Tal como adelantó DF Regiones, la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Valparaíso votó este martes la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto Puerto Exterior de San Antonio. Y en una decisión considerada clave para el futuro de la infraestructura portuaria del país, la aprobó de manera unánime con 12 votos a favor.
La votación cierra seis años de tramitación ambiental y despeja el camino para una inversión público - privada de US$ 4.450 millones que triplicará la capacidad del principal sistema portuario del país, de 2 millones a 6 millones de TEU anuales.
El fallo no fue una sorpresa técnica, ya que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) ya había emitido un informe consolidado favorable. Aun así, llamó la atención el respaldo unánime, ya que durante su tramitación, el proyecto enfrentó un proceso complejo, con tres rondas de participación ciudadana, una consulta indígena y tres adendas que modificaron aspectos importantes del diseño original.
"La aprobación ambiental de Puerto Exterior constituye un hito muy relevante para Puerto San Antonio y para el país, pues se reconoce la solidez técnica y ambiental del proyecto, luego de un proceso exhaustivo de evaluación" dijo Fernando Gajardo, gerente general (i) de Puerto San Antonio.
Por su parte, el delegado presidencial de la Región de Valparaíso, Manuel Millones, que presidió la sesión de la Coeva, señaló que "es una gran noticia para la Provincia de San Antonio que siempre ha estado en dificultades y decaída económicamente".
Consultado por versiones sobre un eventual interés del Gobierno central en postergar el proyecto del Puerto Exterior en favor de otros desarrollos en el Puerto de Valparaíso, Millones aseguró que ambas iniciativas “tienen prioridad, no hay diferencia”, procesando que existe espacio para avanzar en paralelo en ambos puertos.
El tiempo apremia
El puerto de San Antonio movió más de 2 millones de TEU en 2025, su mayor cifra histórica. Pero ese récord también encendió alertas dentro de la industria portuaria, porque el sistema actual tiene un límite cercano a los 2,65 millones de TEU al año y podría llegar a su máxima capacidad entre 2033 y 2034.
Según consta en los antecedentes del proyecto, si no se construye el Puerto Exterior, podrían aumentar las demoras de barcos, la congestión logística y los costos para importaciones y exportaciones chilenas.
La evaluación social realizada en 2023 estimó que el proyecto podría generar beneficios por más de US$ 77 mil millones, principalmente por una operación logística más eficiente y una reducción de los cuellos de botella en el comercio exterior.
Qué viene ahora
Con la RCA aprobada, el proyecto ahora entra en su siguiente etapa. En enero de 2025 la Empresa Portuaria San Antonio (EPSA) lanzó la licitación pública internacional para la construcción de las obras habilitantes, que incluye el molo de abrigo, el dragado para la dársena y el canal de acceso, las explanadas, el acceso ferroviario con dos estaciones e instalaciones de faenas, y las medidas de compensación socioambiental. Esta primera fase implica una inversión directa de EPSA de US$ 1.950 millones.
En noviembre, la estatal precalificó a los consorcios interesados y “actualmente participan en el proceso las siguientes empresas: Van Oord Dredging and Marine Contractors B.V. (Países Bajos), Jan de Nul N.V. (Bélgica), China Harbour Engineering Company Ltd. (China), Dragados Sacyr Obras Portuarias S.A. (España) y Acciona-Hyundai (España–Corea del Sur)”.
La apertura de ofertas económicas está programada para agosto y la adjudicación del contrato se concretaría antes de fin de año, para dar inicio de las obras habilitantes en 2027.
Detalles del proyecto
Puerto Exterior contempla un molo de abrigo de aproximadamente 4 kilómetros, dragados y explanadas que habilitarán dos terminales semiautomatizados (denominados Terminal Mar y Terminal Tierra) de 1.730 metros cada uno. El puerto resultante podrá recibir simultáneamente hasta ocho buques portacontenedores de 400 metros de eslora, de la clase más grande que opera hoy en las rutas del Pacífico, los denominados "neopanamax".
La infraestructura se desarrollará en cuatro etapas según las proyecciones de demanda. La primera, con 865 metros de muelle y capacidad de 1,5 millones de TEU anuales, está programada para entrar en operaciones en 2036. Las etapas siguientes se construirán mediante concesiones portuarias en función del crecimiento real del comercio. En operación plena, el sistema alcanzará los 6 millones de TEU anuales, equivalentes a cerca de 60 millones de toneladas.
El diseño contempla además una meta de transferencia del 40% de la carga por ferrocarril, para lo cual se habilitarán terminales capaces de recibir trenes de hasta 320 TEU por convoy, sustituyendo hasta 200 camiones por cada formación y disminuyendo la presión sobre la red vial.
Impacto económico en San Antonio
El alcalde de San Antonio, Omar Vera, fue uno de los más enfáticos al valorar la aprobación. "Se trata de un proyecto de real envergadura que indudablemente va a provocar un desarrollo territorial, económico y social, no solo de la comuna puerto de San Antonio, sino que de la provincia y de la región, constituyéndose así en una plataforma portuaria de real significación para que el país siga siendo competitivo a nivel mundial. Lo anterior considerando que Chile basa su economía en su rol exportador" afirmó.
Durante la fase de construcción, el proyecto generará un promedio cercano a 1.500 empleos directos, con un peak estimado de 2.800 personas. En operación plena, creará más de 2 mil puestos de trabajo portuario, además de los más de 3.200 trabajadores que actualmente operan en terminales y servicios del puerto de San Antonio.
El impacto económico proyectado también es significativo. A 2055, Puerto Exterior generará un Valor Agregado Bruto directo superior a US$ 1.000 millones anuales en la provincia, cuadruplicando la actividad económica directa del puerto actual. Las compras a proveedores locales pasarán desde US$ 51 millones a cerca de US$ 861 millones.
El empleo inducido en comercio, servicios y actividades asociadas alcanzaría alrededor de 26.500 puestos de trabajo, frente a los cerca de 10 mil actuales. Las patentes municipales vinculadas a la actividad portuaria también aumentarían, pasando de cerca de US$ 800 mil a aproximadamente US$ 3,2 millones anuales
La delegada presidencial de la provincia de San Antonio, Soledad Loyola, también celebró la decisión. "Esto aumentará la capacidad de importación y exportación de nuestro país, lo que generará empleos para la ciudadanía que tanto lo necesita en la provincia" dijo.
En tanto, Javier Torrejón, Presidente de la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso (CRCP) señaló que "esta es una buena noticia para la región y para el país… durante demasiado tiempo, la discusión no ha estado en la falta de proyectos, sino en la capacidad de avanzar y ejecutarlos oportunamente. Este tipo de avances muestra que, cuando existen decisiones y una mirada de largo plazo, es posible destrabar iniciativas estratégicas para el desarrollo del país y sus regiones”.
Seis años de evaluación
El proceso ambiental que concluyó este martes estuvo lejos de ser simple. El EIA ingresó al SEIA en abril de 2020 y desde entonces el proyecto pasó por tres adendas que modificaron aspectos importantes de su diseño.
La primera, en 2022, mejoró los accesos viales y ferroviarios, incorporó la reutilización del 100% del material de dragado para rellenos y ajustó el diseño para aumentar la protección del sector Lagunas de Llolleo. Luego, en 2025, una adenda complementaria eliminó el tránsito de camiones con roca por caminos públicos mediante una conexión directa con la Ruta 66, además de sumar la remodelación del Parque DYR y la habilitación de la Playa Pacheco Altamirano. Finalmente, la adenda excepcional de 2026 profundizó estudios vinculados a aire, ruido y paisaje.
En total, la tramitación incluyó más de 100 estudios científicos, 22 medidas de compensación y mitigación, 50 compromisos ambientales voluntarios y 21 planes de seguimiento.
El proyecto también considera un plan de reasentamiento para 217 predios de las poblaciones Juan Aspeé y Brisamar, además de programas de apoyo para la pesca artesanal en las caletas San Pedro Pacheco Altamirano, Puertecito y Boca Río Maipo, junto con medidas dirigidas a comunidades Mapuche Lafkenche.
Entre los principales compromisos ambientales aparece además la creación de una red de parques y espacios públicos de cerca de 60 hectáreas. Ahí se incluye el Parque Lagunas de Llolleo, que contempla casi cuatro kilómetros de senderos y un centro interpretativo, además de la remodelación del Parque DYR y el nuevo Paseo El Molo, un paseo peatonal de aproximadamente 1,5 kilómetros sobre el futuro molo de abrigo.
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Camila Bejarano corresponsal Zona Norte
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