“Con los alcances expuestos, se ha tomado razón del decreto N° 68, de 2026, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo”. De esta manera, la contralora general, Dorothy Pérez, le dio luz verde al decreto para modificar la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (OGUC), por medio del cual el gobierno busca reducir los precios de los inmuebles y reactivar al sector.
A fines de julio, el Minvu ingresó a la Contraloría el decreto para hacer las modificaciones a la OGUC. La propuesta fue menos ambiciosa de lo que se planteó inicialmente. Pese a esto, a principios de septiembre, la entidad liderada por Iván Poduje retiró el documento que estaba siendo sometido a revisión por la entidad fiscalizadora.
Con esto, se abrieron las especulaciones entre inmobiliarios y alcaldes. Bajo reserva, se hablaba de que el mentado decreto podría enfrentar un largo período de análisis y reformulación.
“El objetivo de esto (retirar el decreto de Contraloría) es mejorar la propuesta, que tenga mayor consenso y que sea más sustentable también para la ciudad, pero genera reglas claras para los privados y esperamos ingresarla la próxima semana”, dijo el secretario de Estado al justificar su decisión.
Luego, el 16 de septiembre, el ministerio reingresó el decreto a Contraloría y, ayer 1 de octubre, la contralora tomó razón del documento.
“… En cuanto a los fundamentos técnicos de la regulación establecida, y respecto de los cuales se han formulado distintas consideraciones en una serie de presentaciones ingresadas a esta sede de control, cumple con hacer presente que si bien se han analizado dichos elementos, tales aspectos constituyen materias cuya apreciación corresponde primariamente a la autoridad sectorial competente, y, además, que la toma de razón del decreto del rubro no puede implicar un pronunciamiento de este órgano de fiscalización acerca del mérito, oportunidad o conveniencia de las decisiones adoptadas por la administración”, dijo Dorothy Pérez en el oficio en que visó el mentado decreto.
El nuevo texto aprobado permite, entre otras materias, una reducción de estacionamientos, una mayor constructibilidad efectiva y un incremento directo de los metros cuadrados construidos, así como un aumento en el número de departamentos dentro del mismo volumen edificado al reducirse el estándar de cálculo demográfico.
El abogado especialista en temas inmobiliarios, Rodrigo Andreucci, dice que ningún proyecto inmobiliario de desarrollo, que cuente con anteproyecto aprobado o con ingreso de permiso de edificación en trámite podrá acogerse a los beneficios del DS 68 toda vez que son extensivos, según se lee en el texto único transitorio, a los permisos de edificación ya aprobados o a los nuevos ingresos.