La jueza Paulina Moya decretó prisión preventiva para Pedro Pablo Larraín, Michael Clark, Carlos Larraín y Sergio Yáñez. Además, otorgó arresto domiciliario parcial y arraigo nacional para Rodrigo Bustamante y Juan Carlos Jorquera.
Moya dio por acreditados seis de los siete delitos formalizados: administración desleal, estafa, negociación incompatible, entrega de información falsa al mercado, fraude por omisión de Oferta Pública de Acciones (OPA) y lavado de activos. Eso sí, desestimó el ilícito de contrato simulado.
Los seis imputados se sumaron a las medidas cautelares ya decretadas por el tribunal en los primeros días de audiencia: el arresto domiciliario total para Alfredo Harz, Óscar Ebel y Hugo Baranda, mientras que dispuso la medida de arresto domiciliario parcial para Mauro Valdés y Miguel León.
Tesorería del grupo
En su exposición, Moya detalló cómo el tribunal interpretó el caso, en que se investigan millonarios préstamos desde fondos de Sartor AGF a sociedades vinculadas a sus socios y directivos.
La jueza destacó la importancia de que un caso de inversiones en sociedades relacionadas “fuese tratada como parte relevante de la decisión (...) que la operación fue adoptada desde el lado del patrimonio, que entregaba los recursos y no desde el interés de quien recibía los recursos”.
A juicio de la magistrada, lo mismo ocurrió con la sucesiva renovación y reestructuración de los créditos, y si bien refinanciar a un deudor que atraviesa dificultades puede ser una decisión racional de negocios, “cada nueva decisión debía seguir teniendo sentido para el fondo”, sostuvo antes de decretar las medidas cautelares.
“La cuestión era si en cada una de esas decisiones continuaba existiendo una expectativa económica razonable de preservar o de mejorar la posición del fondo, o si en algún momento el objetivo predominante había pasado a ser mantener con vida a la sociedad deudora o proteger otros intereses del grupo”, sostuvo Moya.
Respecto al proyecto inmobiliario en Miami, One River Point (hoy Faena Residences), “una inversión inmobiliaria internacional puede perfectamente estructurarse de esa manera, lo relevante era reconstruir qué posición conservaban finalmente los fondos que aportaron los recursos y dónde quedaban radicados los derechos sobre el activo financiado”, explicó.
“Los fondos podían participar en la estrategia empresarial del grupo, pero no transformarse en la tesorería del grupo”, alertó.
El exsocio de ECapital y exdirector de Sartor AGF, Carlos Larraín; El expresidente de Azul Azul y exdirector de Sartor AGF, Michael Clark; El exaccionista de ECapital, Sergio Yáñez y el controlador del grupo Sartor y la AGF, Pedro Pablo Larraín. Fotos: Julio Casto y Archivo.
Los hermanos Larraín
En el detalle, a Pedro Pablo Larraín -controlador del grupo Sartor- se le imputó principalmente el delito de administración desleal, por su intervención en la relación financiera entre Sartor AGF, el factoring ECapital y la matriz de este último, Danke SF SpA.
Según la resolución, a fines de 2018 ya habría estado informado de la existencia de unos $ 30 mil millones en activos de difícil recuperación de ECapital y, pese a ello, habría intervenido durante años en decisiones de renovación y reprogramación de esas exposiciones.
La magistrada apuntó que Larraín operó con un doble rol como presidente la AGF y apoderado de ECapital, bajo el cual, suscribió pagarés, prórrogas y capitalización de intereses en representación de las sociedades deudoras, mientras desde la administradora participó en renovaciones de financiamiento, como, en 2023, una línea de hasta $ 10 mil millones y, en septiembre de 2024, con la reprogramación de unos $ 7.850 millones en ocho créditos vencidos.
“Los fondos podían participar en la estrategia empresarial del grupo, pero no transformarse en la tesorería del grupo”, sostuvo la jueza Paulina Moya en su fallo.
También, según Moya, aprobó y firmó financiamientos al proyecto inmobiliario en Miami, One River Point, el que recibió más de $ 50 mil millones desde el fondo “Sartor Táctico Internacional” -hoy en mora- y que fue especialmente resaltado por la jueza.
“Los antecedentes incorporados permitirían sostener provisionalmente que los resguardos no habrían tenido correspondencia con la magnitud de la exposición asumida”, alertó respecto de esta inversión.
Asimismo, Moya señaló que Carlos Larraín fue director de Sartor AGF -hasta el 29 de diciembre de 2021-, rol desde el que participó en el comité de crédito que aprobó financiamientos en abril de aquel año a la sociedad “Inversiones Cerro El Plomo” por UF 33.900 y $ 1.000 millones desde los fondos “Leasing y Proyección”, empresa clave en la ruta del dinero hacia la sociedad anónima abierta Azul Azul, concesionaria del club de fútbol Universidad de Chile.
Tras renunciar, la jueza explicó que Larraín seguía asesorando de manera remunerada a la administradora, aprobando préstamos y siendo consultado por una reestructuración ligada al proyecto One River Point.
En tanto, la magistrada Moya atribuyó a Michael Clark la imputación del delito de omisión de una OPA, al no realizar dicha operación para la hoy cancelada compra del 90% del fondo privado “Tactical Sport”, dueño de cerca del 63,07% de las acciones de Azul Azul, a finales de 2024.
También, habría protagonizado el delito de administración desleal por la eventual aprobación de financiamientos a Cerro El Plomo con recursos de los fondos Sartor Leasing y Sartor Proyección, cuyo destino documentado en el juicio era financiar a Tactical Sport y la compra de Azul Azul.
La jueza también acreditó la participación de Clark en el delito de lavado de activos, ya que recursos de los fondos habrían sido canalizados vía Cerro El Plomo hacia Tactical Sport para financiar la toma de control del club deportivo, activo que Clark habría incorporado luego a su patrimonio, primero con el 10% y finalmente con la totalidad de las cuotas, por unos US$ 5,7 millones.
Finalmente, Sergio Yáñez fue señalado por la jueza por su condición de controlador de Emprender Capital (ECapital), una de las principales deudoras de los fondos.
El tribunal le atribuyó una eventual participación como facilitador de los medios para ejecutar los delitos. A fines de 2018 habría reconocido la mala calidad de parte de la cartera, con una exposición de entre $ 25 mil millones y $ 30 mil millones, y luego, intervino en las sucesivas reestructuraciones de esa deuda, como un protocolo de financiamiento de 2018 con pagarés por unos $ 25.000 millones, distribuidos entre distintos vehículos vinculados a los fondos de Sartor.
La jueza Paulina Moya. Foto: Aton
Necesidad de cautela
Respecto a las necesidades de cautela (requisito para solicitar medidas cautelares), Moya argumentó que los antecedentes de la imputación presentan “gravedad particular y tremendamente intensa”, debido a que comprometería no solo el patrimonio de los aportantes de los fondos de Sartor, sino que la confianza en la administración profesional de recursos de terceros en la industria.
Para todos los imputados, Moya señaló que son un peligro para la seguridad de la sociedad.
En el caso de Pedro Pablo Larraín y Michael Clark, también agregó el peligro para el éxito de la investigación.
Para Larraín, detalló que, tras la intervención de la CMF a fines de 2024, habría instruido deshacerse de su teléfono y borrar su contenido, además de eliminar posteriormente integrantes del chat corporativo de directores de Sartor y gestionar la cancelación de servicios de Microsoft.
En cuanto a Clark, el tribunal apuntó a instrucciones para borrar comunicaciones de WhatsApp y activar mensajes temporales, junto con el hecho de que su teléfono incautado no contenía mensajes anteriores a marzo de 2026.
Moya apuntó que los antecedentes de la imputación presentan “gravedad particular y tremendamente intensa”, debido a que comprometerían la confianza en la administración profesional de recursos de terceros en la industria.
Defensas disconformes con la decisión
A la salida del tribunal, Jaime Winter, abogado del controlador de Sartor, Pedro Pablo Larraín, señaló que “como resulta evidente, no estamos conformes con la resolución que hemos escuchado el día de hoy y vamos a ver todas las acciones, no solamente la apelación, para poder revertir esta situación”.
Rodrigo Piergentili, defensor del exgerente general de Sartor AGF, Juan Carlos Jorquera, destacó a DF el resultado “muy bueno, porque puede seguir trabajando, pero la resolución es especialmente dura”.
El defensor del socio de Sartor Rodrigo Bustamante, Jorge Cabrera, indicó que a su juicio “ha quedado claro que respecto a mi representado no concurren antecedentes para sostener que haya tenido participación en estos delitos, pero tampoco queda particularmente claro cómo estos hechos podrían ser delictivos”.
Las defensas de Michael Clark, Sergio Yáñez y Carlos Larraín no realizaron comentarios a la prensa. Se espera que los abogados de los cuatro imputados en prisión preventiva presenten sus recursos ante la Corte de Apelaciones en busca de una medida menos gravosa.
Fiscalía destaca resolución
La fiscal regional Metropolitana Oriente, Lorena Parra, destacó que la resolución acogió su posición: “Estamos muy tranquilos y conformes, se dan por acreditados todos los delitos, salvo el contrato simulado”.
El fiscal jefe de Alta Complejidad Oriente, Felipe Sepúlveda, cifró el perjuicio total en aproximadamente US$ 200 millones. “Eso es lo que está comprometido en esta investigación a primera vista, con lo que hemos podido demostrar hasta ahora, lo cual da cuenta de un fraude muy importante, muy relevante”.
Asimismo, anticipó los próximos pasos del Ministerio Público: “Esperamos que podamos, en un tiempo relativamente acotado, completar la investigación (...) cosa que podamos presentar la acusación y hacer el correspondiente juicio oral”.
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