“El pago oportuno no es un privilegio ni una concesión” es la frase que inicia un comunicado firmado por 13 asociaciones gremiales, respecto a la modernización de la Ley de Pago a 30 días, impulsada por el gobierno actual.
Dicha iniciativa, contemplada en el plan de reactivación y reconstrucción nacional, elimina la posibilidad de plazos excepcionales de pagos de facturas superiores a 30 días, situación que, según los firmantes de la carta, es “una condición básica para las PYME” para que estas puedan “mantener su liquidez, cumplir sus obligaciones, sostener empleos y continuar desarrollando sus actividades”.
Según consignaron los gremios en la misiva -Converpyme C.G., Convergencia Nacional Pymes A.G., Confederación General de Cooperativas de Chile, Confederación de Taxis Colectivos y Transporte Menor de Chile, Asociación de Distribuidoras de Combustibles de Chile, Fetabayco F.G., Unión de Dueños de Farmacias de Chile, Asociación Gremial de Taxis Colectivos de La Florida, Asociación Gremial de Dueñas de Salas Cuna y Jardines Infantiles Particulares, Taxi Colca A.G., Federación de Mujeres Microempresarias de Arica y Parinacota, la Asociación Regional de Pequeños y Medianos Empresarios de Valparaíso, y la Asociación Gremial Inspira Mujer, Coquimbo A.G.-, las excepciones deberían ser “acotadas, debidamente justificadas y fiscalizadas”, evitando que estas puedan convertirse en “una vía para debilitar el principio general del pago a 30 días”, así como para no “normalizar acuerdos entre partes que se encuentren en condiciones profundamente desiguales”.
En esa línea, las PYME hicieron hincapié en que “el Estado asuma una actitud ejemplar”, evitando que “los organismos públicos paguen fuera de plazo”, lo que aseguraron termina en un traspaso a las PYME “de las consecuencias de la burocracia, la falta de gestión o las demoras administrativas”.
Según sostuvieron, junto con fortalecer la fiscalización se debe “establecer sanciones y compensaciones efectivas frente a los incumplimientos”.
Junto a lo anterior, los firmantes hicieron un llamado tanto al gobierno como al Congreso, en busca de “resguardar el espíritu de esta legislación”, junto a “evitar cualquier modificación que signifique un retroceso para las empresas de menor tamaño”.