Un sorpresivo desenlace tuvo la tramitación del último tema pendiente del proyecto de ley de reactivación y reconstrucción nacional en el Congreso. Luego de que la comisión mixta y los diputados visaran las compensaciones a los municipios por los menores recursos que derivarían de la exención del pago de contribuciones a la primera vivienda para mayores de 65 años, una rebelión de votos de senadores oficialistas obligó al gobierno a retirar la urgencia de discusión inmediata y postergar la definición para la primera semana de agosto.
Lo que estaba siendo una tramitación en tiempo récord terminó con lo que la oposición insistió en calificar como “bochorno”.
Lo que no esperaba La Moneda era que desde el propio sector cuestionaran la falta de recursos para enfrentar la emergencia climática por los temporales en la zona norte, como Matías Walker (Demócratas), quien exigió un veto aditivo para sumar a Coquimbo al fondo de reconstrucción previsto para Ñuble y Biobío.
A esto se sumó el senador UDI, Gustavo Sanhueza, quien dijo que no votaría por entregar más recursos a municipios que hoy están cuestionados.
Los ministros del Interior, Claudio Alvarado, y de la Segpres, José García Ruminot, tomaron nota y se dieron cuenta de que no estaban los 26 votos requeridos y, ante el peligro de que se rechazara el único tema pendiente, retiraron la urgencia de discusión inmediata.
“Son imprevistos. Hoy fue una sesión que se suspendió y cuando se retome el proceso legislativo el 4 de agosto la situación puede ser distinta”, sostuvo Alvarado.
A continuación, el senador Javier Macaya (UDI), solicitó segunda discusión en la sala, lo que en la práctica implicó suspender el debate y dejar pendiente el punto hasta el retorno de la semana distrital.
Walker explicó que “no estaban garantizados los recursos para Coquimbo, planteamos varios senadores de la región que se presentara un veto aditivo, no hubo respuesta y concordamos postergar la votación hasta que se garanticen los recursos para la Región de Coquimbo y el Huasco”.
El ministro Alvarado enfrentó el complejo escenario: “Son imprevistos. Hoy se suspendió la sesión y, cuando se retome el proceso legislativo, el 4 de agosto la situación puede ser distinta”, en alusión a que espera reunir los 26 votos necesarios.
La presidenta del Partido Socialista, senadora Paulina Vodanovic, señaló que “esto es complejo para el gobierno, que nos tenía citados hasta la noche para votar hoy; y ahora que se da cuenta que no tiene sus propios votos, retira la urgencia; tendremos que ver qué pasa en agosto”.
La discusión en la comisión mixta tampoco había estado exenta de tensiones. En ese espacio, la oposición buscó incluir que el fondo de reconstrucción se extendiera a las regiones de Atacama y Coquimbo, pero el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, señaló que ya hay recursos disponibles para enfrentar la actual emergencia desde la partida del Tesoro Público.
Tampoco prosperó la intención de que la restitución de recursos al FCM fuera redistribuido entre todas las comunas.
Restitución al FCM
La norma aprobada en la comisión mixta para restituir los recursos del FCM a los municipios establece que la Tesorería General de la República distribuirá los recursos destinados a compensar la menor recaudación derivada de la exención del impuesto territorial establecida en la ley miscelánea, de modo que cada municipalidad y el Fondo Común Municipal (FCM) reciban la misma proporción que les habría correspondido sobre la recaudación dejada de percibir, conforme a las reglas vigentes de afectación, distribución y participación de dicho impuesto.
La menor recaudación será estimada cada año por el Servicio de Impuestos Internos (SII), el cual informará a la Dirección de Presupuestos y a la Tesorería General de la República.
La transferencia estará sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos: haber entregado íntegra y oportunamente la información mensual sobre la nómina de todos sus trabajadores y remuneraciones, sin importar su régimen laboral; y acreditar anualmente, al 15 de abril del año respectivo, una reducción de, a lo menos, un 30% en el plazo promedio de tramitación de los permisos municipales, respecto del promedio correspondiente al período entre el año 2023 y 2025.