total en I+D en el país podría haber aumentado a 0,48% del producto interno bruto (PIB).
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Renato Olmos
