La salida de bancos de la Zona Franca de Iquique (Zofri) amenaza con convertirse en un problema para los usuarios del sistema. La principal preocupación está en las operaciones con efectivo y en la atención a compradores extranjeros, dos aspectos especialmente sensibles para el comercio mayorista que se mueve dentro del recinto.
Bci confirmó a DF Regiones que cerrará su sucursal en la Zofri el 30 de octubre y trasladará la atención a sus oficinas de Playa Brava. Con ello se suma a Santander e Itaú, que ya habían dejado de operar dentro de las instalaciones a mediados de 2025 y julio de este año, respectivamente.
La Asociación Usuarios de Zofri (AUZ) había advertido además que Scotiabank también cerraría su punto de atención y, aunque el banco declinó comentar las versiones, fuentes conocedoras señalaron que la entidad permanecería en la zona franca.
En medio de este contexto, la AUZ apunta a eventuales restricciones para recibir efectivo en pesos y dólares, que junto con el cierre de cuentas corrientes de usuarios nacionales y extranjeros estaría complicando la operación.
El peso del mercado boliviano ayuda a dimensionar el problema. Al cierre de 2024, la Zofri registraba 2.176 usuarios, de los cuales 51% eran extranjeros y 6% correspondía a usuarios de esta nacionalidad. Y según la AUZ, buena parte de los compradores bolivianos opera habitualmente con efectivo, por lo que las restricciones bancarias tienen un impacto directo en este tipo de transacciones.
Riesgo de seguridad
Bci descartó categóricamente que el cierre de la oficina esté vinculado a las situaciones denunciadas por la AUZ y apuntó a decisiones comerciales propias del negocio. “Hemos decidido cerrar nuestra sucursal ubicada en Zofri y trasladar sus servicios a nuestras oficinas de Playa Brava e Iquique. Esta última está en proceso de renovación para incorporar nuestra nueva propuesta de atención omnicanal, que combina asesoría presencial y herramientas digitales para entregar una atención más ágil y resolutiva”, señaló la entidad en una declaración enviada a DF Regiones. El banco agregó que los trabajadores que se desempeñaban en la Zofri serán reubicados en esas mismas oficinas y que los clientes seguirán teniendo acceso a sus canales digitales.
Para la asociación de usuarios, sin embargo, el traslado de operaciones a otras sucursales no resuelve completamente el problema. La AUZ apunta especialmente a las operaciones que requieren efectivo. “Acá hay una dificultad en lo operativo, pero que, además, abre un flanco relevante en materia de seguridad, eficiencia y continuidad del comercio, porque los empresarios, trabajadores y usuarios deberán trasladarse hacia el centro de Iquique para realizar depósitos, giros u otras operaciones con dinero en efectivo, incrementando su exposición a robos y otros delitos”, afirmó el gerente de la AUZ, Darío Blanco.
La preocupación no surgió en las últimas semanas. El 4 de agosto, la asociación ya había planteado al Ministerio de Economía la falta de banca presencial dentro del recinto y había solicitado evaluar la instalación de BancoEstado.
Mecanismos particulares
Detrás del cierre de sucursales aparece un conflicto más amplio por la forma en que se realizan parte de las transacciones internacionales en la zona franca. La AUZ sostiene que las exigencias de debida diligencia y prevención de lavado de activos han terminado restringiendo la recepción de pagos en efectivo, una modalidad que, según el gremio, ha sido utilizada históricamente en operaciones de comercio transfronterizo.
En un documento elaborado por la asociación, plantea que estas exigencias han introducido nuevas condiciones al funcionamiento del régimen franco y dificultado las ventas mayoristas. La asociación propone que las autoridades evalúen mecanismos particulares para Tarapacá, que permitan mantener controles sobre las operaciones, pero considerando las características del comercio internacional que se desarrolla en la Zofri.
Entre las alternativas planteadas por el gremio está que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) evalúen un tratamiento territorial específico y que la trazabilidad de las operaciones mayoristas considere el registro aduanero de la mercadería. El gremio también sostiene que las restricciones actuales tensionan la estabilidad bajo la cual se ha desarrollado el régimen franco, cuya concesión vigente se extiende hasta septiembre de 2030.
Zofri busca alternativas
Consultada por DF Regiones, Zofri S.A. reconoció la importancia que tienen los servicios financieros para las empresas y clientes que operan en el recinto, aunque precisó que la presencia y las condiciones de atención corresponden a decisiones de cada institución bancaria.
La administradora confirmó, además, que ya está realizando gestiones con empresas del sector financiero y otros proveedores de servicios para enfrentar el escenario.
“Ya se han presentado a las asociaciones de usuarios alternativas orientadas a facilitar la gestión y recaudación de efectivo, cuyas condiciones operativas y comerciales continúan siendo evaluadas”, señaló la concesionaria.
La compañía agregó que mantiene conversaciones con otros actores para explorar soluciones que permitan ampliar la disponibilidad de servicios financieros para las empresas del sistema franco. Por ahora, no detalló qué empresas participan de esas conversaciones ni las características de las alternativas bajo evaluación.
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Camila Bejarano corresponsal Zona Norte
