Uno de cada cuatro encuestados (25,8%) dijo haber experimentado situaciones de vulnerabilidad en su trabajo.
Una nueva fotografía respecto a cómo se sienten las personas en sus espacios de trabajo y los avances y desafíos que aún mantienen las organizaciones respecto a la implementación de la Ley Karin, fue la que entregó hoy la nueva edición del Termómetro de Salud Mental, que elabora el Centro de Estudios y Encuestas Longitudinales de la Universidad Católica (UC) junto a la Asociación Chilena de Seguridad (Achs).
De acuerdo a la medición, el 22,2% de las personas asalariadas, independientes y trabajadoras de casa particular percibió haber estado expuesta a conductas ofensivas en su lugar de trabajo en los últimos 12 meses, una situación que afecta en mayor proporción a los hombres (24,3%) que a las mujeres (19,3%).
En esa línea, un 14,7% de las personas encuestadas manifestaron haber estado involucrados en disputas o conflictos, el 8,5% indicó haber recibido bromas desagradables y el 7,2% dijo haberse sentido intimidada, colocada en ridículo o injustamente criticada frente a otros por sus compañeros de trabajo o su superior.
Con relación a la percepción que existe entre las personas respecto a estar expuesto a vulnerabilidad en el lugar de trabajo, que refiere a la sensación de temor, desprotección o indefensión por parte de su empleador, la medición mostró una preocupante fotografía.
De hecho, uno de cada cuatro encuestados (25,8%) dijo haber experimentado situaciones de vulnerabilidad en su trabajo. Entre las situaciones más comunes se pudo encontrar que el 25,9% indicó tener miedo a pedir mejores condiciones de trabajo, el 24,7% dijo sentir que puede ser fácilmente reemplazado y un 20,9% manifestó sentirse indefenso ante el trato injusto de sus superiores en el trabajo y tener miedo de que lo despidan si no hace lo que le piden.
Ley Karin
En esta medición también se consultó a los trabajadores dependientes respecto a la implementación que sus organizaciones han dado a la Ley Karin, y las medidas que se han utilizado para ello.
De acuerdo a los resultados, un 81,8% de los trabajadores dependientes dijo que su empresa o institución cuenta con un protocolo o política de prevención del acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo.
Sin embargo, el desarrollo de protocolos o políticas de prevención del acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo es mayor en empresas medianas y grande, con una percepción de implementación de 91% entre sus trabajadores. En el caso de las pequeñas, la cifra cae a 76,7%.
La cifra, además, también es significativamente menor en las microempresas (un 46,7% de sus trabajadores indican implementación).
Para la directora de Estudios de la Achs, Isabel Contrucci, los datos revelan los avances y desafíos que ha significado la implementación de esta Ley para el mundo laboral, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.
“Vemos el desafío, como sistema, de trabajar en conjunto con entidades de menor tamaño, para que el alcance de las medidas que hacen funcionar esta nueva normativa sea más efectivo en todo tipo de organización, independiente de su tamaño o los recursos que puedan destinar”, dijo Contrucci.
El director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales, David Bravo, explica que los datos proporcionados por el estudio permiten, por una parte, constatar que “es mucho más costoso para las empresas pequeñas este tipo de implementación, porque las empresas grandes, las medianas, tienen unidades de recursos humanos, áreas especializadas. Pero una empresa que tiene ocho trabajadores no puede tener dos personas dedicadas a temas de recursos humanos. Es evidente que es muy distinto. Hay que aceptar la realidad de que los costos de estas normativas para las empresas de distinto tamaño son muy diferentes”, destacó.
Para él, poder constatar esto permite dimensionar de forma más eficiente el acompañamiento a realizar a las compañías para la efectiva implementación de la ley.
El Termómetro de la Salud Mental en Chile Achs-UC, es un estudio longitudinal, con una muestra aleatoria de aproximadamente 2500 individuos, representativa de la población nacional urbana mayor de 18 años con empleo, seleccionada a partir de una muestra representativa de hogares. En particular este sub estudio se aplicó a una submuestra de asalariados, independientes y trabajadoras de casa particular, que incluye más de 1.300 casos a nivel nacional, entre marzo y mayo.
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