La discusión sobre el futuro del empleo público ya está instalada. El gobierno puso en marcha una comisión para revisar el Estatuto Administrativo y avanzar hacia una modernización del sistema, mientras en paralelo abrió un debate sobre la arquitectura del Estado y la cantidad de ministerios.
La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) mira con atención ambos procesos. Su presidente, José Pérez, sostiene que existe espacio para una reforma profunda y reconoce que el actual modelo requiere cambios. Pero fija una condición: que los funcionarios y sus organizaciones participen directamente en la discusión.
- ¿Comparten el diagnóstico de que existen problemas importantes en el actual modelo de empleo público?
- Efectivamente hay un diagnóstico hace bastante tiempo que es nítido, en relación a que este modelo de empleo no resiste más, porque es muy antiguo el régimen que tenemos como funcionarios públicos. El Estatuto Administrativo es de los años 40 y se modificó en los términos de la dictadura. Pero no conversa con lo que hoy día nos demanda la ciudadanía y eso para nosotros es clave.
Entendemos que tenemos, además, un mandato constitucional, porque no somos trabajadores y trabajadoras de la empresa privada, somos trabajadores y trabajadoras del Estado de Chile. Y teniendo esa concepción, rescatamos que efectivamente del diagnóstico también pasemos a la acción.
Lo que sí nos interesa relevar, y creo que ahí nobleza obliga, es que el Presidente de la República mencionó una frase que nosotros siempre acuñamos: que esto tiene que realizarse con la participación de las y los funcionarios públicos y sus estructuras sindicales.
- ¿Dónde radica hoy uno de los principales problemas del Estatuto Administrativo?
- Nosotros creemos que los contratos temporales nos dejan en una condición de inestabilidad. Por lo tanto, eso ratifica que no es cierto que sea un empleo rígido.
Están las personas que boletean, honorarios, son nuestros pares, cumplen horario, marcan horario y tienen jefe, hay subordinación.
También están los contrata que, en nuestro caso, en la Administración Central del Estado, el 70% son empleos que se van renovando anualmente; es decir, duran del 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Y en noviembre están las alertas para todo el mundo: “¿Tendré pega el próximo año?”. Depende del gobierno, depende de la autoridad de turno.
Cuando tú tienes un empleo contractual temporal, eso te da inestabilidad desde un punto de vista mental, físico y también de vida humana, porque uno no se puede proyectar. Entonces, cómo conversa la estabilidad laboral con un buen empleo público, con la provisión de servicios. Eso es central.
- También han cuestionado el peso de los cargos políticos y el funcionamiento de la Alta Dirección Pública. ¿Qué cambiaría ahí?
- Cuando llega un gobierno tiene para nombrar a dedo, y eso es parte de la democracia, uno lo respeta, pero son más de 10 mil cargos, entre ministros, subsecretarios, seremis, delegados, asesores.
Y lo otro es el sistema de Alta Dirección Pública, que conocemos bien, porque surge de una negociación con el gobierno el año 2003. El Servicio Civil tiene poca dentadura, poca musculatura, y lo que hacen todos los gobiernos -incluso este- es poner término anticipado a los altos directivos públicos que vienen de la administración anterior, y muchos que llegaron por ADP.
“Ahora tenemos que colocar a los nuestros”. Eso es debilitar el rol del Estado y la función pública. Es usarlo como botín político, y eso le hace daño.
Entonces eso podría ser una tarea inmediata para abordarlo: los nombramientos políticos de los gobiernos de turno y los sistemas de ADP para ordenar la casa.
- ¿Sería una buena idea evaluar que los cargos nombrados por ADP no se puedan modificar en una determinada cantidad de tiempo?
- Esa es la contradicción en nuestro país, que particularmente se desconoce cuándo alguien queda electo por sistema de Alta Dirección Pública, que suscribe un convenio de desempeño. Es decir, se compromete para ser líder de un servicio y firma, se compromete a mantener ese estándar, y es la autoridad de turno quien no respeta eso.
- Otro de los cuestionamientos apunta al desempeño. ¿Le parece razonable el actual sistema de evaluación?
- Si uno mira el Estatuto Administrativo, en ninguna parte de ese estatuto antiguo se señala un sistema de evaluación de desempeño. Ese es el primer tema de alerta. Por lo tanto, no podemos decir: “Tenemos un sistema de evaluación de desempeño”. Sin embargo, como ANEF, nosotros avanzamos en madurar también que cada repartición pública pueda avanzar el reglamento especial de calificación y eso corresponde.
Sin embargo, ahí deberíamos dar un salto. Nosotros entendemos que puede haber un comité de evaluación de desempeño, que es mucho más moderno como concepto. En algunos lugares lo hemos instalado, obviamente con acuerdo de las partes. Esto debe ser claro, sin espacio a arbitrariedades.
- Si tuviera que resumir los pilares con los que la ANEF quiere llevar a la discusión sobre empleo público, ¿cuáles serían?
- Uno, tenemos una mirada al empleo público que conversa con trabajo decente. Tenemos una mirada de certeza laboral y eso implica todo un diseño, un mecanismo, un subsistema que hoy día conocemos por experiencia comparada en el mundo.
Segundo, ser capaces de mirar y relevar la función pública. El Estado no puede ser cooptado por un gobierno de turno, y eso tiene relación con lo tercero, que es la probidad y el combate a la corrupción, porque una persona que no tiene certeza laboral y ve que una autoridad está haciendo mal uso del cargo, utilizando tráfico de influencia o recibiendo dinero, a veces le cuesta denunciar.
Y cuarto, todo proceso debe tener la participación directa de quienes somos trabajadores y trabajadoras.
- El gobierno también abrió una discusión sobre la arquitectura del Estado y eventuales fusiones de ministerios o servicios. ¿Están disponibles para reconocer que puede haber duplicidades?
- Nosotros, a priori, no. Insisto, somos dialogantes por esencia. De hecho, tenemos una mesa sectorial con este gobierno.
En relación a si hay que fusionar o no, bueno, primero veamos la evidencia. ¿Cuáles son los datos duros? Esto tiene que estar fundamentado en evidencias concretas, no en caprichos subjetivos o políticos del gobierno de turno.
- Se acerca, además, la negociación por el reajuste del sector público. ¿Cómo enfrentan esa discusión en un escenario de restricciones fiscales?
- Primero, uno de los pilares es cómo abordamos el Presupuesto 2027, que va a entrar a tramitación. Tenemos que anticiparnos, porque si hay menos presupuesto implica menos personal, menos derechos sociales.
Y lo otro es el reajuste. Es el único lugar y espacio que tenemos para recuperar nuestro poder adquisitivo, ni siquiera aumentar nuestro salario. Y también hay que desmitificar eso.
Hay que prepararse. Esperamos que el gobierno respete este diálogo en el marco de la negociación, porque el presupuesto no es solo para nuestro salario. Insisto: no es para nuestro privilegio, es para los derechos sociales de la ciudadanía.
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Carolina León
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