La relación entre los empresarios de la Zona Franca de Iquique (Zofri) y el sistema financiero abrió un nuevo frente. Esta vez, la preocupación no apunta solamente a la reducción de sucursales bancarias dentro del recinto, sino también al cierre de cuentas corrientes y la restricción de otros productos financieros a empresas que operan bajo el régimen franco.
La Asociación Gremial de Empresarios del Barrio Industrial Automotriz de Zona Franca (AGEA), envió una carta al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en la que pidió la intervención de la cartera y una revisión de la situación que están enfrentando usuarios del sistema.
Según el gremio, durante los últimos meses ha tomado conocimiento de un número importante de cierres unilaterales y, en algunos casos, abruptos de cuentas corrientes y otros productos bancarios pertenecientes a empresas de Zofri. La organización sostuvo que la situación está afectando a compañías formalmente establecidas que necesitan esos servicios para realizar pagos nacionales e internacionales, transferencias, operaciones con proveedores, remuneraciones y obligaciones tributarias.
Para las empresas vinculadas al comercio exterior, advirtió AGEA, la pérdida de una cuenta bancaria puede afectar directamente la continuidad de sus operaciones, particularmente en el caso de pequeñas y medianas empresas.
Criterios de riesgo
Uno de los principales puntos planteados por el gremio es determinar si la condición de usuario de zona franca, la ubicación de las empresas en Iquique o las características del comercio mayorista internacional están siendo consideradas por las instituciones financieras como factores generales de riesgo.
AGEA aclaró que no busca eliminar ni flexibilizar las normas destinadas a prevenir el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo, sino revisar cómo se están aplicando esos controles sobre empresas que desarrollan actividades comerciales dentro del sistema franco.
En la carta, el gremio plantea que se debe diferenciar entre operaciones que efectivamente presentan antecedentes de riesgo y actividades comerciales lícitas que cuentan con respaldo documental y están sometidas a controles aduaneros, tributarios y financieros.
“Lo que solicitamos es que el cumplimiento de dichas exigencias sea acompañado de reglas claras, criterios objetivos y una adecuada consideración de las particularidades del Sistema de Zona Franca, evitando que la sola pertenencia a este régimen pueda transformarse en una barrera para acceder y permanecer en el sistema financiero”, señala la organización.
La asociación solicitó a Hacienda establecer si los casos conocidos corresponden a situaciones individuales o si existe un fenómeno de mayor alcance que esté afectando a empresas vinculadas a Zofri.
Menor presencia bancaria
La presentación ante Hacienda ocurre además en medio de la reducción de la atención bancaria presencial en el sector de Zona Franca.
AGEA sostiene que Santander, Itaú y BCI ya dejaron de operar con atención presencial dentro de Zofri. A ello suma el eventual cierre de la sucursal de Scotiabank, que actualmente sería la última entidad bancaria con presencia física en el recinto y que, según el gremio, dejaría de funcionar a fines de septiembre.
De concretarse ese escenario, sostiene la organización, el sector quedaría sin sucursales bancarias físicas y los empresarios, trabajadores y compradores tendrían que desplazarse hacia otros puntos de Iquique para realizar determinadas operaciones financieras.
El gremio plantea que la situación tiene un impacto adicional debido a las características del comercio desarrollado en Zona Franca y a la presencia de compradores nacionales y extranjeros.
A juicio de la asociación, la falta de atención bancaria dentro del recinto incrementa los tiempos y costos de operación, además del riesgo asociado al traslado de dinero fuera del sector. La entidad asegura que usuarios de Zofri ya han sido víctimas de robos relacionados con el transporte y manejo de sumas importantes de efectivo.
Mesa de trabajo
Entre las medidas planteadas al Ministerio de Hacienda, AGEA solicitó coordinar una instancia con la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el Servicio Nacional de Aduanas, las entidades bancarias y representantes de los usuarios de la zona franca.
La propuesta busca analizar mecanismos que permitan mantener los controles de prevención, trazabilidad y debida diligencia, pero considerando las particularidades de las operaciones internacionales que se desarrollan desde Iquique.
El gremio también pidió convocar una mesa de trabajo interinstitucional para revisar los cierres de cuentas y las consecuencias que podría generar la ausencia de sucursales bancarias en el recinto.
“Proteger la integridad del sistema financiero y proteger el desarrollo económico de una región extrema no son objetivos contrapuestos”, sostuvo AGEA.
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Camila Bejarano corresponsal Zona Norte
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