Cuando la Cámara de Diputados bulle en torno a las indicaciones ingresadas al proyecto misceláneo del gobierno, la oposición retomó uno de los problemas que, desde el punto de vista del sector, genera la iniciativa y que dice relación con eventuales conflictos de interés que tendrían algunos secretarios de estado, particularmente en materias relativas a aspectos tributarios de la propuesta del gobierno. Esta vez fue la propia ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, quien reabrió este flanco y la oposición inició una fiscalización.
Así lo informó el diputado socialista Juan Santana, quien en conjunto con otros legisladores de oposición, denunció que la secretaria de Estado omitió información en su declaración de patrimonio e incluso habría involucrado a otros ministros, al manifestar que otras autoridades también lo habrían hecho.
Los diputados fundamentaron sus inquietudes en una entrevista concedida por la ministra al medio Fastcheck.cl, donde señalaría que no es la única con “empresas no declaradas” y que “los otros ministros me dijeron que ellos no habían puesto cosas de ese tipo”.
Según el artículo, Lincolao habría omitido su participación en una consultora familiar, una empresa tecnológica constituida en Estados Unidos y una asociación de propietarios de viviendas del barrio norteamericano del Estado de Virginia, donde la secretaria de Estado tendría su vivienda principal, en ese país.
“Completamente grave”
Al respecto, Santana detalló que Lincolao “omitió su vínculo con tres empresas, una de ellas relacionada al rubro de la tecnología, que es el sector que, precisamente, le corresponde regular como ministra de Estado”.
En este sentido, el legislador socialista recordó que “esto es parte de una obligación legal que está plasmada en el artículo N° 8 inciso N° 3 de nuestra Constitución”.
Y añadió que también es una obligación, “toda vez que se discute una reforma que, eventualmente, podría beneficiar también a los ministros de Estado”, aludiendo al proyecto misceláneo que abarca en gran parte cambios estructurales al sistema tributario.
Santana calificó, además, como “completamente grave” el que la ministra en cuestión haya aseverado que otros de sus pares también omitieron información de este tipo, porque se vulneraría una obligación constitucional. E insistió en que ello implica ocultar información “respecto de los eventuales beneficios que podrían tener” algunos secretarios de Estado, a partir de la aprobación del proyecto misceláneo.
De ahí que los parlamentarios opositores anunciaron que enviarán oficios a todos los ministerios, solicitando saber si “hay ocultamiento de información en sus declaraciones de patrimonio”.
Adelantaron que incluso, de ser necesario, concurrirán también a la Contraloría para que investigue la legalidad de los actos u omisiones en las que habrían incurrido los ministros de Estado, “de ser ciertos los dichos de la ministra Lincolao”.