La sociedad concesionaria Red Aeroportuaria Austral -ligada a BlackRock y Cointer Chile- sufrió un revés luego de que el Panel Técnico de Concesiones rechazara la discrepancia presentada por la firma respecto de la operación del Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas y el Aeródromo de Balmaceda.
Hace algunas semanas, la concesionaria había advertido que el contrato se había vuelto inviable bajo las condiciones originalmente consideradas, acusando una alteración grave de su equilibrio económico-financiero por causas no imputables. Según argumentó la empresa, el foco del problema se concentra en Punta Arenas, donde el tráfico de pasajeros se ha visto golpeado tanto por la pandemia como por la reconfiguración del sistema aeroportuario regional, particularmente tras el fortalecimiento del aeródromo de Puerto Natales.
En ese contexto, la firma solicitó reestructurar el contrato -incluyendo cambios en plazo, ingresos e inversiones- o, en su defecto, avanzar hacia una declaración de inviabilidad económica que permitiera un término anticipado de la concesión.
Sin embargo, el Panel Técnico desestimó sus solicitudes. En su resolución, el organismo concluyó que las circunstancias expuestas por la concesionaria eran conocidas y previsibles al momento de presentar la oferta, por lo que correspondían a riesgos asumidos por el privado durante el proceso licitatorio.
La entidad sostuvo que tanto los efectos generales de la pandemia como los cambios asociados al crecimiento del aeródromo de Puerto Natales eran factores verificables al momento de adjudicarse el contrato. Asimismo, rechazó la petición de iniciar un proceso de término anticipado de la concesión, argumentando que no se cumplen las causales contempladas para ello.
Ampliación del aeropuerto
Uno de los principales efectos que deja esta resolución es la postergación de la esperada ampliación del aeropuerto de Punta Arenas, proyecto que buscaba dar paso a un nuevo terminal de carga para la capital de Magallanes.
Originalmente, las obras debían comenzar en 2027 e implicaban una inversión estimada de US$ 162 millones para triplicar la capacidad del terminal, elevar a cinco los puentes de embarque, construir un nuevo terminal de carga y ampliar estacionamientos.
Sin embargo, tras la decisión del Panel Técnico y bajo el escenario actual de tráfico aéreo, fuentes de la industria aseguraron que el inicio de las obras quedaría aplazado hasta 2041.
Esto se explica porque, según las bases del contrato, la etapa de construcción de la ampliación solo se activa si se cumple alguna de tres condiciones: alcanzar al menos 600 mil pasajeros embarcados; superar cierto umbral de ingresos; o que transcurran 240 meses desde el inicio de la concesión.
Y, de acuerdo con las estimaciones del sector, las dos primeras variables no se cumplirían dentro de ese plazo, por lo que terminaría operando únicamente la cláusula asociada al paso del tiempo, retrasando el inicio de las obras hasta 2041.
Otra arista
Pese al rechazo de la discrepancia, el fallo dejó espacio para futuras discusiones sobre el equilibrio económico de la concesión.
Dentro de las conclusiones, el Panel Técnico indicó que aún resulta “prematuro” proponer cambios contractuales que alteren el régimen económico del contrato, dado que todavía existe la posibilidad de una recuperación del tráfico aéreo durante el tiempo restante de operación.
Además, la resolución incluyó un voto de minoría del exdirector general de Concesiones, Hugo Vera, quien si bien concurrió con el rechazo de la discrepancia, manifestó reparos respecto de algunos aspectos del análisis.
El ingeniero advirtió que el fallo no aborda adecuadamente el escenario proyectado hacia 2039, donde la concesionaria podría eventualmente alegar inviabilidad financiera tras haber percibido casi dos décadas de ingresos sin ejecutar la principal obra comprometida en el contrato (la ampliación del aeropuerto).
A ello, sostuvo, se suma el desfase financiero asociado al subsidio diferido contemplado en el modelo económico de la concesión, cuya estructura podría añadir presión sobre la viabilidad futura del proyecto.
“El rechazo debe ir acompañado de prevenciones que establezcan el estándar para cualquier revisión futura”, señaló Vera, agregando que el Estado debe resguardar el interés fiscal frente al riesgo de una concesión que genere usufructo sin obra, "antes de que el sistema concesional deba enfrentar en 2039 un conflicto de mucho mayor complejidad que el presente".
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