La audiencia de formalización del caso Sartor continuó con su octava jornada durante este lunes.
En el marco de la discusión por la solicitud de prisión preventiva para cinco investigados, la defensa de Michael Clark expuso sus argumentos contra los delitos imputados por el Ministerio Público. La medida cautelar también fue solicitada para los hermanos Carlos y Pedro Pablo Larraín, Rodrigo Bustamante y Sergio Yáñez.
En su exposición, el abogado del expresidente de Azul Azul, Bernardo Rosenberg, buscó desmarcar a su representado de los hechos desatados al interior de Sartor AGF.
“Michael Clark no es Sartor, no es socio de ninguna de las sociedades del grupo, no tiene ni ha tenido poderes de administración de ninguna clase dentro del grupo, no aprobó operaciones en los años 2023 y 2024, jamás ha adquirido una acción de Azul Azul”, señaló el penalista.
Los períodos
Rosenberg sostuvo que Clark ingresó al directorio en 2020 y se distanció un año después.
En esta línea, detalló que “no participó en el comité de crédito en 2023 y 2024; no existe ninguna acta de aprobación en todo el expediente de más de 80.000 documentos en que pueda tener participación en los períodos de 2023 y 2024, que afecta principalmente a la víctima Credicorp Capital”.
Respecto de los años previos, 2016 y 2017, referida al fraude interno que afectó a ECapital, sostuvo que “el núcleo de Sartor ocultó esta situación (del resto, incluido Clark) en 2018 y así lo han manifestado los intervinientes”.
El núcleo, aclaró, estaría compuesto por los socios de Sartor, “conformado principalmente por Pedro Pablo Larraín, Alfredo Harz y Óscar Ebel”, precisó.
Además, apuntó que su representado “fue director y contó con auditorías y asesorías internas de Juan Pablo Carreño, quien estuvo ocho años en la empresa, y auditorías externas de primera calidad, como Deloitte, KPMG y Grant Thornton, y con supervisión permanente, durante todos esos años, de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el regulador”.
“Ni provisiones, ni riesgos, ni legal, ni compliance, nunca nadie dijo nada”, argumentó, invocando el derecho de legítima confianza.
“Fue invitado a una institución que aparentaba funcionar, que era auditada, regulada y que ocultó información que habría permitido (a Clark) tener otra conducta”, añadió.
Sobre la omisión de OPA del FIP, la defensa argumentó que “no puede equipararse jurídicamente la compra de cuotas del fondo con la de las acciones subyacentes”.
Bono Nexus
La también defensora de Clark, Karen Clark, se hizo cargo de la operación de cupones de un bono de Nexus Chile Health. La Fiscalía sostuvo que un financiamiento a Redwood Capital del 28 de septiembre de 2023, que habría sido destinado a comprar el título y que, según el organismo, generó beneficios al imputado.
La abogada explicó que la operación se originó luego de que, a raíz del deterioro en su clasificación tras la pandemia, uno de los principales tenedores, fondos de Banchile, no podía mantener el bono en cartera. Ante ello, Nexus mandató el 11 de septiembre de 2023 a Clark y Redwood Capital “para que adquiera en bolsa los cupones emitidos” en su nombre. La única remuneración de Redwood por la operación, añadió, fue de UF 1.000 más un variable.
El financiamiento llegó el 28 de septiembre. Finalmente, pese a que el Ministerio Público sostuvo que la venta del bono a un fondo de Sartor se realizó a los pocos días, Karen Clark aseguró que se realizó “en un año y nueve días” y a pedido de la propia Nexus, la que también estableció el precio.
El bono se vendió a un fondo de Sartor por poco más de $ 1.250 millones, diferencia que habría sido pagada a Nexus. Además, apuntó a que Redwood Capital se financió a una tasa superior al promedio.
Arista Azul Azul
Finalmente, la defensa abordó los delitos imputados a la participación de Clark como inversionista del fondo privado (FIP) “Tactical Sport”, que posee el 63% de las acciones de Azul Azul, concesionaria del club Universidad de Chile.
Respecto del fraude por omisión de Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA), investigado a raíz de su fallida compra del 90% del FIP, Rosenberg argumentó que “la obligación penal de efectuar una OPA se refiere a la adquisición de acciones y que no puede equipararse jurídicamente la compra de cuotas del fondo con la compra de las acciones subyacentes”.
También, el abogado se refirió al delito de lavado de activos, en que la Fiscalía investiga las remuneraciones recibidas por Clark como presidente de Azul Azul, luego de una compra que, según el organismo, se realizó con recursos originados en los ilícitos en la administración de los fondos de Sartor AGF.
De acuerdo con el defensor, el imputado no tenía conocimiento ni formó parte de los ilícitos. “Todas las acciones que se ejecutaron a partir de 2018 y 2024 (...) siempre estuvieron conocimiento del mismo grupo reducido de personas, siendo ignorado por el resto de quienes no participamos en ese grupo”, apuntó.
De esta manera, Rosenberg afirmó que, para la imputación de Fiscalía, “el conocimiento posterior no puede ser construido retroactivamente a partir de los antecedentes”.