El uso indebido de licencias médicas y las influencias que mueven los nombramientos en el Poder Judicial son algunos de los casos que marcaron el año 2025, encendiendo el debate respecto a la probidad e integridad en la función pública.
Este martes, en el marco de la Cuenta Pública del Segundo Tribunal Ambiental, donde se destacó que en 2025 el Tribunal experimentó un incremento porcentual de un 67% respecto de los ingresos del período anterior- se realizó el conversatorio “Probidad, integridad y justicia ambiental: estándares, desafíos y buenas prácticas”, instancia en que se intentó delinear las fórmulas para fortalecer la integridad pública.
Marcos Lima, expresidente ejecutivo de Codelco, planteó que “lo central no es prohibir absolutamente (los conflictos de interés), sino más bien declararlos”, ya que en un país pequeño como Chile existirán. En esa línea, la directora de la Escuela de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad de Chile, Lorena Oyarzún, advirtió que “cuando hablamos de probidad, también hablamos de legitimidad”. “La legitimidad no se da solamente porque se conozca, porque se haya hecho una norma o que exista una ley, sino que tiene que haber un consenso y una cultura”, alertó.
Incluso, complementó el secretario ejecutivo de la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia, Carlos Guazzini, “si lo llevamos al nivel legal, se define como falta de probidad también la falta de razonabilidad en las decisiones”. Y recalcó: “Si la regulación actual es buena, mala, suficiente, insuficiente, es algo que podemos discutir. Y hay proyectos que están en la línea de mejorar. Pero el conflicto de interés existe, siempre va a existir y lo importante es cómo lo regulamos y cómo conseguimos que las decisiones públicas que se tomen, satisfagan el interés público”.
“Lo central no es prohibir absolutamente (los conflictos de interés) sino que declararlo”, recalca el expresidente ejecutivo de Codelco, Marcos Lima.
Pero el presidente del Colegio de Abogados y excontralor General de la República, Ramiro Mendoza, puso un matiz. “Tenemos la idea de que la ley nos arregla todo y que la ley nos va a poner la investidura moral correcta”, dijo. A su juicio, “los problemas en realidad se van a arreglar en la medida en que bajemos culturalmente al interior de nuestras organizaciones la forma de Estado que queremos, el servicio público que queremos, el funcionamiento correcto que queremos”.
Frente a los casos que marcaron el 2025 en materia de probidad, Mendoza reconoce que el abogado Luis Hermosilla “nos puso a todos en la palestra desde el punto de vista del ejercicio de la profesión”, pero -dijo- “creo que sacamos pocas lecciones”. Comentó que en el sentido de cuestionar esta mala praxis, los tribunales se encierran en sí mismo. “Hay que realmente tener muralla, pero hay que tener puertas que se sepan abrir y que se sepan abrir para todos”, indicó.
Lima replicó que de seguro muchas personas estaban en antecedentes de ciertas prácticas irregulares. “Esto afecta a todos. Este no es un problema solo del Poder Judicial”, afirmó. Y dijo sentir que “más de alguien debiera haber levantado la mano”.
“Los problemas se van a arreglar en la medida en que bajemos culturalmente al interior de nuestras organizaciones la forma de Estado, el servicio público y el funcionamiento correcto que queremos”, aseguró el excontralor Ramiro Mendoza.
Oportunidades y riesgos
En el caso de los Tribunales Ambientales, Guazzini indicó que, si una finalidad valiosa para la ciudadanía es bajar los tiempos de tramitación, “hay que ver de qué modo con las nuevas tecnologías, con Inteligencia Artificial (IA) es posible”. Sobre el uso de la IA, Oyarzún aseguró: “Lo importante es la regulación y la reflexión crítica sobre ese uso”.
Mendoza fue más allá. Advirtió que los Tribunales Ambientales tienen un problema mayor con los nombramientos y la salida de los jueces. En el primer caso, dijo, “es un problema enorme para la calidad de la justicia y la productividad de la justicia ambiental. Creo que ahí tenemos que decir algo”. Mientras, en el segundo, “la salida de un juez de un tribunal ambiental o la salida de un juez de un Tribunal Tributario y Aduanero (el problema) es para el mercado”.
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