Dieciséis años han pasado desde el derrumbe en la Mina San José, cerca de Copiapó. El 5 de agosto de 2010, 33 trabajadores quedaron atrapados a 700 metros de profundidad durante 69 días. Fueron rescatados en octubre de 2010 mediante la cápsula Fénix.
Dieciséis años han pasado, y la Minera San Esteban, empresa dueña del yacimiento, sigue en proceso de quiebra. La compañía acumula pasivos por más de $ 21 mil millones.
En 2010, se aprobó un convenio de reorganización, pero el año pasado se decretó su quiebra por incumplimiento del acuerdo. Hoy, los acreedores preparan la venta de los últimos activos que quedan de la minera: pertenencias mineras, sitios eriazos y un vehículo.
El principal activos son las pertenencias mineras. El pasado 21 de julio, en una junta ordinaria de acreedores, el síndico Ricardo Hoffmann presentó un informe técnico realizado por la empresa EGM, proceso que anteriormente había sido visado por la asamblea.
Según explicó en la instancia, el informe contiene estimaciones geológicas relativas al potencial de cobre y oro existente en las pertenencias mineras que integran el activo de la masa concursal.
Luego, la junta analizó la conveniencia de establecer un mecanismo de reconocimiento de comisiones para aquellas personas o entidades que colaboren efectivamente en la búsqueda de potenciales compradores de los activos.
Además, y con el objeto de continuar el análisis y adoptar acuerdos específicos sobre las condiciones de comercialización de los activos y el eventual establecimiento de comisiones por intermediación, los acreedores y el síndico estimaron conveniente realizar una junta extraordinaria de acreedores, instancia en que se definirá el futuro de los mencionados activos.
En una anterior asamblea, en mayo de este año, el síndico informó a los acreedores la necesidad de proceder al pago de las patentes correspondientes a las concesiones mineras que integran el activo de la quiebra, porque su falta de pago podría ocasionar la pérdida, extensión o desvalorización de dichos bienes.
Luego de su exposición, los acreedores aprobaron, por unanimidad, autorizar al síndico para que, con cargo a los fondos disponibles de la quiebra, pague las patentes y demás obligaciones pecuniarias necesarias para mantener la vigencia de las referidas concesiones.
En esta misma cita, los acreedores aprobaron la contratación de la empresa EGM Servicios Geológicos Mineros para que elabore el mencionado informe técnico-comercial, el que tiene como objetivo difundir y ofrecer en el mercado las concesiones mineras, y así maximizar su exposición frente a potenciales interesados.
En octubre del año pasado, al realizar la incautación de los bienes tras la declaración de quiebra de la compañía, el síndico informó el detalle de los activos: más de 30 concesiones mineras repartidas entre Copiapó y Caldera, un Jeep Cherokee 2007 y cuatro sitios eriazos en Copiapó. De estos últimos, ya se vendieron dos en remates, por $ 39 millones y $ 35 millones, quedando todo el resto a disposición de la masa de acreedores.
Las deudas
A fines de agosto de 2010, Alejandro Bohn Berenguer, en representación de la minera que controlaba junto a Marcelo Kemeny, solicitó realizar una junta de acreedores, a fin de que se designe a un experto, el cual luego del estudio de los antecedentes legales, contables, económicos y financieros, determinara la viabilidad de la compañía.
El tribunal designó al ingeniero -y en ese entonces consultor- Jorge Quiroz Castro (actual ministro de Hacienda de la administración Kast) como experto encargado de estructurar el plan de reprogramación de deudas de la minera. En noviembre del mismo 2010, el tribunal visó la intervención del síndico, Loreto Ried, para llevar adelante el convenio de pago propuesto a 10 años de plazo.
Casi un año después, y tras un largo litigio con el Estado, se firmó el acuerdo definitivo con el Consejo de Defensa del Estado (CDE), obligando a la minera a pagar el 25% de los costos totales del rescate. El incumplimiento posterior de este mismo plan gatilló la quiebra forzosa decretada por el tribunal el 25 de julio del año pasado.
Los tres principales acreedores de la fallida empresa son el CDE, con US$ 7 millones y $ 334 millones; Enami ($ 6.274 millones) y Calderaridge ($ 4.536 millones).
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
J. Troncoso Ostornol
{{/if}}
