Aunque aún no se comienza a discutir el proyecto de reactivación económica en el Senado, el debate sobre la iniciativa del gobierno no hace más que subir de tono. Por un lado, la eventual acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, generó una fisura en el oficialismo; y, por otro, están los dichos del ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, que podrían provocar el mismo efecto en la oposición, tentando a algunos sectores a buscar acuerdos, mientras otros consideran que hacerle algunos ajustes a la propuesta es insuficiente.
El ministro García Ruminot, encargado de las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, señaló en el diario La Tercera que el IFP obligaría al gobierno a hacer “algunos ajustes en el proyecto, que signifiquen más ingresos o menores costos de la reforma; y, también algunos mayores recortes en los presupuestos de los próximos años”.
Sin embargo, la aparente apertura del Ejecutivo no cayó del todo bien en la totalidad de la oposición, donde mayoritariamente desconfían de sus intenciones. Por lo pronto, el senador Diego Ibáñez (FA) –cuyo partido integra el comité mixto DC, independiente II, FRVS e independientes, PC y FA- no se muestra nada convencido y, en cambio, “invita” al gobierno a “dialogar en serio, de forma responsable”.
En tal sentido, el parlamentario opositor detalla: “Que nos proponga un método concreto, plazos, que convoque a mesas técnicas, que le quite la urgencia y el debate se realice en diversas comisiones del Senado”. Es decir, Ibáñez insta al Ejecutivo a que “genere espacios de acuerdo real, frente a una reforma que no tiene ni prestigio técnico ni prestigio social”.
El listado de Provoste
En la misma línea que Ibáñez, la jefa del comité, senadora DC Yasna Provoste, sostuvo que “debemos ser coherentes con la tradición democrática del Senado”, lo que significaría que la iniciativa “requiere un análisis técnico serio y responsable”, por lo que insiste en que se debería disponer una mesa técnica “de alto nivel” y la disposición del gobierno a negociar, advirtiendo que “aprobar por un voto no da la estabilidad política que el futuro del país requiere”.
En materia de contenidos, la senadora tiene un listado de temas que a su juicio se deberían revisar: la rebaja del impuesto corporativo, la invariabilidad tributaria, los incentivos a la capacitación laboral y la restitución de gastos a empresas por anulación de RCA, entre otras. Indicó, además, que es necesario abordar la ausencia de compensaciones fiscales, pues “los distintos beneficios tributarios merman la recaudación fiscal afectando la continuidad del sistema de protección social y los recursos del Fondo Común Municipal”:
Así las cosas, con el falangismo en una posición bastante dura, al Ejecutivo sólo le queda esperar que la oposición se desgrane y que, efectivamente, el Socialismo Democrático (SD) -reunido en un solo comité junto con el Partido Liberal (PL)- acepte negociar bajo las cláusulas del gobierno o este tendría que pirquinear aunque sea un voto para conseguir la mayoría en esta corporación.
La advertencia de la timonel PS: recortes anunciados “son un obstáculo para avanzar"
En el Partido Socialista están tomando el tema con cautela. La presidenta del partido, senadora Paulina Vodanovic, previene acerca de que “esta reforma no puede tener una tramitación como la que tuvo en la Cámara” y que hay que poner sobre la mesa “los temas importantes para Chile”. Eso, “sin dañar la provisión, que es obligación del Estado, de cubrir los derechos sociales”. Y le manda un aviso al Ejecutivo, aseverando que los recortes anunciados “son un obstáculo para avanzar en esta discusión”.
El jefe del comité social demócrata, el senador socialista Juan Luis Castro, evita profundizar en el tema y, en cambio, sí aseguró que “es natural que haya modificaciones, porque llega a la Cámara Revisora”.
Eso sí, le envió un mensaje al gobierno, recordándole que en esta corporación “hay casi, virtualmente, un empate de fuerzas, lo que obliga al diálogo de las partes”.
Su compañero de bancada, senador Gastón Saavedra, advirtió que antes que cualquier cosa, el Ejecutivo “debe responder las alertas del CFA”. Y cree que su sector estaría disponible para bajar dos puntos, de 27% a 25%, el impuesto corporativo, siempre que se haga con compensaciones.
Araya asegura que “nadie del gobierno se ha acercado a conversar”
Uno de los que el gobierno cree que podría atraer a su causa, es el subjefe de comité SD, senador PPD Pedro Araya, quien aseguró que nadie del gobierno se ha acercado a conversar con él. Y añadió que, a su juicio, es “mucho más relevante (que el aspecto tributario) es el tema del desarme de la institucionalidad ambiental, el resto es discutible”.
Por otro lado, en lo que discrepa con su sector –aclaró- es en que no se puede no estar disponible a conversar. Y, al igual que sus compañeros de comité, no se cierra a rebajar el impuesto corporativo, siempre que se estudien compensaciones.
Entonces, no está para nada claro que el Ejecutivo cuente con el voto de Araya para aprobar la idea de legislar. Y el ambiente se pone aún más complejo para el gobierno.
Mirosevic: “¿Hasta dónde está disponible el gobierno para avanzar?”
Otro integrante de este comité es el senador del Partido Liberal (PL) Vlado Mirosevic. El parlamentario opositor “valoró mucho” que el gobierno reconociera que “el proyecto tiene varias dimensiones que ajustar, después del IFP me parece que esto es bastante evidente”.
El representante de Arica y Parinacota en la Cámara Alta recordó que su sector lo advirtió desde el primer trámite y que, dado que el Ejecutivo “reconoce por primera vez que hay dificultades en el proyecto, se abre una oportunidad y veremos hasta dónde está disponible el gobierno para avanzar”.
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