A casi dos meses de que estallara el escándalo de mal uso de licencias médicas de parte de 25 mil funcionarios públicos que viajaron fuera del país en período de reposo, detectado por la Contraloría General de la República, el Gobierno entregó un tercer balance respecto a los sumarios que se han desarrollado para detectar responsabilidad funcionarias y, eventualmente, despedir a los involucrados.
Según informaron esta mañana la Dirección de Presupuestos (Dipres) y el Ministerio de Hacienda, a la fecha (el 15 de julio) se han identificado 10.961 funcionarios involucrados en casos de mal uso de licencias médicas en el Gobierno Central, de los cuales 9.293 continúan en sus servicios, mientras que 1.668 ya no se desempeñan en ellos.
El Ejecutivo agrega que hay 880 funcionarios que están siendo objeto de sumario administrativo, pese a no seguir trabajando en las instituciones.
Asimismo, se identificaron
10.173 funcionarios a los que se les aplicará sumario, de los cuales 10.038 siguen con proceso administrativo en curso; 80 están cerrados y 55 ya cuentan con una resolución que está en proceso de cierre.
Dado que la Contraloría ha dado a conocer nuevos Informes Consolidados de Información Circularizada (CIC) relacionados con mal uso de licencias en el sector público, en este nuevo balance se incluye información de funcionarios vinculados al CIC Nº10 sobre atención de partos durante períodos de licencia, que representan un 5% del total de funcionarios; así como del CIC N°13 sobre licencias emitidas por emisores investigados por el Ministerio Público, que corresponde al 15% del total.
El 80% restante está vinculado al CIC Nº9 que motivó la instrucción inicial del Ministerio de Hacienda de realizar procedimientos administrativos.
"Justamente la inclusión de estos dos nuevos informes da cuenta de la mayor parte de los incrementos de casos observados al comparar los datos con los del segundo balance, realizado a fines de junio: a la fecha se identifican 2.147 funcionarios adicionales involucrados", explicaron Hacienda y Dipres.
La duración promedio de las licencias involucradas es de 18,3 días y, considerando las remuneraciones promedio reportadas, se estima preliminarmente que los funcionarios a los que se está realizando un sumario recibieron en total $ 12.438 millones en remuneraciones pagadas durante estos períodos de ausencia.
Esto contrasta con los 18,9 días promedio y los $10.938 millones informados en el segundo balance.
Nuevas instrucciones
En paralelo, Hacienda anunció que se enviará un nuevo instructivo para mantener la rigurosidad del proceso y reiterando la obligación de realizar sumarios ante eventuales casos de mal uso de licencias médicas de parte de funcionarios públicos del Gobierno Central.
"Lo anterior resulta aún más relevante y urgente una vez que se ha tomado conocimiento de hechos que podrían incidir en el estricto cumplimiento al principio de probidad administrativa por parte de los funcionarios públicos”, señala el documento, que será remitido por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y por la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, a ministros, subsecretarios y jefes de servicio de Gobierno Central.
El texto también aborda las nuevas investigaciones que ha anunciado la Contraloría General de la República, y plantea que “son diversas las conductas relacionadas con el uso de licencias médicas, imputables a los funcionarios, que pueden dar lugar a la aplicación de medidas disciplinarias tras la realización de las respectivas investigaciones”.
Entre ellas menciona por ejemplo el incumplimiento del reposo a través de salidas al extranjero o de la asistencia a otras actividades que lo interrumpen injustificadamente, la realización de trabajos remunerados, o no.
El oficio recuerda que es el jefe de cada servicio quien debe resolver si procede aplicar una medida disciplinaria y ponderar la sanción a aplicar, considerando, entre otros factores, la reiteración de las conductas reprochadas y dando cumplimiento al principio de celeridad establecido en el Estatuto Administrativo.
Además, recalca que dicha autoridad está facultada para ordenar la realización de nuevas diligencias, con la finalidad de contar con todos los elementos probatorios necesarios, atendida la gravedad que implica el incumplimiento del reposo prescrito a través de licencias médicas o la realización de otras conductas que conlleven su rechazo o invalidación por las instituciones competentes.
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