En la Dirección de Presupuestos (Dipres) no lo podían creer.
En el equipo de 350 funcionarios y que opera -en su mayoría- en el ala sur del piso 12 del Ministerio de Hacienda, en Teatinos 120, sospechaban que varias de las cifras fiscales heredadas del gobierno de Gabriel Boric tendrían que revisarse, ante la posibilidad de que la situación fuera peor a lo reportado, pero nunca pensaron que se detectaría una brecha tan grande como la que se dio a conocer en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) de este lunes.
Se trata del error -o "inconsistencia técnica", como se recalcó- que se detectó al comparar el empeoramiento del déficit fiscal efectivo de 2026 a 2030 entre el IFP del tercer trimestre 2025 y el del cuarto trimestre (los dos últimos de la gestión Boric) con el aumento de la deuda bruta del Gobierno Central para dicho lapso.
En los cálculos del equipo no calzaba que, por una parte, el déficit se engrosara en $ 13.455.863 millones para 2026 a 2030 entre ambos reportes, pero que la trayectoria de deuda aumentara solo $ 3.896.574 millones.
¿El resultado? Habría $ 9.559.289 millones (US$ 10.600 millones) de mayor déficit que no se habría incluido en la proyección de mediano plazo como mayores necesidad de endeudamiento. Esto motivó el inicio de una indagatoria interna.
El tema no es menor. En el IFP, Hacienda y la Dipres no solo analizan y actualizan la situación pasada y actual de las finanzas del Estado, sino que también -y más importante- trazan una línea respecto a las necesidades de gasto y financiamiento para el Fisco en un horizonte de cinco años, por lo que cualquier descuadre por mayor gasto y/o menores ingresos enciende alarmas en la repartición.
En la elaboración del IFP participan distintas áreas de la Dipres, desde las subdirecciones hasta los departamentos técnicos y el área jurídica. Se trata del producto más relevante -y macizo, en términos de su volumen- que prepara la dirección cada tres meses. Es un insumo de alto interés para el mercado, pero también para el mundo político.
Las y los escuderos
Desde el 11 de marzo, la Dipres es encabezada por un histórico: José Pablo Gómez. Ingeniero civil industrial de la Universidad Católica, con una maestría del programa Ilades con la Universidad de Georgetown -donde fue alumno del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz-, Gómez fue militante de la DC, superintendente de Salud en el gobierno de Ricardo Lagos, jefe de la estratégica División de Finanzas Públicas de Dipres entre 2008 y 2022, y hasta febrero de este año gerente de Administración y Finanzas de ENAP.
Quienes conocen la dinámica de Dipres comentan que al preparar el IFP -en paralelo a otras demandantes exigencias, como aplicar el millonario recorte de gasto por US$ 6.000 millones y diseñar el voluminoso informe financiero de la ley miscelánea de reactivación y reconstrucción-, Gómez solicitó antecedentes a distintas áreas como Estadísticas, Estudios, Finanzas y Empresas Públicas, Programación de Mediano Plazo y Jurídica, por citar solo algunas, para entender por qué había tanta diferencia entre el deterioro del balance y la proyección de deuda.
La diferencia -detectada por él y cotejada con distintas áreas de la repartición- puso en alerta al equipo y a Hacienda. La exigente carga de trabajo por el ajuste de gasto y la preparación de la ley miscelánea obligaron a chequear varias veces los datos incluidos en el IFP, sobre todo la discrepancia en la deuda. Esto llevó a postergar en tres oportunidades la publicación del reporte, que tradicionalmente se da a conocer entre fines de abril e inicios de mayo.
Para diseñar el documento, Gómez se nutrió del aporte de distintas áreas de Dipres, cuyos titulares son un mix de personas que arribaron con él el 11 de marzo y otras que vienen de etapas previas.
Por ejemplo, parte de su círculo de hierro lo componen el subdirector de Presupuestos, Claudio Martínez, y el subdirector de Racionalización y Función Pública, José Ignacio Llodrá.
Martínez -quien ya ejerció el puesto entre 2019 y 2022- tiene bajo su alero todo lo relacionado a administración presupuestaria, como el nuevo Departamento de Programación de Mediano Plazo -a cargo de la economista Margarita Vial- y los sectorialistas que trabajan en coordinación con los ministerios, servicios y organismos autónomos del Estado.
Llodrá, por su parte, tiene a cargo el diseño de políticas públicas del gobierno, así como las materias relacionadas a empleo público e institucionalidad del Estado. Bajo su alero están el Subdepartamento de Estadísticas -a cargo de Gonzalo Echavarría-, el de Estudios -encabezado por Mauricio Carrasco y donde se aloja la Coordinación Macroeconómica de la mano de Arturo Claro Valdés-, y el de Institucionalidad Laboral, al mando de la abogada Patricia Orellana.
Otra área clave en el día a día es la jefatura de gabinete, ejercida por la abogada Mónica Bravo, quien cuenta con pasos previamente por Dipres y la Dedecon.
Los departamentos clave
Ya dependiente directamente de Gómez, se ubican una serie de áreas clave para el trabajo interno de Dipres. Uno de ellos es el Departamento de Evaluación, Transparencia y Productividad Fiscal, cuya titularidad está vacante a la fecha y que era ejercida hasta marzo por el ingeniero civil industrial Rodrigo Díaz. Un área fundamental de este grupo es el Subdepartamento de Planificación, Diseño y Monitoreo, a cargo del ingeniero agrónomo Roy Rogers.
Luego está el Departamento de Finanzas y Empresas Públicas -continuador del área de Finanzas Públicas que en el pasado ejerció Gómez- y que está a cargo de la economista Sonia Adriasola. De este departamento cuelgan áreas que son estratégicas, como el Subdepartamento de Empresas Públicas -a cargo del exENAP Nicolás Correa-, el de Crédito Público -comandado por la ingeniera comercial Fabiola Cuevas-; y el de Ingresos Públicos, liderado por el exBanco Central Diego Vivanco.
La Unidad Jurídica también tiene un rol preponderante en el día a día de la Dipres, al ser la encargada de asesorar jurídica y legalmente al director y al servicio. Desde marzo el área está encabezada por la abogada Francisca Domínguez, quien fue a su vez gerenta corporativa legal de ENAP, coincidiendo con la etapa de Gómez en la petrolera. 