Una fuerte advertencia lanzó la tarde de este martes el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), en el marco de su esperada exposición ante la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para analizar el proyecto de reconstrucción y reactivación nacional que impulsa el gobierno de José Antonio Kast.
En una ponencia realizada por el pleno del Consejo, encabezado por su presidenta Paula Benavides, el organismo advirtió que de no incorporarse nuevas medidas de financiamiento, se podría terminar deteriorando aún más la ya alicaída situación fiscal del país.
En específico, la entidad partió analizando lo que denomina como el efecto fiscal directo del proyecto (que no considera el efecto por un mayor crecimiento gracias a algunas medidas de la iniciativa), donde señaló que la propuesta del Ejecutivo presenta un "déficit persistente" en todo el horizonte de evaluación, alcanzando un máximo de 0,71% del PIB en 2030, y de 0,43% del PIB en 2050.
Y en cuanto al efecto de segunda vuelta (que sí incorpora el efecto positivo del conjunto de medidas sobre el crecimiento económico, como los cambios tributarios y las simplificaciones regulatorias), el Consejo sostuvo que el impacto estimado del mayor crecimiento esperado sobre el balance fiscal se traduciría en una mejora por 0,41% del PIB en 2030, con 0,24% del PIB aportado por los cambios en impuestos y 0,17% del Producto por las modificaciones regulatorias.
“El impacto final del proyecto sobre el balance fiscal depende críticamente de la materialización del crecimiento económico proyectado”, expuso Benavides ante los diputados, detallando que sin el efecto del crecimiento, la iniciativa genera un deterioro fiscal permanente de 0,43% del PIB en régimen (año 2050), mientras que al incorporar el efecto crecimiento, el balance fiscal mejoraría a 0,78% del PIB en régimen, pero en 2030 seguiría siendo deficitario en 0,3% del PIB.
"Entre 2026 y 2031, la iniciativa legal genera un impacto fiscal neto negativo, por lo que para lograr la neutralidad fiscal en ese período se requerirán fuentes de financiamiento adicionales de magnitud relevante, no contenidas en el proyecto", señaló la economista, por lo que planteó que las fuentes de financiamiento no compensan los menores ingresos fiscales.
De hecho, el Consejo calcula que en 2026 falta por financiar un 62,2% del impacto fiscal de las medidas del proyecto que reducen ingresos para el Estado, cifra que luego transita a 38,7% el próximo año, a 51,9% en 2028, 46,9% un año más tarde y a 35% el 2030.
Valoraciones y advertencias
En una extensa presentación, la presidenta del CFA recalcó que valora una serie de medidas con efecto sobre el crecimiento económico que incorpora la propuesta legal del Ejecutivo, así como el foco en la eficiencia del gasto público, ya que constituyen "pilares para fortalecer la sostenibilidad fiscal en el mediano plazo".
Así, el organismo propuso avanzar hacia un balance estructural equilibrado, sustentado en una combinación de cuatro fuentes: un mayor crecimiento tendencial; nuevos ingresos tributarios; ganancias permanentes de eficiencia y ajustes del gasto; y reducción de evasión y elusión tributaria.
“No obstante, el informe financiero del proyecto presenta déficits fiscales al menos hasta 2031, incluso considerando el efecto crecimiento, pese a que proyecta superávit en el largo plazo”, le planteó la economista a los legisladores.
Junto con lo anterior, la autoridad señaló que un riesgo transversal de la iniciativa es el "descalce" entre costos y beneficios fiscales, ya que los costos fiscales (o menores ingresos) directos de las medidas se materializan con "mayor certeza" desde el primer año de vigencia, pero en contraste, los beneficios dinámicos asociados al mayor crecimiento se incorporan de forma "gradual" en el tiempo y con "mayor incertidumbre" respecto del momento de materialización de los efectos, y de la velocidad y magnitud de transmisión hacia PIB y recaudación.
"En consecuencia, este descalce podría resultar en un valor presente del proyecto de ley distinto y afectar la sostenibilidad de las finanzas públicas”, alertó Benavide, a lo que complementó: “De no materializarse parcial o totalmente los mayores ingresos proyectados por la vía del crecimiento, podría observarse un deterioro fiscal adicional al del escenario del informe financiero, presionando aún más el contexto de estrechez fiscal”.
Los principales riesgos
Ante la atenta mirada de diputados de la comisión de Hacienda, la timonel del Consejo identificó once riesgos fiscales, de los cuales nueve son impactos directos y dos indirectos.
Así, entre los riesgos de efecto directo, el CFA apuntó a que el costo de la rebaja de la tasa de Impuesto de Primera Categoría "no es compensado" por el mayor crecimiento que generala medida; un "alto costo fiscal" del crédito tributario al empleo y el riesgo de consistencia con otras estimaciones; el "riesgo de un mayor costo fiscal" de la exención transitoria del IVA a viviendas nuevas; una posible "mayor presión fiscal permanente" por la compensación al Fondo Común Municipal (FCM); un posible menor ahorro fiscal y costo no comtemplado de las medidas de probidad por licencias médicas; una materialización de ahorro fiscal "no garantizada" por el aumento de cupos por incentivo al retiro; una potencial menor recaudación a la esperada en las sanciones al contrabando de tabaco; que no exista una cláusula de gasto máximo en el mecanismo de restitución por anulación de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA); y la reiteración de medidas transitorias de regularización o anticipo del pago de impuestos, como la ventana de repatriación de capitales e impuestos sustitutivos, que pueden "debilitar" el cumplimiento tributario y afectar la sostenibilidad de los ingresos fiscales en el mediano plazo.
Y entre los riesgos de carácter indirectos, los consejeros detallaron la "incertidumbre" de los impactos en el crecimiento del proyecto, y también la incerteza del traspaso del mayor crecimiento a ingresos fiscales futuros.
El CFA calcula que en 2026 falta por financiar un 62,2% del impacto fiscal de las medidas del proyecto que reducen ingresos para el Estado, cifra que luego transita a 38,7% el próximo año, a 51,9% en 2028, 46,9% un año más tarde y a 35% en 2030.
Las recomendaciones al Ejecutivo
Benavides y el Consejo no se quedaron solo en las observaciones al proyecto en sus implicancias fiscales, sino que le entregó 12 recomendaciones al Ejecutivo.
Entre ellas, destacó que el proyecto en sí mismo avance hacia una neutralidad fiscal en el corto y mediano plazo, asegurando tanto en magnitud como en temporalidad un adecuado calce entre los menores ingresos tributarios y medidas compensatorias.
“Para ello, se pueden considerar medidas de mitigación adicionales dentro del proyecto de ley, como medidas compensatorias adicionales de ingresos y gastos. Para las medidas presentes en el proyecto de ley, especialmente las de mayor impacto, evaluar modificaciones en gradualidad, aplazamiento, fechas de término, límites de montos, monitoreo y condicionalidad, o mejoras en la relación costo/efectividad”, explicó Benavides.
Dada la incertidumbre en el impacto de algunas medidas, el Consejo recomendó realizar escenarios de sensibilidad y estrés del efecto fiscal de recaudación por crecimiento.
Asimismo, la entidad sugirió analizar los efectos de la medida de invariabilidad tributaria en términos de la magnitud de la "rigidez" que pueda generar en los ingresos fiscales futuros.
El CFA cerró haciendo un llamado a lograr un acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo que contenga medidas explícitas, con efectos fiscales permanentes, suficientes para cerrar el déficit actual y oportunas para mantener el nivel de deuda por debajo de su nivel prudente.
“Dada la envergadura del proyecto y sus impactos, es recomendable que, desde el punto de vista fiscal, se aborden los espacios de mejora y se analice en conjunto con las proyecciones fiscales actualizadas en el próximo Informe de Finanzas Públicas (IFP), la definición de las nuevas metas fiscales y el plan de acciones correctivas por el desvío de la meta de 2025”, cerró la economista.
En su exposición, el Consejo planteó dudas respecto del mecanismo que crea un crédito tributario a la retención del empleo, así como la potencial “rigidez” que podría generar el nuevo estatuto de invariabilidad tributaria.
El detalle del recorte de gasto
Junto con valorar el foco del gobierno en la eficiencia del gasto, el Consejo reveló el detalle de los US$ 1.937 millones que el Ejecutivo ha recortado en gasto este año, luego de que la información le fuera entregada por la Dirección de Presupuestos (Dipres).
El ajuste se aplicó en 26 de 33 partidas presupuestarias. Este monto se compone de ajustes de gastos sobre la línea por US$ 1.437 millones y US$ 499 millones en transacciones bajo la línea. Del total, un 49% corresponde a rebajas de gasto corriente, 25% a gasto de capital y 26% a transacciones financieras (bajo la línea).
A nivel de subtítulos sobre la línea, la rebaja de gasto se centró en transferencias corrientes (39%), iniciativas de inversión (17%), transferencias de capital (14%), bienes y servicios de consumo (12%) y otros (18%).
Mientras que a nivel de ministerios, los mayores montos se ajustaron en Salud (US$ 478 millones), Educación (US$ 247 millones) y Vivienda (US$ 220 millones).
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