Por cuarta vez, el presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), Nicolás Rojas, realizó este martes la Cuenta Pública 2025. Esto, en un contexto en el que enfrenta desafíos como la irrupción de la inteligencia artificial mientras lidia con un presupuesto reducido, pero también de cambios que tendrá este año en su composición por la renovación parcial tanto de dos de sus integrantes titulares como de dos de sus ministros suplentes.
"Aún no se cierra definitivamente el proceso de concurso para proveer estos cargos de ministros del TDLC, salvo por la renovación del ministro suplente economista Pablo García, a quien felicito por su designación por un nuevo período de seis años y le deseo mucho éxito en esta nueva etapa. Asimismo, tenemos certeza de que el ministro Ricardo Paredes ha decidido no repostular, por lo cual dejará de ejercer sus funciones el próximo 11 de junio", contó Rojas haciendo un reconocimiento a su labor.
En su exposición, el líder del TDLC reconoció que 2025 fue un año desafiante en materia de gestión institucional donde -por ejemplo- se avanzó en el fortalecimiento de los procesos internos y hubo una reducción del 24% en el ausentismo laboral respecto del año previo, alcanzando un promedio de 7,6 días por funcionario.
Pero reafirmó una alerta: el bajo presupuesto asignado al Tribunal. Detalló que en 2025 fue de $ 2.801 millones y alcanzó una ejecución de un 99,9%, mientras que para este año alcanza $ 2.859 millones, representando una reducción real del 1%.
"La situación presupuestaria es restrictiva. Los gastos distintos a personal han ido disminuyendo en el tiempo, de modo que la infraestructura y servicios para desarrollar la labor jurisdiccional se han precarizado", advirtió. Sumó la potencial disminución que se ha anunciado respecto de los montos otorgados para el Presupuesto 2026: "Tal situación nos golpearía en forma relevante, atendidas las escasas capacidades remanentes que quedan para cumplir las funciones legales o para hacer frente a imprevistos".
Consultado tras el encuentro por la gravedad de esta advertencia, comentó a DF que "si falla alguno de nuestros equipos de red, no contamos con recursos para reemplazar esos equipos en este momento". De hecho, dice que ya han tenido problemas de proveedores externos y esta vez -ante ese escenario- "no vamos a tener recursos para enfrentar cualquier tipo de imprevisto que pueda darse".
Rojas explicó en su discurso que, en términos reales, el presupuesto del Tribunal en la actualidad es inferior al que le fuera asignado en 2019 bajo una realidad distinta en términos de número de casas, escritos presentados o de documentos acompañados. Y sumó que a partir de ese año se han agregado a la institución nuevas funciones como las derivadas de la Ley REP y obligaciones como las asociadas al ingreso del Tribunal al sistema Chile Compras durante el año anterior que imponen "cargas administrativas relevantes".
El presidente del TDLC recalcó que "las restricciones presupuestarias se han mantenido en el tiempo ya por tres gobiernos de distintos signos, poniendo en riesgo la fortaleza de la institucionalidad de defensa de la libre competencia".
En ese contexto, puntualizó que el Tribunal ha tenido que tomar decisiones dolorosas: "A la eliminación de la unidad de estudios, la cual no alcanzó a consolidarse; se suma la imposibilidad de contar con medios tecnológicos para mejorar el servicio a nuestros usuarios o los procesos internos, junto a una reducción de los montos destinados a la mantención de equipos con el riesgo asociado a ello".
Y enfatizó que estos elementos afectan directamente la eficiencia con que pueden realizar sus labores. Adicionalmente, dijo, se han eliminado los montos destinados a asesorías y, a la supresión de los viáticos que ya se había tomado como medida en el año anterior, se suma la imposibilidad de asumir la representación de Chile ante las organizaciones internacionales de las que son parte, como la International Competition Network y la OCDE. "El papel de Chile como referente en materia de competencia en la región se ve por lo mismo reducido", admitió.
Y si bien dijo entender las restricciones que existen en materia de manejo fiscal, Rojas sinceró: "No deja de sorprendernos que una institución que representa un porcentaje ínfimo del presupuesto de la nación, que cuenta con un escaso número de funcionarios que opera en forma eficiente y que mediante sus decisiones permite un mejor funcionamiento de los mercados, lo que redunda en más actividad económica, sufra un trato tan desventajoso por un periodo tan extendido".
El timonel recordó que hace no mucho se hablaba de elevar la protección de la competencia a nivel constitucional donde hubo procesos constitucionales donde se discutió esa posibilidad. "Hoy la situación parece ser diametralmente distinta", indicó.
Pese a esto, aseguró en la gestión 2025 se buscó una administración austera, eficiente y alineada con los objetivos estratégicos del Tribunal, concentrando el gasto en asegurar la continuidad operacional, priorizando el equipo de personas, la mantención de sistemas críticos, la ciberseguridad y el cumplimiento de la función jurisdiccional.
Contar con instituciones sólidas
En su intervención, el presidente del TDLC señaló que "el derecho de la competencia se enfrenta a cambios significativos". Según detalló, la irrupción de la inteligencia artificial, el desarrollo de las plataformas tecnológicas y la provisión de servicios en la nube, la intensificación de fenómenos de la digitalización de bienes y servicios, "han difuminado las fronteras nacionales y han alterado algunos paradigmas que se creían escritos en piedra". "Ningún sistema jurídico está ajeno a estos eventos y atendida su cada vez más rápida expansión estas preguntas llegarán a Chile más temprano que tarde", advirtió.
Estos desafíos -sostuvo- requieren de una institucionalidad sólida que tenga las capacidades necesarias para enfrentar no solo las nuevas discusiones en términos sustantivos, sino materiales "siempre recordando los derechos de las partes y manteniendo el nivel de rigurosidad que se exige de un tribunal especializado".
"El rol de la competencia para el buen funcionamiento de los mercados en una economía pequeña como la chilena es imprescindible. La competencia es garantía de que los mercados brindarán el resultado que prometen: una distribución eficiente de los recursos sobre la base del mérito. Las instituciones funcionan cuando la sociedad puede descansar en que cumplen sus objetivos", sentenció.
En su discurso, enfatizó que es necesario acercar los beneficios de la competencia a la comunidad. "Vivimos en tiempos convulsos, llenos de incertidumbre sobre lo que depara el futuro, lo que hace difícil generar confianza en la ciudadanía. Creo que es esencial para ello el contar con instituciones sólidas, no precarizadas, que puedan desarrollar adecuadamente su labor y cumplir sus funciones en forma eficaz y eficiente", afirmó.
El desafío ante grandes tecnológicas
Tras el encuentro, sobre cómo se ve desafiada la institucionalidad de la libre competencia en medio de la inteligencia artificial pero también de la irrupción de grandes conglomerados, Rojas apuntó a que la institucionalidad está preparada, pero los desafíos están en lo procesal, lo que va relacionado con la baja presupuestaria.
Enfatizó a DF que "la oleada de juicios contra las grandes tecnológicas ya llegó a Chile". Pero aseguró: "La institucionalidad de competencia está perfectamente capacitada en términos sustantivos para resolver estos temas. Las dificultades son de otra índole".
Según explicó, son procedimientos que tienen alguna diferencia incluso con los procesos grandes que se han visto antes en Chile, porque tienen un componente internacional. Por ejemplo, la mayoría de la documentación y los centros de decisión están afuera.
Hay una dificultad "procesal" -dice- "de cuáles son las herramientas que disponemos como sistema jurisdiccional para poder alcanzar esas pruebas que están en el extranjero, para poder tener los testimonios necesarios y esas son desafíos bien relevantes que vamos a tener que estar resolviendo con nuestra legislación".
Advierte que el procedimiento que se le aplica a los juicios de competencia está basado en el procedimiento civil de 1902, por lo que "tiene bastante poca flexibilidad para preguntas más complejas que involucran otras jurisdicciones".
Sobre qué tan preparada está la institucionalidad considerando además las limitaciones que enfrentan por la baja de presupuesto, señaló que "nos quita flexibilidad y capacidad de maniobra para poder enfrentar los desafíos de estos nuevos procesos de demandas más complejas, de actores que tienen un nivel de recursos muy superior al que podemos tener nosotros y de procedimientos que tienen también un volumen de información muy significativo. Y eso nos deja como institución en términos bien menoscabados para tener las herramientas necesarias para hacer frente en forma eficaz y eficiente con esos procesos".
Entonces, ¿no se está preparado al 100% para enfrentar todos esos desafíos que imponen estas grandes tecnológicas? Rojas es enfático en que "la institucionalidad chilena desde el punto de vista sustantivo no tiene nada que envidiar a otras jurisdicciones más avanzadas en términos de recursos". Esto, ya que se tienen los especialistas, los expertos y "el derecho chileno de la competencia en términos sustantivos es uno de los referentes en la región".
Sin embargo, en términos de capacidades materiales, admite que "nos vemos mucho más limitados, mermados, en nuestra capacidad de poder enfrentar los volúmenes de información, de hacer las solicitudes necesarias para poder tener toda la prueba para decidir adecuadamente y correctamente estos juicios".
La semana pasada, cinco canales de televisión ingresaron una demanda ante el TDLC en contra de Alphabet, casa matriz de Google, en las que acusan a la multinacional de abuso de posición dominante en los mercados de los motores de búsqueda y de publicidad digital. Pero hay otras demandas previas contra el mismo actor.
En cuanto a cómo los desafía este tipo de casos, Rojas reflexiona que es una materia compleja: "Es la gran discusión mundial en los últimos diez años en derecho de la competencia". Y, como adelantó, reconoce que presenta varias dificultades en términos operativos. Y no solo porque las decisiones no se tomaron en Chile, también -dice- asuntos como el hecho que la mayoría de la documentación estará en inglés y los procesos a nivel se llevan necesariamente en español, suponiendo que se debe traducir volúmenes grandes de información técnica.
"Hay dificultades que los testigos de aquellos que desarrollaron la conducta no están en Chile. Y tenemos mecanismos algo lentos para efectos de poder coordinar la toma de declaraciones o la adquisición de documentos que fueron presentados en juicios en otras jurisdicciones. Ahí hay muchos elementos que desde el punto de vista de lo procedimental demandan recursos, son demorosos, y que donde el procedimiento chileno como la forma en que está regulado no había considerado la posibilidad de que 3/4 de la discusión tenga que darse en otro idioma y en otros países", plantea.
A nivel interno, durante 2025, el TDLC inició el diseño de la nueva Hoja de Ruta Estratégica 2026-2028. Los nuevos ejes estratégicos son la optimización de los procesos jurisdiccionales, gestión del conocimiento, gestión institucional y el posicionamiento institucional.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
TDLC
{{/if}}
