Una serie de advertencias, acompañadas de propuestas para enfrentar los reparos del sistema, expusieron este martes representantes de las asociaciones gremiales de Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC) ante la propuesta del gobierno de poner fin a la llamada franquicia Sence que analiza la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
Este incentivo, cuya eliminación es parte del proyecto de reconstrucción y reactivación económica, les permite a las empresas descontar del impuesto a la renta que se paga anualmente, hasta el 1% de la planilla anual de remuneraciones de su dotación. Un esquema en el que las OTEC tienen un rol clave, ya que son las entidades acreditadas y autorizadas por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), para impartir cursos de capacitación utilizando esta herramienta.
Ante los parlamentarios, los representantes de la Asociación Metropolitana de Organismos Técnicos de Capacitación (AGMO), la OTEC Entribu Consultores y la Mesa Nacional por el Desarrollo del Capital Humano coincidieron en que el fin del citado mecanismo podría implicar la pérdida de 30 mil puestos de trabajo directos y 80 mil indirectos. Además, calcularon que podrían cerrar más de 3.100 pequeñas y medianas empresas (PYME) ligadas al ecosistema de capacitación.
Su rechazo apuntó a los fundamentos técnicos utilizados por el Ejecutivo para impulsar la medida. Así, indicaron que el Informe de Contraloría N° 631 (2025) sería “improcedente” para justificar la eliminación de la franquicia, ya que aborda el programa “Capacitación en Oficios” del Fondo Nacional de Capacitación (Foncap) y no la franquicia tributaria en sí.
Además, criticaron el uso de diagnósticos de la Comisión Larrañaga, de 2011, señalando que el sistema “ha evolucionado significativamente en los últimos años”, incorporando diversos controles para hacer más eficiente el sistema, como por ejemplo biometría y Clave Única, para asegurarse que los usuarios sean personas reales.
Con respecto a las críticas de que se trata de una herramienta que tiene “bajo impacto en sueldos y empleabilidad”, los actores destacaron que la Ley N° 19.518 y el D.S. N °98 “no establecen empleabilidad ni salarios como objetivo”. Así, enfatizaron que el foco es mejorar la productividad.
“De acuerdo a un estudio que se hizo en Sercotec, entre 2016 a 2022, cada peso que se invierte en capacitación retorna en 3.2 en productividad”, aseguraron.
Con relación a los usuarios, si bien plantearon que la mayor parte de la herramienta es usada por empresas grandes, aseguraron que los usuarios finales son trabajadores con perfiles laborales precarios. “La Franquicia es la principal política de nivelación brecha educacional a nivel país”, dijeron, asegurando que el 72,4% de los participantes de programas financiados con la herramienta tiene educación media completa o menos.
Asumiendo que el esquema tiene aspectos mejorables, los expositores plantearon que el llamado es reformar y no eliminar la franquicia.
En su opinión, eliminarla sin un reemplazo técnico validado afectaría principalmente a los sectores más vulnerables, ampliando las brechas sociales y aumentando el desempleo.
Basado en las críticas a la pertinencia y actualidad de los programas, propusieron impulsar un nuevo sistema nacional enfocado en tecnologías emergentes e inteligencia artificial.
Sobre esto, aseguraron que una fuerza laboral capacitada en estas áreas podría incrementar el PIB de Chile en un 8% en la próxima década.
Si bien en la comisión hubo consultas respecto a las críticas que ha recibido el esquema, por tiempo no se pudieron aclarar.
Aporte al PIB y empleo
A su turno, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) expresaron su respaldo al proyecto de reconstrucción y reactivación económica al exponer este martes ante la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
El director de política públicas de la CPC, Cristóbal Gamboni, planteó que la multigremial valora la iniciativa, ya que cumple con los objetivos de estimular el crecimiento y el empleo.
En particular, destacó la rebaja al impuesto de Primera Categoría de 27% a 23%, lo que, a su juicio, “nos permite ganar competitividad respecto a la región y al mundo”.
También rescató la apuesta por la reintegración, un tema que desde su perspectiva no solo afecta a grandes empresas, sino que también a más de 100 mil PYME acogidas al régimen del artículo 14 A de la ley de Impuesto a la Renta. “Esto también impacta positivamente en toda la cadena productiva en la que estas empresas se desempeñan”, dijo.
Por ello, Gamboni dijo que es necesario avanzar con rapidez en su tramitación.
Además, expuso que como sector entienden que resguardar la sostenibilidad fiscal es crucial, pero agregó que la convergencia a un equilibrio estructural en el mediano plazo no depende solo de este proyecto. “Valoramos el compromiso del Estado en tomar acción con ajustes y recortes en el gasto público. Esperamos que este ajuste conlleve una recalibración en la composición del gasto, reimpulsando el gasto de capital, clave para el crecimiento de mediano y largo plazo”, expuso.
La CChC consideró que la exención transitoria del IVA “es una señal muy potente y, sin duda, tendrá un impacto, pero este será muy variable dependiendo de la incidencia del costo del terreno que no está afecto a IVA y de la situación del IVA crédito que tenga cada proyecto”.
Al respecto, señalaron que su “disposición es técnica y colaborativa. Queremos asegurar que estas herramientas cumplan su promesa de reactivación”, precisaron.
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