Cada vez más antecedentes aparecen en medio de la álgida batalla en la Corte de Apelaciones que brindan los exdirectores de LarrainVial Activos (LVA) tras la multa que les impuso la CMF en el caso del Fondo Capital Estructurado I. Esto en su afán por develar qué conocimiento y acciones tomó el regulador sobre la corredora STF antes de que se creara el mencionado fondo, esto es, previo al 15 de diciembre de 2022.
Esta vez fue la defensa de los exdirectivos que comanda el abogado Alfredo Alcaíno la que adjuntó un informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Santiago (BCS), fechado el 28 de julio de 2022, que versa sobre una auditoría sobre índices de liquidez y solvencia patrimonial efectuado a la corredora.
En 18 páginas, el informe va desglosando punto por punto la contabilización incorrecta de cuentas por cobrar y saldos mal imputados, entre una serie de situaciones que la llevaron en su parte conclusiva a informar lo siguiente: “Se detectaron diversos errores de contabilización y aplicación de criterios contables incorrectos, falta de registros y respaldos, ajustes mal imputados, entre otros, lo cual no permite depositar confianza principalmente en los saldos de las cuentas contables relacionadas con las operaciones en monedas extranjeras. Lo anterior impacta directamente en el cálculo de los índices normativos”.
Dicho informe de la BCS fue enviado en esa misma fecha a Luis Flores, en ese entonces el gerente general de STF, instándole a que a más tardar el 4 de agosto de ese año informara las medidas correctivas que la corredora adoptaría.
Otro documento adjuntado al proceso judicial es un documento denominado “Memorandum”, que está firmado por Osvaldo Adasme Donoso, director general de Supervisión Prudencial de la CMF en el que da cuenta de que aquel informe de la BCS le fue remitido a la CMF el 27 de enero de 2023. No obstante, sí señala que el 13 de septiembre de 2022 la BCS envió una comunicación donde copia una carta remitida a STF, en la que se señala lo siguiente: “Luego del análisis de la información y antecedentes entregados por STF Capital Corredores de Bolsa SpA (la “corredora”), para efectos del recálculo del patrimonio líquido y de la razón de cobertura, para el período comprendido entre el día 26 de agosto y 6 de septiembre de 2022, la corredora no ha acreditado a esta fecha, a satisfacción de esta Bolsa, el cumplimiento de las condiciones y límites que establece la Norma de Carácter General N°18 de la CMF, quedando con un patrimonio líquido negativo y por lo tanto, su razón de cobertura patrimonial y razón de endeudamiento quedan fuera del límite establecido por la normativa vigente”.
Según indica Adasme en ese memorándum “lo anterior derivó en una serie de acciones de supervisión para este intermediario”. Y luego, este documento firmado por Adasme detalla con fechas cómo fue el proceso de supervisión a STF. Indica que el 3 de enero de 2023 en el Comité de Supervisión Prudencial se presentó la propuesta de plan de supervisión para ese año incluyendo 9 entidades a las que se proponía realizar una supervisión in situ, entre las que se incluyó a STF.
Luego el 13 de febrero de 2023 se le envió a STF un oficio informando que se le daría aquella supervisión in situ. El 28 de febrero se recibieron sus estados financieros al 31 de diciembre de 2022, acompañados de un informe de auditoría de ARTL Chile Auditores “con abstención de opinión para el 2022”. Y que durante la visita in situ, “comenzaron a evidenciarse situaciones que advertían incumplimientos a las condiciones de patrimonio, liquidez y solvencia, “lo que derivó en medidas supervisoras enérgicas en muy breve plazo que implicaron la suspensión de las actividades de la entidad con fecha 24 de marzo de 2023”. Y luego, y sin perjuicio de que los señalados auditores emitieron una opinión “sin salvedades” el 29 de marzo, de los estados financieros de 2022, “por la relevancia de las inobservancias que se estaban detectando in situ, esta Dirección decidió derivar los antecedentes a la Unidad de Investigación el 3 de abril de 2023 y complementos posteriores que incluían una denuncia externa realizada con fecha 27 de abril de 2023”.
Ante la justicia, es el CDE quien ha respondido la reclamación de la defensa de los ex directores de LVA, señalando que la corredora fue debidamente fiscalizada y sancionada por las conductas “y que aun así, ello no libera de responsabilidad a los directores investigados por sus faltas al deber de cuidado que exigía su rol en LVA AGF, acorde a las normas que rigen su función y que son independientes del rol de otros agentes del mercado”. Y añadió que “las actuaciones imputadas a los directores son incluso anteriores a la intervención de STF, ya que se inician con el diseño y aprobación de la estructura del fondo, el análisis y evaluación del negocio al que este se enfocaba, así como el depósito de su reglamento interno”.
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