El viernes 15 de mayo de 2026, en el aeropuerto de Guarulhos, la Policía Federal brasileña detuvo a un ejecutivo chileno: Germán Naranjo Maldini.
La detención llegó cinco días después de los hechos. El domingo 10 de mayo, a bordo de un vuelo de LATAM con ruta São Paulo–Frankfurt, Naranjo (gerente comercial de la Pesquera Landes, hoy suspendido) intentó abrir una puerta del avión en pleno vuelo. Ante eso, la tripulación lo contuvo. Y ahí empezó todo.
"La piel negra... el olor a negro, a brasileño", le dijo a un comisario a bordo, entre muchos otros comentarios. La víctima directa de los insultos lo grabó y al aterrizar en Alemania presentó la denuncia.
Con eso, la Justicia Federal de São Paulo emitió una orden de prisión preventiva y la ejecutaron cuando Naranjo hacía escala de regreso en Guarulhos. Hoy arriesga entre dos y cinco años de cárcel.
Pesquera Landes condenó los hechos "de manera categórica y sin matices" y lo apartó preventivamente de sus funciones. El video se viralizó y la Cancillería chilena entró a opinar este lunes. "La verdad es que es lamentable, yo condeno enérgicamente lo que ha ocurrido ahí, las palabras de esta persona son, a mi juicio, inaceptables", dijo el ministro Francisco Pérez Mackenna en Tele13 Radio. "Qué pena que sea un connacional el que esté enfrentado a ese tipo de comportamiento. Esto es un tema que obviamente va a quedar en manos de la justicia brasilera".
Hasta ahí, lo público. Pero hay más.
Hace un año
Lo que no se sabía hasta ahora es que Naranjo ya tenía antecedentes. El 4 de febrero de 2025, hace poco más de un año, el ejecutivo -acompañado de su cónyuge- se presentó en la oficina del Registro Civil de Lo Barnechea para retirar el pasaporte de su hijo menor de edad.
Todo eso consta en una querella criminal que presentó el propio Servicio de Registro Civil ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago en el que acusaron cohecho activo de un particular a un funcionario público.
El relato del organismo es minucioso. Naranjo entró a la oficina sin sacar número ni hacer fila, se dirigió directo a un módulo de atención y lo recibió una oficial civil. Pidió el pasaporte de su hijo, pero la funcionaria le explicó que el documento tenía un retraso en su fabricación y que no podía entregárselo en ese momento.
Según consta de la querella, Naranjo y su señora insistieron y dijeron que debían salir del país. La presión se extendió durante un largo rato, pero, como relató el Registro Civil en el libelo, no había forma de acelerarlo.
Antes de retirarse del módulo, Naranjo se acercó a la funcionaria y en voz baja, según consigna el escrito del Registro Civil, le preguntó: "¿A quién hay que pagarle?, hace 3 años le pagué a Mario Patiño para agilizar el trámite”.
La funcionaria le respondió que su requerimiento era improcedente y que en el Servicio no se aceptaba dinero. Naranjo se retiró, pero al poco tiempo volvió.
Mientras la oficial atendía a una usuaria que pedía una hora para casarse, Naranjo regresó al módulo, sacó un fajo de billetes de diez mil pesos. Y se lo mostró: “Tome esto y me hace el pasaporte rápido”, relata la acción judicial.
La trabajadora llamó a viva voz a la anfitriona de la oficina y pidió que se contactara con seguridad. Naranjo se retiró gritando. Acusó a la funcionaria de haber sido ella la que le pidió dinero, según el relato del Registro Civil. Ya fuera de la oficina seguía: "¡Ayuda, me están pidiendo plata para obtener mi pasaporte más rápido!".
Minutos después, hablando con otra funcionaria del Registro Civil, Naranjo volvió a su línea original. “Entre nosotros, esto es Chile, yo sé que esto funciona más rápido; hace años existía la opción, ¿a qué funcionario hay que pagarle para que lo emita luego?”. Agregó que durante la pandemia ya lo había hecho, que conocía a alguien en la oficina de Huérfanos del Registro Civil al que le había pagado.
Al poco tiempo llegó el guardia de seguridad que quiso calmar la situación, mientras -según consta de la querella- Naranjo y su señora seguían dando vueltas por las inmediaciones, gritando frente a la fila de usuarios. Frente al guardia, Naranjo lanzó: “¿A qué weón hay que pagarle?, aquí tengo los billetes”.
Sin éxito, finalmente Naranjo y su señora se retiraron.
La querella -presentada en junio de 2025- pidió al Ministerio Público que tomara declaración a Naranjo como imputado y a una serie de funcionarios en calidad de testigos. La causa sigue en tramitación y desde junio no experimenta novedades procesales.
La "bomba" en el W
El historial de Naranjo es más antiguo. El 29 de agosto de 2013, mucho antes de los incidentes en el Registro Civil o el vuelo a Frankfurt, el ejecutivo protagonizó un episodio que movilizó a las unidades del GOPE a un conocido hotel de Las Condes.
Según un informe de la Fiscalía Local de Las Condes (que se encuentra en una causa ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago) Naranjo llegó aquel día al Hotel W, en Isidora Goyenechea, acompañado de una mujer. Pidió una habitación y le asignaron la 925. Pero no le gustó. Posteriormente, según relata el documento oficial, la dejó "toda desordenada" y exigió un cambio. Se le asignó la 630.
Fue en ese momento cuando el tono subió de nivel. Según el relato judicial, Naranjo le dijo al botones que debía regresar a la habitación original porque ahí “se le había quedado una bomba para matar a todos los musulmanes”.
El hotel, parte de una cadena estadounidense, activó sus protocolos de emergencia, ya que había una convención en curso. El Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros llegó al lugar para registrar las instalaciones y no encontraron nada.
La mujer que lo acompañaba entregó un dato que quedó en el informe del Ministerio Público: ante los efectivos policiales, declaró que antes de llegar al W habían estado en el Hotel Sheraton, donde “ocurrió una situación similar”.
Pese al despliegue y el caos provocado, Naranjo Maldini no fue detenido; solo quedó apercibido bajo el artículo 26 del Código Procesal Penal. En septiembre de 2013, el fiscal José Veizaga solicitó al juez de garantía aprobar la decisión del Ministerio Público de no iniciar investigación, por estimar que los hechos no eran constitutivos de delito.
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