La decisión del Segundo Tribunal Ambiental de revocar la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y retrotraer parcialmente el proceso de evaluación ambiental del proyecto “Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva” de Collahuasi encendió las alertas de los dos principales gremios mineros del país, que advirtieron por los efectos del fallo sobre la certeza jurídica y el clima de inversión en Chile.
Cabe recordar que la iniciativa de US$ 3.200 millones consiguó su RCA en diciembre de 2021 y tiene como objetivo la continuidad operacional de la faena de cobre por otros 20 años. Para ello, el proyecto -más conocido como C20+- contempla la construcción de una planta desaladora para abastecer la operación, la cual se encuentra prácticamente terminada.
Así, ante el revés sufrido por la quinta mayor mina de cobre del mundo, desde el Consejo Minero, su presidente ejecutivo, Joaquín Villarino, sostuvo que “vemos con preocupación el fallo del Segundo Tribunal Ambiental, no solo por sus efectos sobre un proyecto en particular, sino por la señal que entrega respecto de la certeza jurídica y la estabilidad del sistema de permisos en Chile”.
"Estamos hablando de un proyecto aprobado hace cinco años, con más de US$ 3.200 millones invertidos y prácticamente terminado, que hoy vuelve a enfrentar incertidumbre regulatoria", agregó, apuntando a que "esto reinstala el debate sobre la permisología y las dificultades que tiene el país para desarrollar proyectos estratégicos”.
En esa línea, el líder del gremio que agrupa a las más grandes compañías mineras que operan en el país -entre ellas Anglo American y Glencore, que controlan en partes iguales (44%) a Collahuasi-, enfatizó: "Nos parece contradictorio que, mientras existe un consenso transversal sobre la necesidad de impulsar el crecimiento y destrabar inversiones, se produzcan fallos que reabren incertidumbres sobre permisos ya otorgados por el propio Estado. El fantasma de la permisología y de la falta de certeza jurídica sigue presente, y eso genera preocupación en cualquier sector que evalúe invertir en proyectos de largo plazo en Chile”.
"Señales preocupantes"
Por su parte, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Jorge Riesco, advirtió que este tipo de resoluciones “envían una señal preocupante para el clima de inversión en Chile, especialmente cuando se trata de proyectos de gran escala y largo plazo. Hoy vemos cómo una iniciativa que fue aprobada por las instancias técnicas hace cinco años, que ya suma inversiones por sobre los US$3.200 millones y que está prácticamente terminada, vuelve a quedar expuesta a incertidumbres regulatorias”.
El timonel agregó que el fallo del Segundo Tribunal Ambiental “reabre una discusión que el país aún no logra resolver: las dificultades para avanzar con proyectos estratégicos debido a la excesiva permisología y a la falta de estabilidad en los procesos de autorización".
Ante el impulso que ha buscado dar el actual gobierno a las inversiones del sector, mediante la mayor certeza regulatoria y la agilización de permisos, Riesco comentó que "resulta difícil compatibilizar el llamado transversal a impulsar el crecimiento económico y destrabar inversiones con decisiones que vuelven a poner en duda permisos ya otorgados por el propio Estado. Nuestro llamado es a promover la confianza y certeza para incentivar de manera responsable la inversión en Chile”.
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Patricia Marchetti
