Resulta paradojal que, aunque los eventuales autores de la acusación constitucional en contra del exministro de Economía y de Hacienda, Nicolás Grau Veloso, aún no se ponen de acuerdo en cómo trabajar en conjunto, la oposición esté criticando con dureza el uso por parte de los partidos Nacional Libertario (PNL) y Republicano (PR) de herramientas de fiscalización para responsabilizar a representantes del gobierno anterior de supuestas infracciones.
Incluso mucho antes de las 14:00 horas de este martes, desde la oposición reaccionaban al anuncio que aún no formalizaba el presidente del PNL, Johannes Kaiser. Aunque, desde la colectividad, originalmente citaron a la prensa para las 15:00 horas, a poco andar adelantaron en una hora el anuncio. ¿Qué estaba pasando? Que el PR parecía estar quedándose atrás de una jugada que podría resultar clave en tiempos tan complejos, políticamente hablando.
Ello se habría debido a que
en el partido liderado por el senador Arturo Squella existirían dudas respecto de qué tan razonable resulta ingresar una acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, en medio de la discusión del proyecto misceláneo del gobierno. Iniciativa que tiene un camino mucho menos expedito en el Senado que en la Cámara -sin un Partido de la Gente (PDG) que contribuya a sumar votos- y donde el Ejecutivo no sólo debe esforzase por convencer a la oposición, sino también al rebelde del oficialismo Alejandro Kusanovic.
Pues bien, pasadas las 14:00 horas, flanqueado por gran parte de los diputados de su partido, Kaiser anunció la presentación de la acusación constitucional en contra de Grau, porque “no se cumplió con la Ley de Administración del Estado” y el contenido informado por el exsecretario de Estado es falso, sentenció, advirtiendo que “incluso puede constituir delito”. Por lo que el exdiputado le recomendó al afectado “una muy buena defensa”, porque desde la vuelta a la democracia “no habíamos tenido un caso como este”.
Kaiser aseguró que su partido hará valer las responsabilidades políticas y que eso “lo hubiéramos hecho con o sin republicanos”, porque “nos quedan dos semanas o prescribe la acción”. Pero no dejó pasar la oportunidad de asegurar que el “responsable” de lo que está ocurriendo es el exministro de Hacienda Mario Marcel, a quien ya no se le puede acusar constitucionalmente.
En este contexto, el exparlamentario instó a Chile Vamos a que “no hagan cálculo político” en relación con respaldar, o no hacerlo, la acusación.
Kaiser aseguró que su partido hará valer las responsabilidades políticas y que eso “lo hubiéramos hecho con o sin republicanos”, porque “nos quedan dos semanas o prescribe la acción”.
“Testeo” republicano
La alusión al Partido Republicano no es casual ni mucho menos, sino debido a que ya se conocía la información de que una hora después del anuncio de Kaiser, quien por cierto evitó entrar en detalles del contenido de la acusación o si la harían en conjunto con los representantes de la colectividad fundada por José Antonio Kast, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Agustín Romero, fue el encargado de hacer el anuncio en nombre de su bancada, rodeado de varios de sus pares.
Aseguró que las explicaciones de Grau respecto del IFP y el contenido del mismo “revisten la máxima gravedad institucional y fiscal”, por lo que la bancada resolvió “estudiar” la presentación de una acusación constitucional, para que sea la Cámara y luego el Senado los que determinen “las eventuales responsabilidades políticas”.
Según detalló, la acusación buscará esclarecer si existió vulneración al deber de transparencia fiscal, una entrega deficiente de información relevante, al Congreso; y, un “incumplimiento grave de los deberes propios de la conducción responsable de la Hacienda Pública”.
Por su parte, el jefe de bancada, diputado Benjamín Moreno, dijo que lo que se busca es hacer que el exministro asuma la “responsabilidad política” de su quehacer.
Respecto de la oportunidad de la acusación, que se ingresaría durante la tramitación del proyecto misceláneo en el Senado, Moreno señaló que si bien eso es algo que muchos deben estar preguntándose y, “la verdad, que frente a los datos que tenemos sobre la mesa, creemos que es de total responsabilidad avanzar en esa materia” y descartó que este proceso contamine una discusión que debe tratar acerca del crecimiento del país y restablecer las finanzas públicas; y que ambos temas irán por carriles separados, aunque haya quienes “mañosamente” pretendan mezclarlos.
Incluso aseguró haber hecho un “testeo” entre distintas fuerzas políticas para calcular la viabilidad de la acusación y “creo que sí vamos a tener los votos para aprobar esta acusación, por lo menos en la Cámara de Diputados”, es decir, dijo que a lo menos cuentan con los 78 votos requeridos. Todo, a una semana exacta de la primera cuenta pública de Kast
Dudas por el clima, en el oficialismo
En Chile Vamos preocupa la oportunidad y el clima que se pueda generar con la oposición. Desde RN, el subjefe de la bancada de diputados, Eduardo Durán, se mostró contrario a “una acusación constitucional, en medio de una discusión tan importante para el país (en alusión al proyecto misceláneo), puede terminar tensionando innecesariamente el ambiente político y afectar los acuerdos que Chile necesita sacar adelante”.
Mientras que una mirada similar, pero más tímida, expresó el jefe de los diputados de RN Diego Schalper, planteando que “queremos ser muy cautos en estudiar este tema, y también, al mismo tiempo, enfocar nuestra energía en sacar adelante la ley de reconstrucción, en sacar adelante las emergencias que están en los distintos campos, en abogar, porque la cuenta pública del presidente Kast mire las distintas emergencias, y, por lo mismo, vamos a evaluar este tema en su mérito la próxima semana.
Y la jefa de la bancada de la UDI, Flor Weisse, adelantó que su partido estudiará “en su mérito” y luego tomarán la decisión de cómo actuar frente a la acusación, recordando que para que esta tenga éxito es necesario garantizar que se cuente con los votos. Pero tal como sus socios de RN evitó comprometer sus votos.
Desde el Movimiento Demócrata, la presidenta diputada Joanna Pérez, también advirtió que “este tipo de situaciones no ayuda al clima de unidad que hoy se necesita para avanzar en seguridad, reactivación económica o sacar adelante el plan de reconstrucción nacional”; y, la diputada del PDG Zandra Parisi, manifestó que, “en lo personal, creo que una acusación por sí sola no recupera recursos ni corrige eventuales fallas”.
Suspicacia opositora
En este escenario, el análisis de la oposición es inflexible. Por lo pronto, el diputado Gonzalo Winter (FA) acusó al Presidente Kast de que a pocos días de enfrentar su primera cuenta pública, donde “tenía que decir claramente que en seguridad había fracasado, por eso sacó a la ministra, y que en migración no iba a cumplir; entonces, oportunamente aparece Quiroz”. E instó al mandatario a que “no haga voladores de luces”.
Y el senador Diego Ibáñez planteó que lo que propone el PNL es “otro show político disfrazado de debate técnico” y que “la proyección de la deuda pública, como lo señalan los expertos, se realiza con variables que cambian con el tiempo, como la inflación, el valor del peso, la proyección de la economía global y esto no tiene absolutamente nada que ver con la vulneración a la ley y la Constitución”.
Por su parte, la diputada falangista Priscilla Castillo reconoció que “a todos los chilenos nos interesa que haya un equilibrio y transparencia en el manejo de las finanzas públicas, pero no un aprovechamiento político”, por lo que fue enfática en que “estamos en desacuerdo con una acusación constitucional contra el exministro Grau, porque no queremos fomentar la odiosidad”.
Y la reflexión de la senadora socialista Daniella Cicardini pasa, justamente, por el futuro del proyecto de reactivación, recordando que “cuando el ministro Quiroz presentó esta ley de los súper ricos, ya se habían advertido los riesgos fiscales”, por lo que “si ahora el propio gobierno reconoce que el escenario fiscal es aún más estrecho; entonces, este proyecto se vuelve todavía más inviable y más peligroso para nuestro país, porque lo único que hoy parece garantizar esta reforma es más deuda y más recortes sociales”.
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