La trama del caso Sartor continúa sumando aristas. Al allanamiento del viernes a las dependencias de Azul Azul y a domicilios de Michael Clark y sus sociedades, esta semana se agregó una nueva querella contra exdirectivos y los principales socios de la firma.
El martes, Toesca amplió su acción legal contra el principal socio, Pedro Pablo Larraín; los directores de Sartor AGF Miguel León, Mauro Valdés, Óscar Ebel, Michael Clark, Alfredo Harz y Rodrigo Bustamante; y el exCEO Juan Carlos Jorquera.
La actual liquidadora de los fondos de la gestora intervenida acusó en su querella los delitos de negociación incompatible y administración desleal, tanto en el financiamiento de un proyecto inmobiliario en Miami -en el que también participaban Victoriano Cerda y Marcelo Pesce- como en un crédito recibido por la matriz del grupo, garantizado con recursos de uno de sus vehículos con aportes de terceros.
Proyecto en Miami
La querella señala que, durante el segundo semestre de 2022, el grupo Sartor, a través de distintos vehículos y fondos, destinó un volumen relevante de recursos para invertir directa e indirectamente en “Faena Residences Miami”, un desarrollo residencial que contemplaba un capital inicial de US$ 75 millones.
Sartor inyectó mediante los fondos “Táctico Internacional”, “Proyección”, “Leasing” y “Táctico”, unos US$ 25 millones, a lo que se sumaron cerca de US$ 10 millones a través del fondo “Sartor Oportunidad y Desarrollo”.
Estas inversiones fueron canalizadas como pagarés emitidos por Asesorías e Inversiones Cerro El Plomo (CEPSA), sociedad que a su vez es de propiedad de los fondos “Leasing” y “Proyección”, pero controlada y representada por Pedro Pablo Larraín.
Posteriormente, los aportes se concentraron en el fondo Táctico Internacional, que “tomó” las deudas de los fondos Proyección, Leasing y Táctico hasta concentrar el 100% de las acreencias contra CEPSA, relató Toesca.
“Con ello, el fondo Táctico Internacional concentró cerca del 65% de sus activos en un solo proyecto”, señaló el documento.
Según la querella, CEPSA “fue el vehículo intermedio” por medio del cual los recursos del fondo Táctico Internacional terminaron expuestos en una estructura inmobiliaria “de baja liquidez y sin garantías reales”.
Para mantener las inversiones fuera del territorio nacional, Sartor AGF creó además una estructura complementaria en Islas Caimán, Sartor Fund SPC, que solo posee deudas de CEPSA.
Al cierre de 2024, la exposición total del fondo Táctico Internacional alcanzaba alrededor de US$ 32,5 millones, precisó la querella, mediante préstamos a CEPSA que “no estuvieron respaldados por garantías reales proporcionales al monto comprometido ni por mecanismos eficaces” para asegurar la recuperación del capital.
En paralelo, Downtown Investments -propiedad en un 79% de CEPSA- es accionista de ORP Partners LLC, la sociedad que invierte aguas abajo en el proyecto, con un 36,93%.
De ORP también son socios Marcelo Pesce y Victoriano Cerda, con un 20%, quienes “inicialmente también fueron financiados por fondos administrados por Sartor AGF”, afirmó el texto.
De esta manera, la querella sostuvo que Larraín obtuvo recursos de los fondos que él mismo administraba “para financiar sociedades de los fondos y de terceros cercanos (Pesce y Cerda)”, con el objeto de levantar el proyecto, del que terminó siendo dueño junto a ellos. Y agregó que “no solo controlaba CEPSA y Downtown Investments LLC, sino que además se desempeñaba como controlador y presidente del grupo Sartor”.
“Esa triple posición le permitió estructurar, aprobar y ejecutar una arquitectura financiera” en la cual el Fondo Táctico Internacional “quedó subordinado a sociedades bajo su control”, configurando “un conflicto de interés estructural, permanente y no mitigado, que jamás fue revelado ni autorizado”, concluye.
El deterioro de los activos del fondo Táctico Internacional al 31 de diciembre de 2024 alcanza 47%, con una caída patrimonial de 59% en el mismo período.
Préstamo con banco panameño
La ampliación de la querella también apuntó a una operación de financiamiento estructurada con Atlas Bank, un banco panameño, por parte de Asesorías e Inversiones Sartor, matriz del grupo, respaldada en recursos del fondo Táctico Internacional.
“Los recursos administrados por Sartor AGF habrían sido utilizados para respaldar, financiar o facilitar obligaciones de la matriz (...) mediante una estructura de crédito calzado con depósito que trasladó el riesgo económico al patrimonio administrado y preservó el beneficio en una sociedad relacionada”, acusó la querella.
En detalle, en 2021 Atlas Bank otorgó a Asesorías e Inversiones Sartor SpA un crédito por aproximadamente US$ 2 millones, “calzado con un depósito a plazo mantenido en la misma institución con dineros de terceros del Fondo Táctico Internacional”, denunció Toesca.
La acción judicial sostuvo que “la operación configura negociación incompatible y administración desleal” cuando concurren condiciones como que el depositante sea el fondo, el deudor una sociedad del grupo, exista control simultáneo de ambos y los recursos provengan de aportes del propio fondo.
Tras la quiebra de Atlas Bank, la cobranza del crédito pasó directamente al Fondo Táctico Internacional, generando una mora superior a US$ 2,6 millones.
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